Referirse a la seguridad y la defensa es complejo, porque son temas que no han sido transparentados del todo ante la ciudadanía, por ello arrastran la historia negativa del pasado reciente y la imagen de las FFAA vinculadas a las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.

Por tal razón la sensación ciudadana, en lo que respecta a la capacidad efectiva de los gobiernos postdictadura para situar a los militares bajo su autoridad, es de desconfianza y ello tiene sus razones. Durante años los militares fueron practicantes de una doctrina ideológica que identificaba en la población civil a su enemigo principal, me refiero a la doctrina de la seguridad nacional (DSN), en la cual se educaron (en diferentes escuelas de Panamá  bajo el alero de Estados Unidos) los altos mandos y los oficiales subalternos así como el cuadro permanente, una doctrina ideológica que gozó de amplia aceptación de parte de las elites nacionales.

Una realidad que los gobiernos democráticos postdictadura no han superado, me refiero a la plataforma cultural y doctrinaria de la FFAA, así como no han eliminado la principal base de sustento de la concepción de defensa del país, que fue diseñada para luchar en contra del comunismo bajo la idea de la Guerra Fría, me refiero a la Constitución, que es un enclave dictatorial que aún sobrevive en democracia, como lo son el sistema electoral (Binominal) y la modalidad de elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

En todo caso no se puede desconocer que en las Fuerzas Armadas ha habido cambios, presionadas por los nuevos escenarios y realidades del mundo globalizado, pero estos no son suficientes para conformar una nueva conciencia y cultura de defensa. Si a la par de lo anterior no se producen los cambios de mentalidad que permitan diseñar una formación militar vinculada a la realidad del país, en la cual la política de defensa sea una política pública asumida como responsabilidad de todos y no sólo de los militares, las FFAA seguirán rodeadas de los fantasmas del pasado y aquí, a mi entender, hay una debilidad importante que corregir.

El tema es relevante porque la DSN llegó a constituirse en una parte importante de la ideología de las Fuerzas Armadas en Chile (y en toda América Latina ), justificando el cambio estratégico de la concepción del enemigo, moviéndose desde una perspectiva de defensa de las fronteras nacionales a la seguridad interna, volcando todo su poderío militar en contra de su propio pueblo. Una visión de enemigo que consideró terroristas y subversivos no sólo a las personas con armas, sino también a las personas que propagaron ideas o se manifestaron en contra del concepto de la sociedad nacional que tenia la dictadura.

A pesar de esto, hasta ahora no hay evidencias de que en las FFAA ni el en el Ejército en particular o en Carabineros, se cuente con una doctrina de defensa distinta a la DSN. Un tema que es relevante porque define el tipo de relación que las FFAA establecen con la “civilidad” y se trasparentan ante la ciudadanía los mecanismos que aseguran la subordinación de ellas al poder civil.

Es necesario avanzar mas en esto, la política de defensa y seguridad no está desvinculada del proceso de consolidación de la democracia en Chile, el cual debiera ser un debate nacional, inserto en las universidades, en la sociedad en su conjunto. Para el Gobierno democrático es un desafío pendiente el garantizar la prevalencia del Estado de Derecho bajo la observancia plena de los derechos humanos y del funcionamiento de los controles de subordinación del poder militar al civil.

Con ello no se limita ni altera la especificidad de la estrategia militar y de la necesidad del potencial militar propiamente tal, el cual tiene que responder a las características de las amenazas potenciales en el mundo actual, tales como el  terrorismo, el tráfico de drogas, los atentados al medio ambiente entre otros, que se expresan en el plano interno de los distintos países en términos de criminalidad y delincuencia.

Este proceso representa una “tentación” para que los herederos activos de la dictadura intenten otorgar a las fuerzas armadas funciones nuevas, o para militarizar mas que potenciar, como de hecho se esta haciendo con las Fuerzas Especiales de Carabineros, “la seguridad ciudadana”, tal cual lo define la DSN, lo que incluye el aumento de funciones, incremento presupuestal y del número de integrantes, modernización de armamento y equipamiento.

En este contexto ambos proyectos de ley presentados al Congreso por el gobierno de Piñera, el primero de ellos para “fortalecer el resguardo del orden público” y el segundo sobre “un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional”, están vinculados a la visión cortoplacista que éste le quiere dar a la defensa y la seguridad, cuya base sigue siendo la DSN.

En su afán por convencer de su validez, lo que están haciendo es reducir la seguridad ciudadana a un debate político coyuntural, intentando convertirlo en estratégico, lo que significa un claro retroceso en el sentido que la política de seguridad es una política de estado y por tanto su definición está o debiera estar más allá del debate partidista.

Pero lo mas preocupante es que siguen presentes las bases conceptuales que redefinen un enemigo interno, apuntando en contra, como lo dice el proyecto de ley, de “quienes alteran el orden publico ocultando su identidad, que saquean y se aprovechan de las manifestaciones para cometer  desmanes”, un enemigo que en rigor sigue siendo el ciudadano.

Expresada en estos términos, se trata de una vulgar adaptación de la doctrina de la seguridad nacional al escenario de la seguridad ciudadana y una manera de justificar el ejercicio del poder punitivo del Estado, bajo la excusa de combatir la delincuencia a través de medios que terminan siendo contrarios al derecho. Con esto lo que se está haciendo es amenazando al propio sistema penal, validando respuestas de mayor fuerza y contundencia que permanentemente sobrepasan las estipuladas en la ley, por parte de las instituciones que tienen a su cargo el ejercicio de la violencia legal, algo que hemos visto progresivamente con carabineros en las movilizaciones sociales de los últimos dos años.

A partir  de esta realidad lo que vemos todos los días es que se esta intentando repetir, obviamente que de manera distinta, el tipo de violencia que fue ejercida contra quienes en épocas pasadas fueron calificados de subversivos, las organizaciones políticas y político militares, quienes según la dictadura  amenazaban y ponían en jaque la marcha del sistema. Todo esto se acompaña de un proceso intencionado de construcción mediática, que centra la atención en la percepción de inseguridad ciudadana y en la amplificación de la alarma social provocada por la acción del fenómeno criminal.

El progresivo aumento de la criminalidad sin lugar a dudas que nos inquieta a todos, pero esto se resuelve aplicando la ley existente, con políticas claras y eficientes algo en lo cual el gobierno ha fallado. Pero lo que es riesgoso por sus consecuencias es que se utilicen los altos índices de criminalidad para generar una suerte de base social de apoyo, con el fin de extender las políticas de represión a las acciones de movilización social y a la política opositora, atacando con los medios que el Gobierno estime “oportunos” a éstos “nuevos enemigos” del sistema.

Esta suerte de transición desde un modelo de seguridad nacional a un modelo de seguridad ciudadana, lleva consigo el ideario de quienes ejercieron el poder político y económico durante el periodo dictatorial, y que procuran seguir haciéndolo en este nuevo contexto. Un modelo que revive también la discusión ideológica con quienes pretenden contraponer la libertad y la seguridad, con el falso argumento de que para garantizar la seguridad conviene a veces limitar la libertad y cercenar derechos.

Así entonces mientras no se elimine la doctrina de la seguridad nacional del ADN de las FFAA y de Orden, (Carabineros)  ésta será siempre un obstáculo para la democracia, porque es contraria a su escencia, que es el ejercicio de la soberanía popular y el respeto la dimensión ciudadana, que en ultimo termino valida o invalida su existencia.

En este sentido estamos hablando de un riesgo democrático real que implica que este tipo de políticas represivas resurjan, como fue señalado antes, a través de la conversión (abierta o encubierta) de la Doctrina de la Seguridad Nacional en términos de seguridad ciudadana, instaurando códigos de equivalencia entre el guerrillero y el extremista de antaño con el estudiante y el opositor al Gobierno hoy, tachándolos arbitrariamente como delincuentes.

Así entonces la doctrina de la seguridad nacional, que debió eliminarse apenas se inicio el proceso de transición postdictadura, que fue el eje que promovió el uso de la violencia estatal más allá de los límites prefijados por el Estado de Derecho, emerge nuevamente a través de las posiciones que claman por una mayor represión de la delincuencia como estrategia de contención del movimiento social.

Es aquí donde la institucionalidad democrática debe levantar la voz, exigiendo que la seguridad sea una política que se fundamente en el uso de la violencia dentro de los límites estrictos que prefija el Estado de Derecho, es decir, en el poder de la norma legal y de las capacidades del sistema democrático para hacerla cumplir en el contexto social que estamos viviendo.

Los nuevos riesgos a la seguridad ciudadana, que son reales, no deben constituir un secreto, de hecho no lo son para nadie, estos deben ser tratados de manera distinta, sacándolos de las cuatro paredes y ser promovidos coordinadamente desde los instrumentos de gestión pública en el ámbito político-institucional, técnico, diplomático y de Inteligencia para así implementar el desarrollo de estrategias preventivas, así como de respuestas ejecutivas de distinto alcance.

La seguridad no es un fin sino que un medio, constituye una política pública  para  garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y en este caso especifico la seguridad de los ciudadanos, en el respeto de los derechos humanos protegiendo el ejercicio pleno de los derechos democráticos, incluidas las manifestaciones sociales.

Sobre el Estado, ambos proyectos de ley le asignan un papel, tanto en la seguridad como para la defensa, de hecho el proyecto de Seguridad y Orden público, en sus antecedentes relata que “Corresponde al Estado la promoción del bien común y la paz social, para lo cual se deben establecer los mecanismos que faciliten la creación de las condiciones necesarias a fin de permitir el adecuado desarrollo de todos los miembros de la sociedad. Dentro de ellas, la debida protección de la población constituye una obligación central”.

La pregunta es de qué Estado se esta hablando, si durante todos estos años el objetivo de refundar el país iniciado por la dictadura cívico-militar, liderada por Pinochet, siguió el discurso neoliberal de un Estado «mínimo» y lo cumplió al pie de la letra, transformándolo en un ente sin relevancia inmerso y al servicio del principal sistema que rige la sociedad, el económico.

Por lo tanto el concepto de defensa, que concibe un estado vigoroso participante en la construcción de una sociedad mas prospera, libre, justa y cuidadosa del ambiente, está bien lejano de nuestra realidad. Tampoco el Estado se constituye como lo pensaron filósofos de siglos pasados, como la realización concreta de la libertad y la razón humanas.

Por el contrario la realidad pareciera darle la razón al viejo Marx, quien define el Estado como «el comité ejecutivo de la burguesía», negándole racionalidad y legitimidad, del cual la defensa y la seguridad son simplemente instrumentos de su defensa y de los intereses  de clase que representan.

En conclusión el modelo de transición, cuyo sello fue la política de los acuerdos y la democracia de lo posible, sin alterar las bases del sistema político ni económico, se agotó. En lo que respecta al ámbito de la seguridad ciudadana (y de la defensa) lo que se debe exigir, es que esta sea concebida en acuerdo a los avances del proceso democrático y de las libertades ciudadanas, es decir, en una lógica, como se dijo antes, que trasciende la dimensión de la Seguridad Nacional que se pretende imponer.

Dr. Enrique Villanueva M

Vicepresidente

Centro de Estudios Exonerados  de la Fuerza Aérea

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