La diputada Denise Pascale concurrió a la Contraloría General de la República para denunciar supuestas irregularidades que están afectando a agricultores de la comuna de San Pedro, en la provincia Melipilla, a quienes se les estarían cobrando altas sumas de dinero por la inscripción de los derechos de aguas.
Según explicó la diputada, se trata de dos abogados, uno de la dirección regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y el otro de la gobernación, que habían sido mandatados para apoyar a los pequeños y medianos campesinos para regularizar sus derechos territoriales y de aguas.
La diputada socialista acusó que los profesionales, que estaban en comisión de servicio y atendían gratuitamente, comenzaron a solicitar dinero para poder cumplir con sus funciones, mientras que el trámite ante el Registro Civil y la Dirección General de Aguas (DGA) es gratis.
“Lo que tú puedes hacer, y que no necesitas dinero porque solo es ir a la DGA y poner tus antecedentes, es solicitar el tema y cambiar de punto de extracción de agua cuando tú consideras que tienes derecho. Aquí hay personas que se están aprovechando, personas que son letradas, abogados en condición de servicio, que se les paga y encima tratan, de manera irregular, de cobrarles a los campesinos”, señaló Pascale.
En otros lugares del país también hay problemas con el acceso al agua, considerado un derecho humano. En Copiapó, el Día Mundial del Agua se conmemoró con manifestaciones y la presentación de un recurso de protección a favor de la comunidad local, que apunta hacia la DGA como responsable del sobreotorgamiento de derechos para utilizar el recurso, lo que habría llevado a la actual crisis que vive la zona y que afecta al consumo humano.
En el texto judicial se afirma que sólo el 6 por ciento del agua es destinado al consumo humano, mientras que el resto se reparte entre mineras y grandes agricultores exportadores.
Para Mauricio Ríos, integrante de la Red Ambiental Norte en la ciudad de Vallenar, el problema se produce por la privatización del agua en 1981, donde el recurso dejó de estar asociada a la tierra. “Hizo que el agua de las comunidades, o en este caso de las cuencas, se concentraran muy poco. Por ejemplo, en El Huasco tenemos once mil acciones de agua y el 10 por ciento de las personas tienen del 75 al 80 por ciento del agua. Eso habla y refleja la acumulación del recurso hídrico en muy pocas manos”, dijo.
En la Región de Valparaíso, diversas agrupaciones ambientales han denunciado la existencia de drenajes ilegales en los ríos Ligua y Petorca, que favorecerían a políticos y grandes empresarios en desmedro de la pequeña agricultura y el consumo humano.
En la región de Coquimbo, el presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), Adán Cruces, asegura que se han visto muy afectados por la gran minería, especialmente por la minera Carmen de Andacollo en el Valle del Elqui, y planteó que las grandes empresas podrían extraer el agua del mar.
Además, diversos recursos judiciales fueron presentados por agrupaciones medioambientales, buscando impugnar los derechos de aguas existentes sobre el río Baker, principal afluente para el proyecto Hidroaysén, sin encontrar una acogida favorable en la justicia.
A esto se suma, recientemente, la demanda de siete comunidades indígenas de la comuna de San Juan de la Costa, que piden se detenga la entrega de derechos de agua a la pedidos por la empresa hidroeléctrica Energía del Sur en los ríos Maicolpué, Quihue, Trafunco y Cahuinalhue.
La diputada Denise Pascale concurrió a la Contraloría General de la República para denunciar supuestas irregularidades que están afectando a agricultores de la comuna de San Pedro, en la provincia Melipilla, a quienes se les estarían cobrando altas sumas de dinero por la inscripción de los derechos de aguas.
Según explicó la diputada, se trata de dos abogados, uno de la dirección regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y el otro de la gobernación, que habían sido mandatados para apoyar a los pequeños y medianos campesinos para regularizar sus derechos territoriales y de aguas.
La diputada socialista acusó que los profesionales, que estaban en comisión de servicio y atendían gratuitamente, comenzaron a solicitar dinero para poder cumplir con sus funciones, mientras que el trámite ante el Registro Civil y la Dirección General de Aguas (DGA) es gratis.
“Lo que tú puedes hacer, y que no necesitas dinero porque solo es ir a la DGA y poner tus antecedentes, es solicitar el tema y cambiar de punto de extracción de agua cuando tú consideras que tienes derecho. Aquí hay personas que se están aprovechando, personas que son letradas, abogados en condición de servicio, que se les paga y encima tratan, de manera irregular, de cobrarles a los campesinos”, señaló Pascale.
En otros lugares del país también hay problemas con el acceso al agua, considerado un derecho humano. En Copiapó, el Día Mundial del Agua se conmemoró con manifestaciones y la presentación de un recurso de protección a favor de la comunidad local, que apunta hacia la DGA como responsable del sobreotorgamiento de derechos para utilizar el recurso, lo que habría llevado a la actual crisis que vive la zona y que afecta al consumo humano.
En el texto judicial se afirma que sólo el 6 por ciento del agua es destinado al consumo humano, mientras que el resto se reparte entre mineras y grandes agricultores exportadores.
Para Mauricio Ríos, integrante de la Red Ambiental Norte en la ciudad de Vallenar, el problema se produce por la privatización del agua en 1981, donde el recurso dejó de estar asociada a la tierra. “Hizo que el agua de las comunidades, o en este caso de las cuencas, se concentraran muy poco. Por ejemplo, en El Huasco tenemos once mil acciones de agua y el 10 por ciento de las personas tienen del 75 al 80 por ciento del agua. Eso habla y refleja la acumulación del recurso hídrico en muy pocas manos”, dijo.
En la Región de Valparaíso, diversas agrupaciones ambientales han denunciado la existencia de drenajes ilegales en los ríos Ligua y Petorca, que favorecerían a políticos y grandes empresarios en desmedro de la pequeña agricultura y el consumo humano.
En la región de Coquimbo, el presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), Adán Cruces, asegura que se han visto muy afectados por la gran minería, especialmente por la minera Carmen de Andacollo en el Valle del Elqui, y planteó que las grandes empresas podrían extraer el agua del mar.
Además, diversos recursos judiciales fueron presentados por agrupaciones medioambientales, buscando impugnar los derechos de aguas existentes sobre el río Baker, principal afluente para el proyecto Hidroaysén, sin encontrar una acogida favorable en la justicia.
A esto se suma, recientemente, la demanda de siete comunidades indígenas de la comuna de San Juan de la Costa, que piden se detenga la entrega de derechos de agua a la pedidos por la empresa hidroeléctrica Energía del Sur en los ríos Maicolpué, Quihue, Trafunco y Cahuinalhue.
La diputada Denise Pascale concurrió a la Contraloría General de la República para denunciar supuestas irregularidades que están afectando a agricultores de la comuna de San Pedro, en la provincia Melipilla, a quienes se les estarían cobrando altas sumas de dinero por la inscripción de los derechos de aguas.
Según explicó la diputada, se trata de dos abogados, uno de la dirección regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y el otro de la gobernación, que habían sido mandatados para apoyar a los pequeños y medianos campesinos para regularizar sus derechos territoriales y de aguas.
La diputada socialista acusó que los profesionales, que estaban en comisión de servicio y atendían gratuitamente, comenzaron a solicitar dinero para poder cumplir con sus funciones, mientras que el trámite ante el Registro Civil y la Dirección General de Aguas (DGA) es gratis.
“Lo que tú puedes hacer, y que no necesitas dinero porque solo es ir a la DGA y poner tus antecedentes, es solicitar el tema y cambiar de punto de extracción de agua cuando tú consideras que tienes derecho. Aquí hay personas que se están aprovechando, personas que son letradas, abogados en condición de servicio, que se les paga y encima tratan, de manera irregular, de cobrarles a los campesinos”, señaló Pascale.
En otros lugares del país también hay problemas con el acceso al agua, considerado un derecho humano. En Copiapó, el Día Mundial del Agua se conmemoró con manifestaciones y la presentación de un recurso de protección a favor de la comunidad local, que apunta hacia la DGA como responsable del sobreotorgamiento de derechos para utilizar el recurso, lo que habría llevado a la actual crisis que vive la zona y que afecta al consumo humano.
En el texto judicial se afirma que sólo el 6 por ciento del agua es destinado al consumo humano, mientras que el resto se reparte entre mineras y grandes agricultores exportadores.
Para Mauricio Ríos, integrante de la Red Ambiental Norte en la ciudad de Vallenar, el problema se produce por la privatización del agua en 1981, donde el recurso dejó de estar asociada a la tierra. “Hizo que el agua de las comunidades, o en este caso de las cuencas, se concentraran muy poco. Por ejemplo, en El Huasco tenemos once mil acciones de agua y el 10 por ciento de las personas tienen del 75 al 80 por ciento del agua. Eso habla y refleja la acumulación del recurso hídrico en muy pocas manos”, dijo.
En la Región de Valparaíso, diversas agrupaciones ambientales han denunciado la existencia de drenajes ilegales en los ríos Ligua y Petorca, que favorecerían a políticos y grandes empresarios en desmedro de la pequeña agricultura y el consumo humano.
En la región de Coquimbo, el presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), Adán Cruces, asegura que se han visto muy afectados por la gran minería, especialmente por la minera Carmen de Andacollo en el Valle del Elqui, y planteó que las grandes empresas podrían extraer el agua del mar.
Además, diversos recursos judiciales fueron presentados por agrupaciones medioambientales, buscando impugnar los derechos de aguas existentes sobre el río Baker, principal afluente para el proyecto Hidroaysén, sin encontrar una acogida favorable en la justicia.
A esto se suma, recientemente, la demanda de siete comunidades indígenas de la comuna de San Juan de la Costa, que piden se detenga la entrega de derechos de agua a la pedidos por la empresa hidroeléctrica Energía del Sur en los ríos Maicolpué, Quihue, Trafunco y Cahuinalhue.
