Las gestiones realizadas por el titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, ante su colega boliviano, el Fiscal General Mario Uribe, para traer de vuelta al país un número determinado de vehículos ya tiene fecha definida.
De esta manera en abril, unos 600 vehículos robados en Chile e incautados en Bolivia serán devueltos a sus dueños gracias a las gestiones de la Fiscalía de Chile con su equivalente boliviano y el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.
Así se desprende de un oficio enviado por la Cancillería boliviana a Chile, informando que “el gobierno boliviano procederá en un máximo de 45 días a la entrega”.
El oficio, ya en poder de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (UCIEX), establece que los países requirentes –Chile, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay- deberán enviar en un formulario único de la cancillería boliviana, el listado del total de vehículos reclamados, lo que será canalizado desde las primeras semanas de marzo “a través de los distintos consulados”, señala el documento.
En el procedimiento participará el Ejército boliviano con el objetivo de “evitar bloqueos y otros problemas derivados del costo social que la entrega supone”, indica el texto.
El documento boliviano también destaca que los convenios invocados en esta masiva devolución fueron los que presentó Sabas Chahuán desde el inicio de esta operación de regreso de vehículos.
Entre estos se encuentra la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrita el 23 de mayo del 1992 y de la cual son parte todos los países involucrados.
Las gestiones realizadas por el titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, ante su colega boliviano, el Fiscal General Mario Uribe, para traer de vuelta al país un número determinado de vehículos ya tiene fecha definida.
De esta manera en abril, unos 600 vehículos robados en Chile e incautados en Bolivia serán devueltos a sus dueños gracias a las gestiones de la Fiscalía de Chile con su equivalente boliviano y el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.
Así se desprende de un oficio enviado por la Cancillería boliviana a Chile, informando que “el gobierno boliviano procederá en un máximo de 45 días a la entrega”.
El oficio, ya en poder de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (UCIEX), establece que los países requirentes –Chile, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay- deberán enviar en un formulario único de la cancillería boliviana, el listado del total de vehículos reclamados, lo que será canalizado desde las primeras semanas de marzo “a través de los distintos consulados”, señala el documento.
En el procedimiento participará el Ejército boliviano con el objetivo de “evitar bloqueos y otros problemas derivados del costo social que la entrega supone”, indica el texto.
El documento boliviano también destaca que los convenios invocados en esta masiva devolución fueron los que presentó Sabas Chahuán desde el inicio de esta operación de regreso de vehículos.
Entre estos se encuentra la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrita el 23 de mayo del 1992 y de la cual son parte todos los países involucrados.
Las gestiones realizadas por el titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, ante su colega boliviano, el Fiscal General Mario Uribe, para traer de vuelta al país un número determinado de vehículos ya tiene fecha definida.
De esta manera en abril, unos 600 vehículos robados en Chile e incautados en Bolivia serán devueltos a sus dueños gracias a las gestiones de la Fiscalía de Chile con su equivalente boliviano y el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.
Así se desprende de un oficio enviado por la Cancillería boliviana a Chile, informando que “el gobierno boliviano procederá en un máximo de 45 días a la entrega”.
El oficio, ya en poder de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (UCIEX), establece que los países requirentes –Chile, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay- deberán enviar en un formulario único de la cancillería boliviana, el listado del total de vehículos reclamados, lo que será canalizado desde las primeras semanas de marzo “a través de los distintos consulados”, señala el documento.
En el procedimiento participará el Ejército boliviano con el objetivo de “evitar bloqueos y otros problemas derivados del costo social que la entrega supone”, indica el texto.
El documento boliviano también destaca que los convenios invocados en esta masiva devolución fueron los que presentó Sabas Chahuán desde el inicio de esta operación de regreso de vehículos.
Entre estos se encuentra la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrita el 23 de mayo del 1992 y de la cual son parte todos los países involucrados.
