El 2011 fue de la educación. Al menos el de las grandes movilizaciones estudiantiles, que lograron convocar a una parte importante de la sociedad chilena en pos de dos demandas principales: Una educación pública gratuita y de calidad; y el fin al lucro en las instituciones que reciben aportes del Estado.
Según el actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro, ese año terminó empatado, porque los estudiantes lograron instalar de manera transversal la necesidad de hacer un cambio al modelo y el gobierno ganó tiempo sin hacer ninguna promesa clara respecto a estos temas.
La semana pasada, apenas iniciada las clases, en Santiago se vivió la primera manifestación callejera de estudiantes secundarios, mientras en el Congreso descansan dos proyectos de ley relativos a educación enviados por el gobierno.
El primero de ellos, sobre desmunicipalización, no fue debatido previamente con los sectores involucrados. “Es un mal proyecto, porque en la práctica los alcaldes siguen siendo los principales responsables de los colegios, pero no se les provee de los instrumentos necesarios, no reivindica la educación pública ni agrega más recursos a este sector”, afirma el decano de Educación de la U. Alberto Hurtado.
El académico agrega que “el punto es que si se mantiene el sistema de los colegios particulares subvencionados, que reciben dinero del Estado y además tienen financiamiento compartido, el sistema público no va a despegar nunca. Para darle viabilidad a la educación pública se debe eliminar el financiamiento compartido, que es el pago que hacen los padres y que finalmente permite el lucro”.
El otro proyecto en trámite se refiere a la carrera docente, que tiene algunos aspectos interesantes, según García Huidobro, pero también defectos graves. “Los profesores fueron ninguneados, porque el proyecto se concibió a puertas cerradas, no hubo diálogo ni debate con el gremio. Pero al menos deja claro que el mejoramiento de los profesores pasa por el desempeño y no sólo por la antigüedad. Además establece que se deben mejorar los sueldos y la calidad de la formación de los docentes”.
Otro aspecto esperanzador es la puesta en marcha la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, parte de una nueva institucionalidad destinada a supervisar y fiscalizar la calidad de la educación “pero que no le hace ni cosquillas al lucro, cosa que por lo demás está aceptada en todo el sistema educacional chileno, excepto en el universitario”, afirma el decano. En este último punto, la iniciativa más importante está en el senado, donde un grupo transversal de senadores de oposición y de gobierno presentó una iniciativa legal que prohíbe el lucro en todas las instituciones educacionales que reciben aportes del Estado, sean escolares, universitarias o de formación técnico-profesional. “Eso es lo más importante, porque el lucro siempre desnaturaliza el fin de la educación, que está para incorporar a las nuevas generaciones a la sociedad en igualdad de condiciones, no para hacer negocio”, dice enfático García-Huidobro.
Escuche la entrevista completa
El 2011 fue de la educación. Al menos el de las grandes movilizaciones estudiantiles, que lograron convocar a una parte importante de la sociedad chilena en pos de dos demandas principales: Una educación pública gratuita y de calidad; y el fin al lucro en las instituciones que reciben aportes del Estado.
Según el actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro, ese año terminó empatado, porque los estudiantes lograron instalar de manera transversal la necesidad de hacer un cambio al modelo y el gobierno ganó tiempo sin hacer ninguna promesa clara respecto a estos temas.
La semana pasada, apenas iniciada las clases, en Santiago se vivió la primera manifestación callejera de estudiantes secundarios, mientras en el Congreso descansan dos proyectos de ley relativos a educación enviados por el gobierno.
El primero de ellos, sobre desmunicipalización, no fue debatido previamente con los sectores involucrados. “Es un mal proyecto, porque en la práctica los alcaldes siguen siendo los principales responsables de los colegios, pero no se les provee de los instrumentos necesarios, no reivindica la educación pública ni agrega más recursos a este sector”, afirma el decano de Educación de la U. Alberto Hurtado.
El académico agrega que “el punto es que si se mantiene el sistema de los colegios particulares subvencionados, que reciben dinero del Estado y además tienen financiamiento compartido, el sistema público no va a despegar nunca. Para darle viabilidad a la educación pública se debe eliminar el financiamiento compartido, que es el pago que hacen los padres y que finalmente permite el lucro”.
El otro proyecto en trámite se refiere a la carrera docente, que tiene algunos aspectos interesantes, según García Huidobro, pero también defectos graves. “Los profesores fueron ninguneados, porque el proyecto se concibió a puertas cerradas, no hubo diálogo ni debate con el gremio. Pero al menos deja claro que el mejoramiento de los profesores pasa por el desempeño y no sólo por la antigüedad. Además establece que se deben mejorar los sueldos y la calidad de la formación de los docentes”.
Otro aspecto esperanzador es la puesta en marcha la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, parte de una nueva institucionalidad destinada a supervisar y fiscalizar la calidad de la educación “pero que no le hace ni cosquillas al lucro, cosa que por lo demás está aceptada en todo el sistema educacional chileno, excepto en el universitario”, afirma el decano. En este último punto, la iniciativa más importante está en el senado, donde un grupo transversal de senadores de oposición y de gobierno presentó una iniciativa legal que prohíbe el lucro en todas las instituciones educacionales que reciben aportes del Estado, sean escolares, universitarias o de formación técnico-profesional. “Eso es lo más importante, porque el lucro siempre desnaturaliza el fin de la educación, que está para incorporar a las nuevas generaciones a la sociedad en igualdad de condiciones, no para hacer negocio”, dice enfático García-Huidobro.
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El 2011 fue de la educación. Al menos el de las grandes movilizaciones estudiantiles, que lograron convocar a una parte importante de la sociedad chilena en pos de dos demandas principales: Una educación pública gratuita y de calidad; y el fin al lucro en las instituciones que reciben aportes del Estado.
Según el actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro, ese año terminó empatado, porque los estudiantes lograron instalar de manera transversal la necesidad de hacer un cambio al modelo y el gobierno ganó tiempo sin hacer ninguna promesa clara respecto a estos temas.
La semana pasada, apenas iniciada las clases, en Santiago se vivió la primera manifestación callejera de estudiantes secundarios, mientras en el Congreso descansan dos proyectos de ley relativos a educación enviados por el gobierno.
El primero de ellos, sobre desmunicipalización, no fue debatido previamente con los sectores involucrados. “Es un mal proyecto, porque en la práctica los alcaldes siguen siendo los principales responsables de los colegios, pero no se les provee de los instrumentos necesarios, no reivindica la educación pública ni agrega más recursos a este sector”, afirma el decano de Educación de la U. Alberto Hurtado.
El académico agrega que “el punto es que si se mantiene el sistema de los colegios particulares subvencionados, que reciben dinero del Estado y además tienen financiamiento compartido, el sistema público no va a despegar nunca. Para darle viabilidad a la educación pública se debe eliminar el financiamiento compartido, que es el pago que hacen los padres y que finalmente permite el lucro”.
El otro proyecto en trámite se refiere a la carrera docente, que tiene algunos aspectos interesantes, según García Huidobro, pero también defectos graves. “Los profesores fueron ninguneados, porque el proyecto se concibió a puertas cerradas, no hubo diálogo ni debate con el gremio. Pero al menos deja claro que el mejoramiento de los profesores pasa por el desempeño y no sólo por la antigüedad. Además establece que se deben mejorar los sueldos y la calidad de la formación de los docentes”.
Otro aspecto esperanzador es la puesta en marcha la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, parte de una nueva institucionalidad destinada a supervisar y fiscalizar la calidad de la educación “pero que no le hace ni cosquillas al lucro, cosa que por lo demás está aceptada en todo el sistema educacional chileno, excepto en el universitario”, afirma el decano. En este último punto, la iniciativa más importante está en el senado, donde un grupo transversal de senadores de oposición y de gobierno presentó una iniciativa legal que prohíbe el lucro en todas las instituciones educacionales que reciben aportes del Estado, sean escolares, universitarias o de formación técnico-profesional. “Eso es lo más importante, porque el lucro siempre desnaturaliza el fin de la educación, que está para incorporar a las nuevas generaciones a la sociedad en igualdad de condiciones, no para hacer negocio”, dice enfático García-Huidobro.
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