A pesar que la imagen de la Presidenta argentina, Cristina Fernández, ha tenido una leve caída en sus índices de aprobación ciudadana, dadas a conocer por media docena de empresas encuestadoras, las cifras que bordean un 62% de promedio de apoyo no alcanzan a minimizar la mayoritaria adhesión con que cuenta la Sra. K dentro de la política trasandina.

Una de las razones que explican este porcentaje favorable a la figura de Cristina Fernández se sustenta principalmente por la incapacidad de la oposición de erigirse como una alternativa, capaz de contar con un nombre de fuste capaz de oponerse a la imagen de una mujer, que triunfó por amplio margen y en primera vuelta en las elecciones presidenciales de octubre de 2011.

Hay que unir a lo señalado, los buenos resultados obtenidos por Cristina en el campo político y económico en su primera gestión. Avalada por el nombre y la imagen de su fallecido esposo, gestión e historia inmediata, que ha hecho muy difícil minar su imagen tras su reelección, por lo menos en este primer semestre y a pesar de los primeros síntomas de dificultades que está viviendo el vecino país.

La imagen de la Presidenta ha tenido una caída leve, pero una variación a la baja al fin y al cabo. Pero ese menor apoyo, marginal dentro del contexto global de sostén ciudadano a su gobierno, no es lo suficientemente fuerte e importante como para afirmar que se ha roto el vínculo entre ella y la sociedad argentina, de aquella que le entregó su voto, no del mundo opositor que indudablemente tenderá a estar en la vereda de enfrente permanentemente.

Por las propias debilidades de una oposición que no ha logrado recuperarse del duro varapalo que significó el triunfo de Cristina en primera vuelta con un 54% de votos en las elecciones presidenciales, tampoco ha sido un sector que logre redituar de los porcentajes de menos adhesión de Cristina. Lo sostenido no oculta que existe cierto malestar en la sociedad argentina, en el que inciden variados factores.

Un gobierno en ajuste

Entre los elementos más importantes a considerar y consensuados en el análisis del país vecino están, primero, el factor económico. Argentina está viviendo un ajuste en esta área que afectará sin duda a la capacidad adquisitiva de su población y la capacidad de consumo, esencialmente de la clase media en las áreas de electricidad, gas y combustibles, a los cuales se les está quitando progresivamente los subsidios que se han tenido por años.

Si bien es cierto que las experiencias personales sólo pueden aportar a un análisis global, no dejo de recordar una visita efectuada a Mendoza el invierno pasado donde el calor del hogar era sustentado por gas natural -encendido al menos 20 horas diarias- a pesar que los dueños de casa se iban temprano al trabajo y volvían entrada la noche. Ante la interrogante respecto al valor del gas en el bolsillo familiar, la respuesta daba cuenta que el subsidio a ese combustible, por el bajo precio, resultaba un apoyo sustancial a los hogares argentinos. Pero, ¿el cuidado de esa riqueza iba a la par de un sentido de responsabilidad?

En otro aspecto, la inflación sigue alta y se proyecta un 24% de aumento para el presente año, lo que generará dificultades, fundamentalmente a aquellos sectores sociales con mayor desmedro económico y que han constituido el eje de apoyo del cristinismo y antes del kirchnerismo. La economía muestra algunos signos de desaceleración después de una década de experimentar las tasas más altas de crecimiento de Latinoamérica. En el cristinismo se sostiene que estos desafíos no son comparables a los vividos por Cristina en el conflicto con el campo el año 2008 o la crisis mundial que tuvo su comienzo el año 2009 y que se saldrá adelante.

Para el cientista político Alejandro Rebossio, parte de la disminución en el apoyo tenido por la administración de Cristina Fernández se debe, sobre todo, a la acción de algunos recortes especialmente en el área de la energía y el agua en barrios ricos de Buenos Aires, pero también ha podado la que se destinaba al Metro y a la producción de pollos y harina de trigo, medidas que afectan a toda la población. También le ha quitado el subsidio a los autocares de larga distancia y a los autobuses que conectan la capital con ciudades cercanas. Sin subvenciones, los precios subirán y la pregunta es si los trabajadores conseguirán en las negociaciones salariales que han comenzado en este mes de marzo, alzas en sus sueldos por encima de la inflación, tal como sucedió en años anteriores.

Desde el punto de vista de los factores políticos, las dificultades que enfrenta la administración de Cristina tienen que ver más con factores de lucha interna dentro de las corrientes peronistas, que la lucha que pueda dar una oposición desmedrada. Efectivamente, Cristina Fernández y su núcleo de hierro han desplazado a todo el peronismo tradicional de los cargos con poder y lo reemplazó por representante de la agrupación ultra kirchrnerista La Cámpora, dirigida por su hijo Máximo Kirchner y constituida por militantes jóvenes, a los que la Presidente quiere hacer protagonistas de un cambio generacional. A su vez, el distanciamiento con el líder sindical Hugo Moyano la separó de los sectores sindicales más ligados al peronismo ortodoxo y que ha significado que el polémico mandamás de la Confederación General del Trabajo (CGT) esté amenazando con un paro general, previo a las elecciones que lo enfrentará al presidente de los metalúrgicos, Antonio Caló, quien se alinea tras la Sra. K.

Se adiciona, dentro del campo político, el remake de problemas con el vicepresidente, tal como aconteció con su histórico litigio con el ex vicepresidente Julio Cobos por el tema del “voto positivo”. Hoy, se trata de dificultades con Amado Boudou, a quien se le han hecho acusaciones de corrupción en el llamado caso Ciccone. Acusación efectuada por un fiscal federal por incumplimiento de los deberes funcionarios y supuesto lavado de dinero. Ha sido notorio, tal vez influenciado por su hijo Máximo, el distanciamiento que ha tenido la Presidenta con su vicepresidente, que ha enfrentado prácticamente solo las acusaciones y el pedido de juicio político.

El fantasma de una vicepresidencia problemática ha hecho marcar distancia a Cristina de su compañero de fórmula, llegando incluso a sospecharse de grabaciones efectuadas a sus conversaciones, “que lo pudo comprobar Boudou cuando la mandataria lo acuso de ‘concheto’, devolviendo con ello la gentileza sobre un comentario que el ex ministro de Economía habría hecho sobre el estilo de su socia en el Ejecutivo”, señalan una serie de informaciones entregadas por agencias internacionales, entre ellas France Press.

Se une al campo de problemas políticos las acusaciones de censura contra el gobierno por parte del ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y los primeros meses del primer mandato de Cristina, Alberto Fernández, cuya entrevista -muy crítica de la gestión de la mandataria- en un canal de noticias privado, fue abruptamente retirada de pantalla. Resultó llamativo para los medios de comunicación el hecho que, en contra de lo que suele ser habitual, el programa de Marcelo Longobardi no se volvió a repetir en la cadena televisiva a la una de la madrugada ni a las cuatro, como solía ser habitual en dicho medio. Los encontrones con medios de comunicación, en especial con Clarín y La Nación, no han dejado de sucederse. El pasado lunes 12 de marzo, la Presidenta Fernández calificó de nazi una editorial en el Clarín dirigida contra La Cámpora y escrita por el periodista Osvaldo Pepe y de tener un “cierto tufillo antisemita” una nota publicada en La Nación por Carlos Pagni en alusión al secretario de Política Económica, Axel Kicillof.

Visita a Chile

Desde el punto de vista internacional, Argentina mostró dos frentes. Uno regional a través del viaje efectuado a Chile en el marco de un encuentro de jefes de Estado, donde se discutieron, esencialmente, temas relacionados con las decisiones argentinas de imponer ciertas trabas comerciales y más en privado las peticiones para ver la forma de canalizar la indignación de la UDI, como partido de Gobierno, ante la negativa argentina de lograr la extradición del frentista Galvarino Apablaza en una suerte de cambio por el ex magistrado de la dictadura militar argentina, Otilio Romano, quien solicitó refugio en Chile y se encuentra detenido a la espera de la resolución de la justicia chilena para extraditarlo por acusaciones de crímenes de lesa humanidad en su país.

Lo que parece haber primado en la discusión entre Piñera y Fernández impulsada por el empresariado chileno, especialmente Asexma, fue el tema económico, en la idea de revertir las decisiones económicas de las autoridades argentinas,  especialmente lo que se denomina “declaración jurada anticipada”, que entró en vigencia el 1 de febrero recién pasado y que obliga a los empresarios a presentar los datos referidos a las importaciones que efectuarán antes de emitir la orden de compra. Según un comunicado oficial difundido por el director general de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, Jorge Bunster, se reunió el martes con autoridades del Gobierno argentino para analizar este asunto que preocupa mayormente al empresariado chileno, que ha exigido al Gobierno de Piñera tomar cartas en el asunto. En 2011, las exportaciones chilenas a Argentina totalizaron 1.184 millones de dólares, un 19% más que en 2010, mientras que las importaciones llegaron a 4.755 millones, lo que arroja un superávit comercial de más de 3.000 millones a favor de Argentina.

El otro punto de la agenda está relacionado con la reivindicación soberana argentina frente al tema de Las Malvinas, que Chile apoya y que ha significado sumarse a la decisión de Mercosur de impedir que barcos con bandera de las islas recalen en puertos de los países miembros y asociados a este bloque económico regional. Tal decisión implicó la visita, previa a la llegada de Cristina, del secretario de Relaciones exteriores Para América Latina, Jeremy Browne, con la misión de establecer puentes de apoyo a la visión de Londres que el tema de las Malvinas no es discutible por razones de autodeterminación de impedir “que un país grande y poderoso afecte la calidad de vida de la gente que habita unas islas remotas”.

Problemas con Gran Bretaña

El 2 de abril próximo se conmemoran los 30 años del inicio de la denominada Guerra de Las Malvinas, que enfrentó a Gran Bretaña y Argentina por la posesión del archipiélago situado en el Atlántico Austral, a 600 kilómetros de la costa argentina. El lobby efectuado por el gobierno británico ante la decisión de los países de Mercosur -incluido Chile- de apoyar la reivindicación soberana de Argentina, negando la posibilidad de recalar en puertos de esta asociación comercial a barcos con bandera británica que provengan de Las Malvinas, trajo a Chile al secretario de Relaciones Exteriores Para América Latina, Jeremy Browne. Incluso tres días antes que arribara a Chile, en visita oficial, la mandataria argentina.

Browne afirmó ante medios de comunicación que “no es correcto bloquear económicamente  las islas. Nosotros no buscamos una controversia con Argentina pero creemos en el principio de autodeterminación… esperamos que la gente en Chile, Brasil, Uruguay y otros países vea que no está bien cuando un país grande y poderoso establece un bloqueo para tratar de reducir la calidad de vida de la gente que vive en unas islas remotas”, concluyó el delegado británico. Resultó un tanto surrealista escuchar los argumentos del enviado del gobierno británico, porque precisamente el tema de la autodeterminación tiene que ver con la posibilidad de no seguir ocupando territorios como dominios coloniales. Como también resultó polémico oír al alto funcionario inglés hablar de un país grande y poderoso que establece un bloqueo. Para el lector desprevenido puede pensarse que Browne se está refiriendo a los 50 años de bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y no darse cuenta que en realidad se refería al disputado archipiélago del Atlántico Sur.

Como corolario de estos primeros meses de gestión del gobierno de la reelecta Presidenta, sobre todo, desde el punto de vista de de la gestión; los problemas derivan del escaso papel que cumple el Estado en materias de interés ciudadano y puestas en el tapete en el sangriento accidente de Once, en febrero pasado, que significó la muerte de 54 personas. El accidente ferroviario de estación Once puso de manifiesto que el Estado no invierte lo suficiente, y cuándo lo hace lo hace mal, en servicios esenciales para los sectores sociales menos favorecidos por la situación económica, y demostró que la política de subsidios para los servicios públicos es ineficiente, afectada por la corrupción y la falta de control del Estado.  Existe un evidente déficits en infraestructuras básicas. Todo este cóctel hace que la realidad política se haya oscurecido un poco para el oficialismo pero sin que represente hoy por hoy un peligro vital.