Que hayamos tenido un buen número de elecciones para elegir gobiernos, parlamentarios y representantes en los municipios por más de 20 años no significa que este país viva en democracia.  Uno a uno, los presidentes de turno han querido dar por concluida la transición política, pero lo cierto es que las últimas cinco administraciones son parte más bien de la larga pos dictadura que ha sucedido al régimen de Pinochet, en la que mucho de lo legado por ésta ha  sido sacralizado por sus sucesores o no ha podido ser corregido.

En primer lugar, cuesta comprender que una democracia pueda edificarse sobre los cimientos institucionales del autoritarismo, sobre su Constitución, régimen electoral y monstruosidades tan cuestionadas como la Ley Antiterrorista, las que al momento de su imposición fueron severamente fustigadas por quienes después llegaron a La Moneda y el Parlamento. En este sentido, lo único que puede inaugurar un régimen democrático es la aprobación mediante un plebiscito de una nueva Carta Fundamental que resulte, como debe ser, de una Asamblea Constituyente. De esta forma, tampoco podremos arribar a un orden más republicano mientras exista un sistema binominal que acota la representación parlamentaria sólo a las dos primeras mayorías y por ende resulta de los arreglos cupulares de una clase política que languidece en los poderes del Estado. Conminada constantemente por los poderes fácticos a dejar todo como estaba y perpetuarse con el financiamiento electoral asignado por los grandes grupos económicos que, para colmo, ya son más foráneos que internos. Con lo cual nuestra soberanía nacional está completamente en entredicho.

Como lo manifiesta la mayoría de los cientistas políticos, resulta muy poco genuina una democracia cuando la población está marcada por profundas desigualdades en el ingreso y posibilidades de vida; menos, todavía, cuando la sociedad civil está coartada o restringida en derechos tan fundamentales como el de asociación y movilización. En efecto, los bajísimos índices de sindicalización y la represión policial que se ejerce en cada manifestación callejera, lo cierto es que hace poco concebible que los ciudadanos puedan ejercer sin temor y de forma informada su derecho a sufragio. Las cifras de la pobreza y marginalidad en que viven todavía tantos millones de chilenos los expone a distintas formas de señuelo propagandístico y cohecho electoral. Tanto así que en la competencia municipal que recién se inicia los partidos y candidatos disfrazan sus denominaciones con nombres de fantasía para ganar justamente el voto de los incautos o de quienes tienen las peores carencias educacionales.

Hoy en el mundo no se concibe una democracia sin que exista un régimen comunicacional caracterizado por la diversidad informativa. En efecto, la superficial y uniformada televisión abierta, la escandalosa concentración de la prensa, como la extranjerización de los medios radiales, sólo le dejan al internet y a un puñado de expresiones libres e independientes la posibilidad de formar conciencia, ejercer la crítica y promover los cambios que el país necesita. Aunque hoy ya no se encarcela el pensamiento, lo cierto es que éste vive amordazado por las expresiones periodísticas controladas por los mismos poderes económicos enseñoreados en nuestros yacimientos, empresas estratégicas y sistema financiero. Cosa de ver, quienes han arribado en estos últimos años a los canales de televisión que pertenecieron a las universidades, como apreciar el enorme número de radioemisoras de propiedad de una empresa española que, ciertamente, no viene a lucrar directamente con  éstas, sino a servir, o actuar de “palo blanco” de las ingentes inversiones de sus connacionales en el control del agua y los recursos energéticos y la banca en nuestro país.

Estas dos últimas décadas nos demuestran que las distintas fórmulas que se han rotado en la política de verdad no difieren unas de otras, como tampoco legislativamente es posible vislumbrar actores que se desmarquen de la rutina en que vivimos. Por el contrario, vemos que cada día se consolida el régimen de inequidades e impunidades heredado, y ahora tan signado por la corrupción de la clase dirigente, la colusión empresarial, los abusos contra los consumidores, el narcotráfico, el crimen organizado y otra serie de lacras que siempre prosperan cuando los ciudadanos no inciden en la toma de decisiones, la prensa no vigila a las autoridades y los militares medran de toda suerte de privilegios. En la posibilidad que siempre se reservan de atentar contra el orden establecido.

De lo cual ahora nos libramos justamente porque nuestro régimen institucional tiene mucho más de lo dispuesto por su Dictadura que por lo demandado por el pueblo consciente.