Mientras los medios de comunicación, cuando logran zafarse de los poderes que los atenazan, van develando caso a caso las aberraciones ocurridas con las farmacias, los pollos o los proyectos energéticos contaminantes, un fenómeno mucho más general ha terminado imponiéndose: la concentración de casi todos los mercados en muy pocas manos.

Esta situación, si bien surge con la Dictadura, se fue consolidando durante los gobiernos de la Concertación, momento en se fueron produciendo una oleada de fusiones y adquisiciones en sectores sensibles para los consumidores, como el sistema financiero, las telecomunicaciones y el retail, las que contaron con la venia de los gobiernos socialistas y demócrata cristianos.

Un caso emblemático es el de las farmacias, donde en el período de la Concertación desaparecieron más de 1.500 operadores. A principios de la década del 90 existían cerca de 2.000 farmacias independientes y hoy quedan menos de 500, la mayoría de ellas en serias complicaciones financieras. Así es que actualmente es muy difícil recorrer la ciudad y encontrar una farmacia distinta a las tres que hace un par de años se coludieron.

Otro caso especialmente sensible es el de los medios de comunicación masivos en que, junto con consolidarse el duopolio Copesa-El Mercurio, se ha producido una rápida y preocupante concentración del espectro radial. Esto ha producido severos efectos sobre la libertad de expresión, entre los cuales, según un trabajo de Osvaldo Sunkel y Esteban Goeffroy, puede contarse la subordinación de los medios a los grupos económicos, el debilitamiento de la cultura profesional de los periodistas y la cerrazón de los medios a ser canales de expresión de la ciudadanía.

Esta alta concentración de los mercados le ha dado poder a unos pocos operadores, en primer lugar, en contra de los consumidores y permite que en productos básicos como los medicamentos o los alimentos los chilenos terminen pagando más que lo que corresponde. Pero si a esto se suma un Estado impotente, podemos encontrarnos con una situación mucho más grave: que las empresas terminen definiendo las políticas públicas.

Esta captura es un síntoma de graves asimetrías de poder y la experiencia nos señala que se da más frecuentemente en las democracias débiles o poco desarrolladas. No es casual que los países escandinavos y otros de Europa, a pesar de su riqueza, no tengan presencia en los primeros lugares del ránking de millonarios de Forbes, como sí lo tienen países del antes llamado Tercer Mundo, entre ellos Chile.

Respecto a nuestro país, resulta ejemplar lo que sucede en el ámbito de la energía. En esta área choca el anuncio del Gobierno de desarrollar una Estrategia Nacional con las pocas herramientas que tiene. O, dicho de otra manera, con la evidencia de que el Estado no da el ancho para proponerse un objetivo de esa envergadura.

La propuesta del Gobierno supuestamente define un camino para los próximos 20 años. Y pretende hacerlo en un mercado donde, en el ámbito de la generación, Endesa, Colbún y Gener controlan el 83% del mercado.

¿Cuánto pesa el anuncio? Podemos responder a la pregunta constatando que en los últimos días ocurrieron hechos mucho más relevantes para el futuro del sector. Primero, un fallo de la justicia que paralizó el proyecto de la Central Castilla. Y segundo, la perpetuación en la Patagonia de un alzamiento social en la misma zona donde se prospecta Hidroaysén, una iniciativa que ha movilizado miles de voluntades en contra, en Chile y el extranjero, por sus efectos ambientales y sociales.

Todo esto ocurre en el mundo real, al margen y sin afectarse por el anuncio de una Estrategia Nacional de Energía, porque la propuesta no modifica las condiciones estructurales que definen una situación insólita: las decisiones energéticas en Chile no las toma la autoridad, sino las tres empresas que controlan el mercado.

Así ha sido antes y, al parecer, así seguirá siendo.

Por otro lado, para quienes se oponen a estas iniciativas el camino no es recurrir al Gobierno o a las instancias del Ejecutivo, sino a los Tribunales de Justicia, como ha sucedido en los casos de Castilla de Hidroaysén. Es ahí donde se están tomando decisiones mucho más relevantes y fundadas que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Como podemos ver, de la promesa de una economía de mercado, incluso a veces maquillada con el adjetivo “social”, estamos avanzando hacia una economía de oligopolios o monopolios.

El poder social acumulado por estos pequeños grupos presenta dificultades para que Chile tenga una genuina estrategia de desarrollo, más aún cuando la promesa del chorreo tampoco funciona. Y explica por qué, muchas veces, el futuro del país depende mucho más de un grupo de inversionistas que de nuestras autoridades políticas.