Corte Interamericana falla a favor de Karen Atala
El dictamen del tribunal obliga al Estado chileno a reparar económicamente y a través de distintas acciones a la jueza, por el caso en que la Corte Suprema le quitó la tuición de sus hijas por su orientación sexual.
Miércoles 21 de marzo 2012 8:42 hrs.
La Corte Interamericana consideró que el Estado de Chile vulneró variados principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con el fallo de la Corte Suprema que le quitó sus hijas a la jueza Karen Atala, como el derecho a la vida privada, a la honra, la dignidad y la familia y el derecho de los niños a ser oídos.
Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas, según establece el artículo 1.1 de la Convención. En consecuencia, “ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, añadió la sentencia.
La Corte ordenó al Estado de Chile cancelar a la jueza 60 mil dólares por el daño causado, además de brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas que así lo soliciten a modo de reparación por daño inmaterial en este caso.
El fallo también obliga al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, además de continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos y a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) señaló que esta sentencia es “justa e histórica para los derechos humanos de las diversidad sexual, y en especial para los derechos de las familias homoparentales de todo el mundo”.
La Corte Interamericana consideró que el Estado de Chile vulneró variados principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con el fallo de la Corte Suprema que le quitó sus hijas a la jueza Karen Atala, como el derecho a la vida privada, a la honra, la dignidad y la familia y el derecho de los niños a ser oídos.
Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas, según establece el artículo 1.1 de la Convención. En consecuencia, “ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, añadió la sentencia.
La Corte ordenó al Estado de Chile cancelar a la jueza 60 mil dólares por el daño causado, además de brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas que así lo soliciten a modo de reparación por daño inmaterial en este caso.
El fallo también obliga al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, además de continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos y a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) señaló que esta sentencia es “justa e histórica para los derechos humanos de las diversidad sexual, y en especial para los derechos de las familias homoparentales de todo el mundo”.
La Corte Interamericana consideró que el Estado de Chile vulneró variados principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con el fallo de la Corte Suprema que le quitó sus hijas a la jueza Karen Atala, como el derecho a la vida privada, a la honra, la dignidad y la familia y el derecho de los niños a ser oídos.
Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas, según establece el artículo 1.1 de la Convención. En consecuencia, “ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, añadió la sentencia.
La Corte ordenó al Estado de Chile cancelar a la jueza 60 mil dólares por el daño causado, además de brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas que así lo soliciten a modo de reparación por daño inmaterial en este caso.
El fallo también obliga al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, además de continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos y a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) señaló que esta sentencia es “justa e histórica para los derechos humanos de las diversidad sexual, y en especial para los derechos de las familias homoparentales de todo el mundo”.
