Son alrededor de siete mil 300 inspecciones las que realizaría el ministerio de Educación este año, lo que abarcaría el 100 por ciento de los jardines infantiles a nivel nacional, estén o no empadronados por la institución.

Se trata de una de las medidas con las que el ministro Harald Beyer espera detectar fallas en el sistema pre-escolar, y que se suma al apoyo brindado a un proyecto de ley que pretende otorgar un cierto grado de fiscalización a la Junji.

Una iniciativa parlamentaria que busca, además, establecer requisitos mínimos para la apertura de jardines infantiles y salas cuna y que, según Beyer, permitirá avanzar con soluciones, de corto y mediano plazo, en la supervisión de toda la oferta que hay en el país.

“Junji este año ya está fiscalizando todos los jardines, pero tenemos que dar un paso más adelante, tener nuevas exigencias y requisitos. Primero queremos tener, y lo estamos pensando, un permiso más formal para que puedan operar estos jardines infantiles y requisitos muy claros que estén estipulados en la ley y sean supervisados por el Mineduc y, al mismo tiempo, una agenda de más largo plazo con instituciones más fuertes que puedan fiscalizar los jardines infantiles”, indicó el titular de Educación.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Julia Requena, se mostró desconfiada de la intención de fiscalizar el 100 por ciento de los jardines.

Esto, porque se trataría sólo de un anuncio pero que, a la fecha, no tiene un mecanismo de ejecución.

Así lo manifestó la dirigenta, quien además dijo que el proyecto, patrocinado por diputadas de la Alianza y apoyado por Beyer, remite el poder de fiscalización a una institución inexistente, como la Superintendencia de Educación, por lo que llamó al titular del Mineduc a destinar esa función a la Junji.

“Esa función se le tiene que otorgar por ley a la institución, con personal. Que se deje, especialmente, ir a los establecimientos a revisar  si cumplen con las normas técnicas a implementar en los jardines y las salas cunas, a ver si están los programas educativos, si el personal es idóneo, con título, porque hoy eso no se da en el área privada. Para ahorrar recursos ellos contratan solamente personal que tiene cuarto medio y no le exigen especialización. Por más que las personas quieran hacer bien su trabajo, si no están especializados malamente van a cumplir con su rol de educar”, sostuvo Requena.

Julia Requena indicó también que la repartición gubernamental cuenta con un compendio institucional de normas, lo que se debiera replicar, a su juicio, en el área privada.

Un sector que calificó como “desregulado” y que no cuenta con los estándares mínimos de calidad, razón por la cual cada cierto tiempo aparecen denuncias de abuso de menores, según expresó.

En este sentido, fue enfática en señalar que mientras no se legisle en relación al grado de fiscalización de la Junji, será responsabilidad del ministerio de Educación y las autoridades correspondientes los nuevos casos que se registren.

“Es responsabilidad de ellos, porque este no es un tema de ahora, es un tema que viene de hace tiempo y, efectivamente, en la Junji casi no se dan estos casos, porque cada funcionario que ingresa pasa por un test psicológico. Si no existe una política de verdad de fiscalizar y de querer  potenciar lo que es hoy la Junta Nacional de Jardines Infantiles, es difícil. Si el gobierno no actúa hoy como corresponde van a seguir siendo responsables por la falta de políticas educacionales”, acusó la dirigente.

En nuestro país, poco más de 30 mil niños se educan en establecimientos empadronados por la Junji, mientras que cerca de 200 mil lo hacen en jardines infantiles privados, los cuales no pueden ser multados ni clausurados por esta institución.