A las 13 horas de este lunes vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
El pasado lunes, el Gobierno presentó sus indicaciones a la iniciativa, que busca acabar con la práctica de empresas que trabajan con distintas razones sociales o multirut, impidiendo así que los trabajadores puedan agruparse en un solo sindicato o negociar en forma colectiva.
Las indicaciones del ministerio del Trabajo, sin embargo, cambian el concepto de empleador en lugar del de empresa y establecen que la justicia laboral decida las diferencias consultando antes a un comité de expertos.
De este modo, el Gobierno omitió uno de los puntos que habían acordado la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la CUT, que señalaba que cuando dos o más empresas se consideren como una sola, los empleados puedan tener un sindicato único y negociar colectivamente.
El especialista del Instituto de Estudios Laborales, Roberto Morales, explicó que, aunque es una distinción fina, el cambio de empleador en lugar de empresa puede tener consecuencias para los trabajadores: “Si económicamente hay un dueño que tiene un porcentaje importante, que es controlador. Si además las actividades son complementarias y tiene una sola gestión laboral, esa pasa a ser inmediatamente una empresa, independiente de que tengas varios empleadores. Es una cuestión muy fina, pero puede tener una implicancia relevante si es que lo que quieres solucionar es cómo los trabajadores y sus organizaciones se relacionan con una sola organización económica llamada empresa, más allá de quien dependan en términos de subordinación, del punto de vista del empleador”, indicó.
El senador socialista Pedro Muñoz sí incluyo el tema de los sindicatos en las indicaciones que hizo al proyecto, las que serán discutidas desde este miércoles en la comisión de Trabajo, donde ya se anticipa un debate tenso.
La presidenta de la instancia, la senadora Ximena Rincón, se mostró en desacuerdo con la indicación de Pedro Muñoz y añadió que las modificaciones al proyecto pueden tener otros efectos perjudiciales, como por ejemplo, para la contratación de mujeres: “Espero que podamos discutir este tema en la comisión y escuchar qué piensan los sindicatos. La indicación está presentada así que vamos a poder conversar sobre ella y otras más. Estas adecuaciones, tanto las que han consensuado los gremios como la nuestra, vamos a afectar la contratación de las mujeres porque al considerar como una sola empresa estos múltiples ruts, se va a sobrepasar en muchos casos el número de 20 trabajadoras. Con ello, se obliga a tener sala cuna -lo que nos parece muy bien, por cierto- pero esto se va a traducir inevitablemente en que las empresas no contraten mujeres”, señaló.
El panel de expertos propuesto por el Ejecutivo es otro de los temas que genera controversias en el Parlamento. Según algunos congresistas, la instancia quita poder a otras entidades que resuelven conflictos laborales, como tribunales o la Dirección del Trabajo.
El diputado Osvaldo Andrade adelantó que si la iniciativa es modificada y vuelve a la Cámara de Diputados, rechazará las propuestas del Gobierno: “El Ejecutivo plantea una figura sobre la base de economistas, gente vinculada con las empresas. Me parece que el panel de expertos es un error, más aun el que propone el Ejecutivo, porque son fundamentalmente personas vinculadas al empresariado. Lo que hay detrás es una cosa muy concreta: hacer toda una faramalla para que la cosa siga igual, sigan todos los abusos habidos y por haber sobre la base de esta proliferación de ruts que lo único que ha significado es restringir o eliminar derechos de los trabajadores. A lo que apunta es a que las cosas sigan igual”, dijo.
El proyecto ingresó al Parlamento en septiembre de 2006 y fue aprobado en general por la sala del Senado en octubre del año pasado. Se espera que la comisión de Trabajo comience a discutir las indicaciones esta semana para que, según dijeron algunos parlamentarios, esté listo antes del 1 de mayo.
A las 13 horas de este lunes vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
El pasado lunes, el Gobierno presentó sus indicaciones a la iniciativa, que busca acabar con la práctica de empresas que trabajan con distintas razones sociales o multirut, impidiendo así que los trabajadores puedan agruparse en un solo sindicato o negociar en forma colectiva.
Las indicaciones del ministerio del Trabajo, sin embargo, cambian el concepto de empleador en lugar del de empresa y establecen que la justicia laboral decida las diferencias consultando antes a un comité de expertos.
De este modo, el Gobierno omitió uno de los puntos que habían acordado la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la CUT, que señalaba que cuando dos o más empresas se consideren como una sola, los empleados puedan tener un sindicato único y negociar colectivamente.
El especialista del Instituto de Estudios Laborales, Roberto Morales, explicó que, aunque es una distinción fina, el cambio de empleador en lugar de empresa puede tener consecuencias para los trabajadores: “Si económicamente hay un dueño que tiene un porcentaje importante, que es controlador. Si además las actividades son complementarias y tiene una sola gestión laboral, esa pasa a ser inmediatamente una empresa, independiente de que tengas varios empleadores. Es una cuestión muy fina, pero puede tener una implicancia relevante si es que lo que quieres solucionar es cómo los trabajadores y sus organizaciones se relacionan con una sola organización económica llamada empresa, más allá de quien dependan en términos de subordinación, del punto de vista del empleador”, indicó.
El senador socialista Pedro Muñoz sí incluyo el tema de los sindicatos en las indicaciones que hizo al proyecto, las que serán discutidas desde este miércoles en la comisión de Trabajo, donde ya se anticipa un debate tenso.
La presidenta de la instancia, la senadora Ximena Rincón, se mostró en desacuerdo con la indicación de Pedro Muñoz y añadió que las modificaciones al proyecto pueden tener otros efectos perjudiciales, como por ejemplo, para la contratación de mujeres: “Espero que podamos discutir este tema en la comisión y escuchar qué piensan los sindicatos. La indicación está presentada así que vamos a poder conversar sobre ella y otras más. Estas adecuaciones, tanto las que han consensuado los gremios como la nuestra, vamos a afectar la contratación de las mujeres porque al considerar como una sola empresa estos múltiples ruts, se va a sobrepasar en muchos casos el número de 20 trabajadoras. Con ello, se obliga a tener sala cuna -lo que nos parece muy bien, por cierto- pero esto se va a traducir inevitablemente en que las empresas no contraten mujeres”, señaló.
El panel de expertos propuesto por el Ejecutivo es otro de los temas que genera controversias en el Parlamento. Según algunos congresistas, la instancia quita poder a otras entidades que resuelven conflictos laborales, como tribunales o la Dirección del Trabajo.
El diputado Osvaldo Andrade adelantó que si la iniciativa es modificada y vuelve a la Cámara de Diputados, rechazará las propuestas del Gobierno: “El Ejecutivo plantea una figura sobre la base de economistas, gente vinculada con las empresas. Me parece que el panel de expertos es un error, más aun el que propone el Ejecutivo, porque son fundamentalmente personas vinculadas al empresariado. Lo que hay detrás es una cosa muy concreta: hacer toda una faramalla para que la cosa siga igual, sigan todos los abusos habidos y por haber sobre la base de esta proliferación de ruts que lo único que ha significado es restringir o eliminar derechos de los trabajadores. A lo que apunta es a que las cosas sigan igual”, dijo.
El proyecto ingresó al Parlamento en septiembre de 2006 y fue aprobado en general por la sala del Senado en octubre del año pasado. Se espera que la comisión de Trabajo comience a discutir las indicaciones esta semana para que, según dijeron algunos parlamentarios, esté listo antes del 1 de mayo.
A las 13 horas de este lunes vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
El pasado lunes, el Gobierno presentó sus indicaciones a la iniciativa, que busca acabar con la práctica de empresas que trabajan con distintas razones sociales o multirut, impidiendo así que los trabajadores puedan agruparse en un solo sindicato o negociar en forma colectiva.
Las indicaciones del ministerio del Trabajo, sin embargo, cambian el concepto de empleador en lugar del de empresa y establecen que la justicia laboral decida las diferencias consultando antes a un comité de expertos.
De este modo, el Gobierno omitió uno de los puntos que habían acordado la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la CUT, que señalaba que cuando dos o más empresas se consideren como una sola, los empleados puedan tener un sindicato único y negociar colectivamente.
El especialista del Instituto de Estudios Laborales, Roberto Morales, explicó que, aunque es una distinción fina, el cambio de empleador en lugar de empresa puede tener consecuencias para los trabajadores: “Si económicamente hay un dueño que tiene un porcentaje importante, que es controlador. Si además las actividades son complementarias y tiene una sola gestión laboral, esa pasa a ser inmediatamente una empresa, independiente de que tengas varios empleadores. Es una cuestión muy fina, pero puede tener una implicancia relevante si es que lo que quieres solucionar es cómo los trabajadores y sus organizaciones se relacionan con una sola organización económica llamada empresa, más allá de quien dependan en términos de subordinación, del punto de vista del empleador”, indicó.
El senador socialista Pedro Muñoz sí incluyo el tema de los sindicatos en las indicaciones que hizo al proyecto, las que serán discutidas desde este miércoles en la comisión de Trabajo, donde ya se anticipa un debate tenso.
La presidenta de la instancia, la senadora Ximena Rincón, se mostró en desacuerdo con la indicación de Pedro Muñoz y añadió que las modificaciones al proyecto pueden tener otros efectos perjudiciales, como por ejemplo, para la contratación de mujeres: “Espero que podamos discutir este tema en la comisión y escuchar qué piensan los sindicatos. La indicación está presentada así que vamos a poder conversar sobre ella y otras más. Estas adecuaciones, tanto las que han consensuado los gremios como la nuestra, vamos a afectar la contratación de las mujeres porque al considerar como una sola empresa estos múltiples ruts, se va a sobrepasar en muchos casos el número de 20 trabajadoras. Con ello, se obliga a tener sala cuna -lo que nos parece muy bien, por cierto- pero esto se va a traducir inevitablemente en que las empresas no contraten mujeres”, señaló.
El panel de expertos propuesto por el Ejecutivo es otro de los temas que genera controversias en el Parlamento. Según algunos congresistas, la instancia quita poder a otras entidades que resuelven conflictos laborales, como tribunales o la Dirección del Trabajo.
El diputado Osvaldo Andrade adelantó que si la iniciativa es modificada y vuelve a la Cámara de Diputados, rechazará las propuestas del Gobierno: “El Ejecutivo plantea una figura sobre la base de economistas, gente vinculada con las empresas. Me parece que el panel de expertos es un error, más aun el que propone el Ejecutivo, porque son fundamentalmente personas vinculadas al empresariado. Lo que hay detrás es una cosa muy concreta: hacer toda una faramalla para que la cosa siga igual, sigan todos los abusos habidos y por haber sobre la base de esta proliferación de ruts que lo único que ha significado es restringir o eliminar derechos de los trabajadores. A lo que apunta es a que las cosas sigan igual”, dijo.
El proyecto ingresó al Parlamento en septiembre de 2006 y fue aprobado en general por la sala del Senado en octubre del año pasado. Se espera que la comisión de Trabajo comience a discutir las indicaciones esta semana para que, según dijeron algunos parlamentarios, esté listo antes del 1 de mayo.
