Amnistía Internacional, Greenpeace y la Asociación Chilena de ONGs Acción iniciaron una campaña pública para demostrar a la población los perjuicios a la democracia que puede provocar la aprobación de la Ley de Seguridad Pública, conocida como “Ley Hinzpeter”.

Alicia Sánchez, secretaria ejecutiva de Acción, aseguró que la iniciativa del Ejecutivo vulnera gravemente la libertad de expresión y de reunión, entre otras garantías universales: “El material periodístico debe ser requisado para que actúe como prueba contra quienes supuestamente estarían ejerciendo violencia en las calles. También en el tema de las tomas a los liceos o si los vecinos de cierto barrio cortan el tránsito para protestar contra el Transantiago o una inmobiliaria, todo eso, estaría atentando contra la libertad que tienen los ciudadanos de manifestarse y expresarse públicamente”, dijo.

Las organizaciones no gubernamentales llamaron a la ciudadanía a manifestarse activamente contra este proyecto.

A juicio del senador PPD Eugenio Tuma, la lógica de seguridad pública de la actual administración es represiva y discriminatoria: “Creo que en el ADN del Gobierno, de quienes lo dirigen, de su ministro del Interior, está una visión de imposición a la sociedad por la vía de la fuerza. No en vano son herederos de la dictadura y creo que estas expresiones se siguen reivindicando en los actos o decisiones del Gobierno del Presidente Piñera”, sostuvo.

Esta semana se retoma la discusión sobre la “Ley Hinzpeter” en la Cámara de Diputados, donde debería contar con el rechazo de  los parlamentarios opositores.

Esta iniciativa legal también es rechazada por organizaciones estudiantiles y sindicales.