Los enfrentamientos entre mineros ilegales y las fuerzas del orden provocaron el miércoles al menos tres muertos y 55 heridos en la región de Madre de Dios, en el sudeste de Perú.
“Los actos de violencia ya han provocado la muerte de tres personas y han dejado 55 heridos: 38 civiles y 17 policías”, señala un comunicado oficial del Gobierno difundido la noche del miércoles.
Según el presidente de la región de Madre de Dios, Luis Aguirre Pastor, dos de los heridos presentaban heridas de balas, mientras que un policía perdió en el ojo en los desmanes en la ciudad capital de Puerto Maldonado, fronteriza con Brasil y Bolivia.
El Gobierno acusa a los mineros ilegales de haber hecho uso de “armas de fuego, explosivos y otros materiales”.
Unas 60 personas fueron detenidas por protagonizar desmanes. Según el documento, los mineros ilegales bloquearon carreteras, atentaron contra sedes privadas y estatales, al tiempo que atacaron un mercado e intentaron tomar el aeropuerto.
Las autoridades urgieron a los manifestantes a “que muestren responsabilidad y se pongan de inmediato en contacto con las autoridades para reiniciar el diálogo interrumpido hace dos días”.
Sin embargo, Luis Aguirre Pastor advirtió que más de 10.000 mineros se dicen dispuestos a continuar este jueves con las protestas.
“La situación se ha desbordado y las consecuencias pueden ser fatales porque el gobierno no quiere instalar una mesa de diálogo”, sostuvo el presidente de la Federación Minera Artesanal de esa región (Fenamad), Luis Otzuka.
Los mineros informales rechazan el decreto dictado por el Gobierno que ilegaliza su actividad, previendo penas de 12 años de cárcel para quienes dañen el medio ambiente.
El Gobierno pretende poner fin a la utilización del mercurio para buscar oro y otras técnicas de explotación antiecológicas en reservas naturales, al tiempo que acusa a la minería ilegal de promover la trata de personas, la prostitución infantil y otras actividades ilegales.
Para los mineros, unos 20.000 según Fenamad, se trata de “criminalizar” su trabajo artesanal.
Los enfrentamientos entre mineros ilegales y las fuerzas del orden provocaron el miércoles al menos tres muertos y 55 heridos en la región de Madre de Dios, en el sudeste de Perú.
“Los actos de violencia ya han provocado la muerte de tres personas y han dejado 55 heridos: 38 civiles y 17 policías”, señala un comunicado oficial del Gobierno difundido la noche del miércoles.
Según el presidente de la región de Madre de Dios, Luis Aguirre Pastor, dos de los heridos presentaban heridas de balas, mientras que un policía perdió en el ojo en los desmanes en la ciudad capital de Puerto Maldonado, fronteriza con Brasil y Bolivia.
El Gobierno acusa a los mineros ilegales de haber hecho uso de “armas de fuego, explosivos y otros materiales”.
Unas 60 personas fueron detenidas por protagonizar desmanes. Según el documento, los mineros ilegales bloquearon carreteras, atentaron contra sedes privadas y estatales, al tiempo que atacaron un mercado e intentaron tomar el aeropuerto.
Las autoridades urgieron a los manifestantes a “que muestren responsabilidad y se pongan de inmediato en contacto con las autoridades para reiniciar el diálogo interrumpido hace dos días”.
Sin embargo, Luis Aguirre Pastor advirtió que más de 10.000 mineros se dicen dispuestos a continuar este jueves con las protestas.
“La situación se ha desbordado y las consecuencias pueden ser fatales porque el gobierno no quiere instalar una mesa de diálogo”, sostuvo el presidente de la Federación Minera Artesanal de esa región (Fenamad), Luis Otzuka.
Los mineros informales rechazan el decreto dictado por el Gobierno que ilegaliza su actividad, previendo penas de 12 años de cárcel para quienes dañen el medio ambiente.
El Gobierno pretende poner fin a la utilización del mercurio para buscar oro y otras técnicas de explotación antiecológicas en reservas naturales, al tiempo que acusa a la minería ilegal de promover la trata de personas, la prostitución infantil y otras actividades ilegales.
Para los mineros, unos 20.000 según Fenamad, se trata de “criminalizar” su trabajo artesanal.
Los enfrentamientos entre mineros ilegales y las fuerzas del orden provocaron el miércoles al menos tres muertos y 55 heridos en la región de Madre de Dios, en el sudeste de Perú.
“Los actos de violencia ya han provocado la muerte de tres personas y han dejado 55 heridos: 38 civiles y 17 policías”, señala un comunicado oficial del Gobierno difundido la noche del miércoles.
Según el presidente de la región de Madre de Dios, Luis Aguirre Pastor, dos de los heridos presentaban heridas de balas, mientras que un policía perdió en el ojo en los desmanes en la ciudad capital de Puerto Maldonado, fronteriza con Brasil y Bolivia.
El Gobierno acusa a los mineros ilegales de haber hecho uso de “armas de fuego, explosivos y otros materiales”.
Unas 60 personas fueron detenidas por protagonizar desmanes. Según el documento, los mineros ilegales bloquearon carreteras, atentaron contra sedes privadas y estatales, al tiempo que atacaron un mercado e intentaron tomar el aeropuerto.
Las autoridades urgieron a los manifestantes a “que muestren responsabilidad y se pongan de inmediato en contacto con las autoridades para reiniciar el diálogo interrumpido hace dos días”.
Sin embargo, Luis Aguirre Pastor advirtió que más de 10.000 mineros se dicen dispuestos a continuar este jueves con las protestas.
“La situación se ha desbordado y las consecuencias pueden ser fatales porque el gobierno no quiere instalar una mesa de diálogo”, sostuvo el presidente de la Federación Minera Artesanal de esa región (Fenamad), Luis Otzuka.
Los mineros informales rechazan el decreto dictado por el Gobierno que ilegaliza su actividad, previendo penas de 12 años de cárcel para quienes dañen el medio ambiente.
El Gobierno pretende poner fin a la utilización del mercurio para buscar oro y otras técnicas de explotación antiecológicas en reservas naturales, al tiempo que acusa a la minería ilegal de promover la trata de personas, la prostitución infantil y otras actividades ilegales.
Para los mineros, unos 20.000 según Fenamad, se trata de “criminalizar” su trabajo artesanal.
