La sentencia condenatoria contra 24 de los mas altos representantes del régimen nazi, puso un final al régimen que construyeron y defendieron y, en el caso de las 12 sentencias a muerte, también un término real a la vida de aquellos responsables del holocausto. En la percepción de nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, el significado histórico del proceso de Núremberg está relacionado con el cierre de una etapa histórica, porque el juicio fue para los nazis, la continuación de la derrota militar en el escenario de la justicia. En este sentido el Tribunal de Nüremberg abrió camino para una nueva etapa del derecho internacional, de derechos humanos.

En nuestro país sucedió todo lo contrario, la derrota de la dictadura abrió paso a negociaciones de las cuales salieron virtualmente vencedores, a tal punto de imponer la condiciones que al final de cuentas regularon el proceso de transición a la democracia: mantener la constitución de 1980, no alterar las bases del sistema económico, Justicia en la medida de lo posible, mantener la ley  de amnistía de 1978 entre otros.

A pesar de ello para muchas personas, sobre todo en época de elecciones, hablar de la memoria histórica es una cuestión del pasado y que no aporta o sólo representa el pasado. Para nosotros en cambio, representa el pasado, presente y el futuro de este país, como una continuidad histórica, porque así es posible entender las razones por las cuales los civiles y militares actuaron en defensa de una clase social, de grupos económicos y defendieron a conciencia el sistema económico y su ideología.

Es un hecho probado que políticos nacionales, grupos económicos norteamericanos y militares, de la iglesia, actuaron para impedir el cambio social, elegido por voluntad popular y de mayor envergadura de la historia de Chile. Estos se sintieron amenazados en sus intereses económicos y no trepidaron, tal cual lo habían hecho antes en nuestra historia como país, en eliminar toda oposición política, esta vez por medio del terrorismo de estado, para diseñar la refundación del país y su futuro, que es el que estamos viviendo.

Pero el fin del gobierno dictatorial de Pinochet en ningún caso significo el cierre de una etapa histórica, ni los juicios a líderes emblemáticos  de la represión y criminales confesos de crímenes de lesa humanidad, no fue para los pinochetistas una derrota en el escenario político ni de la justicia. Por el contrario, los derrotados se sienten parte de un “grupo de elegidos que salvaron la patria del marxismo”.

Por eso es necesario denunciar de manera permanente lo que sucedió en nuestro país, en nuestro caso, reafirmando que desde el día 11 de Septiembre de 1973 un grupo de oficiales y suboficiales fuimos detenidos y recluidos en la Academia de Guerra Aérea, (AGA) acusados de traición a la patria, la razón, haber denunciado y oponernos al golpe de estado de 1973. Esta unidad militar, a cargo del General Fernando Matthei, fue transformada por orden del general Gustavo Leigh, en un recinto de reclusión y tortura; La AGA funcionó desde fines Septiembre de 1973 hasta finales de 1974, a cargo de la Fiscalía de Aviación y del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).

Casi un año después de nuestra detención, en Julio de 1974, el General Leigh decidió la realización de un Consejo de Guerra que resultó ser una verdadera charlatanería judicial, que pronto quedo al descubierto y que fue parte del conocido Plan Z. De esta manera este justificó la persecución, que ordenó, de todos aquellos oficiales y suboficiales que en la Fuerza Aérea fuimos calificados de simpatizantes de la Unidad Popular. Para Leigh éramos la prueba material del descubrimiento del plan de infiltración del comunismo en las Fuerzas Armadas.

Entre los meses de Septiembre y Octubre de 1973 fuimos hechos prisioneros y permanecimos detenidos en el subterráneo y en las salas de clase de la Academia  de Guerra Aérea, habilitadas como celdas, algunos permanecimos allí por varias semanas y meses, siendo sometidos a todo tipo de torturas en el segundo piso o en la capilla de la AGA.

Quienes pasamos por allí sufrimos desde la presión sicológica, golpes de todo tipo, el dolor causado por objetos punzantes en las uñas, el colgamiento desnudos y la aplicación de descargas eléctricas en todo el cuerpo, permanecimos todo el tiempo con una capucha en la cabeza, parados o sentados por largo tiempo y en algunos casos fuimos víctimas de los demenciales simulacros de fusilamiento.

En algunos casos nos pegaban letreros manuscritos en el pecho, con instrucciones para los guardias, “sin comida ni agua durante 48 horas”, “una comida al día” o “de pie hasta nueva orden”, entre otros. Algunos de los detenidos como fue el caso del General Bachelet y el mío, se nos envió al Hospital de la Fach, debido al mal estado físico a consecuencia de las torturas y los malos tratos.

Esos fueron momentos de verdadero terror e incertidumbre que vivimos todos quienes estuvimos en la AGA en las manos de los torturadores, que fueron oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, ellos torturaron y asesinaron a personas. Algunos de ellos como los Coroneles Ceballos, Barahona y el Capitán Víctor Mattig, quienes se comportaron como verdaderos sádicos asesinos, y los demás, como burócratas leales que cumplían servilmente órdenes.

En este contexto el Consejo de Guerra que armó Gustavo Leigh, el cual se realizó entre Julio y Agosto de 1974, se hizo con todo un “arsenal de declaraciones” extraídas  a la fuerza. Se le dio el carácter de  prueba irrefutable de la infiltración marxista en las Fuerzas Armadas, en este caso de la Fuerza Aérea.

Según los antecedentes escritos y públicos entregados por le Fiscalía de Aviación en esa época, el Consejo de Guerra “se inició con motivo de la denuncia, de fecha 14 de septiembre de 1973, formulada por el Presidente del Banco del Estado de Chile, general de Brigada Aérea Enrique González Battle, a la Fiscalía de Aviación, por la que da cuenta de reuniones de carácter político realizadas por civiles y personal de la Fuerza Aérea, en las oficinas del ex Vicepresidente del Banco, Carlos Lazo Frías, y uso indebido de dineros de esa Institución”.

Según esta “denuncia” se trataba de “un grupo formado por personal de la Fuerza Aérea de Chile, dirigentes de los ex partidos socialista, comunista, movimiento de acción popular unitaria (MAPU) y por personas pertenecientes al movimiento de izquierda revolucionario (MIR), inició una labor de proselitismo y penetración marxista dentro de las filas de la Institución, ocultando sus verdaderos propósitos bajo el pretexto de defender al gobierno marxista de un presunto golpe de Estado en su contra. Esta acción formaba parte de un objetivo más amplio, cual era efectuar idéntica penetración en las demás ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, todo ello con el propósito real de destruir su actual estructura y de crear una Fuerza Armada Popular, para el logro definitivo de las metas demostradas, a través de la historia en todos los países en que el marxismo ha logrado dominar, esto es, el poder absoluto a base de la dictadura del proletariado”.

Todas estas elucubraciones eran parte de una estrategia publicitaria que en Octubre de 1973 la Junta Militar hizo publicar en el “Libro Blanco” para explicar por qué las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Salvador Allende”. En este libro como un apéndice de documentos se presentó el  “plan Z” que al final  de cuentas se transformó en la línea de orientación para que los jefes militares en todo el país lo enriquecieran descubriendo su propia versión y publicaran las listas de posibles candidatos de ser “asesinados por  los comunistas y extremistas”.

A estas alturas no muchos se acordarán del “plan Z”, que fue un vulgar montaje para justificar el golpe de Estado y que se constituyó en la “consigna” de los militares golpistas para eliminar al “enemigo interno”, que según su historia, pretendían asesinarles a ellos. Esto significó que los organizadores de la represión civiles y militares ordenaran reprimir sin  piedad y que consideraran a los perseguidos no como ciudadanos, eventualmente con ideas diferentes, sino como asesinos que proyectaban eliminarlos, a ellos y sus familias.

Esas fueron las bases jurídicas que esgrimieron nuestros acusadores para iniciar el Consejo  de Guerra evento que cualquier persona pueda encontrar en los diarios y revistas de la época. Un proceso anómalo que se baso en pruebas, declaraciones, sacadas por medio de torturas y en casos haciéndonos firmar, después de semanas de malos tratos físicos y sicológicos, hojas totalmente en blanco que luego llenaban según el libreto orientado por los fiscales encargados del proceso.

Durante el Consejo  de Guerra los abogados tuvieron acceso al expediente de mas de 2500 fojas en solo 5 días y la defensa podía ser presentada de manera escrita y sujeta a una censura previa, que los encargados del Consejo de Guerra se encargaban de hacer, eliminando todas aquellas afirmaciones que estimaban no adecuadas.

Los delitos de traición a la patria, de faltar a los deberes militares y las condenas que nos aplicaron se fundamentaron en la premisa de la existencia de un Estado de Guerra con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, sin establecer la fecha de su iniciación. Adjudicándole además el carácter de enemigos del Presidente de la Republica, a los Ministros de Estado y partidos políticos, jurídicamente reconocidos como tales; En base a estos supuestos se tipificó el delito de traición a la Patria en Tiempo de Guerra  según el Código de Justicia Militar.

Por todo esto es muy difícil creer en un discurso como el de Matthei y de todos los torturadores que permanecieron enquistados en las FFAA, hoy jubilados, o de los funcionarios del gobierno de Pinochet, que no sabían que en sus instituciones sucedían hechos que significaban la tortura o la muerte de personas.  Vale la pena hacer un paralelo con lo sucedido en la ciudad alemana de Weimar, cuyos habitantes argumentaban que no tenían idea que el polvillo gris que caía diariamente sobre sus casas desde la chimenea del campo de prisioneros de Buchenwald, provenía de los hornos crematorios.

En esos años en Alemania sucedía lo mismo que en el Chile de hoy, nadie sabía nada, pero omitían que los prisioneros llegaban en tren hasta la estación de la ciudad, ubicada en plena plaza, y la atravesaban caminando hasta el campo de concentración ante la mirada de todo el pueblo.

Estos relatos se han hecho en innumerables oportunidades, pero mientras siga vigente la ley de amnistía de 1978, continuarán siendo solo narraciones que podrán hacer reflexionar a algunos, que no alterarán la indiferencia o simplemente provocaran el rechazo de otros. Pero nuestro objetivo es sensibilizar a los chilenos para que alguna vez podamos los ciudadanos decidir en una consulta nacional, si anulamos o dejamos que la ley que obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar siga vigente.

Pero lo que está sucediendo es un hecho que debemos reconocer como positivo, primero el que se reconociera en un proceso judicial que el General Alberto Bachelet murió por efecto de las torturas que recibió en la Academia  de Guerra Aérea. Segundo que el General Fernando Matthei quien fuera director del recinto militar donde le infringieron las torturas al General Bachelet, a todos lo militares que nos opusimos al golpe de estado y a miles de chilenos y chilenas, sea llamado a declarar ante un juez por las responsabilidades que tiene en todos estos hechos.

Es un paso que debiera caminar en la dirección de descubrir de manera definitiva el manto de impunidad que protege a los civiles y militares de su complicidad o de sus responsabilidades en los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Son acciones que debieran terminar con la mentira de que con sus acciones contribuyeron a “salvar la patria del comunismo”,

Todos sabemos que el Decreto Ley de Amnistía dictada en el año 1978 por el gobierno dictatorial de Pinochet, significó el auto perdón por las peores violaciones a los derechos humanos cometidas en el régimen militar. Esta ley no se consideró durante las negociaciones políticas con la dictadura, la excusa fue “para asegurar la estabilidad de la transición”, a pesar de que extingue la responsabilidad de todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores incurrieron en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Hoy en día no hay razón para mantener el manto de impunidad que facilita la protección no solo a los militares, también a políticos y empresarios involucrados, desde quienes diseñaron la base política y constitucional en 1980, a los que ubicados en los distintos ministerios de la dictadura crearon y diseñaron políticas para perseguir a los chilenos.

Sin este marco legal que les favorece, varios de estos personajes que se dan hoy el lujo de negar todo, como es el caso del general Matthei, diciéndose a ellos mismos “arrepentidos”, dejarían de avalar y defender el sistema que crearon, “los logros” económicos y la “estabilidad” política que según ellos nos brindó a los chilenos Pinochet. Sostengo que la preocupación por la memoria histórica de nuestro país es un tema político ligado a la ética y que si bien es cierto que esta última es una praxis íntima, personal, en nuestros días no siempre se junta con la política.

Finalmente hay denuncias recientes que no pueden pasar inadvertidas, la publicación periodística que puso al descubierto la participación del diputado Alberto Cardemil en una red de espionaje para identificar y perseguir a chilenos contrarios al régimen de Pinochet. Y la denuncia el ex Capitán de la Fuerza Aérea de Chile Jorge Silva a CIPER, que la inteligencia de la FACH planeaba asesinar a Salvador Allende una vez que este asumió la presidencia del país.

En la medida que se continúe por el camino de la indiferencia o de mantener la política de la justicia de lo posible, cada uno de estos hechos son hitos que de una manera u otra remecen los cimientos de la democracia, los cuales dejan al descubierto que todo ese proceso siempre tuvo como base el olvido y la impunidad. La justicia de lo posible no podía orientarse a identificar culpables y castigarlos, salvo algunos casos emblemáticos, lo que es lo mismo que decir que ha sido una forma de lograr la amnesia pública.

La impunidad en nuestro país se construyó, a esto contribuyeron no solo militares sino que también civiles, de esto existen archivos históricos y suficientes argumentos, así como pruebas documentales de la participación de empresarios, de la directiva de la DC en la conspiración del golpe de estado y que la derecha no llamó jamás a los militares a la prudencia.

Al contrario, algunos rechazaron la moderación y descartaron una “dictablanda”. Existe una minuta de Jaime Guzmán Errázuriz, días después del golpe que dice: “El éxito de la Junta está directamente ligado a la dureza y energía que el país aplaude. Todo complejo o vacilación en este propósito será nefasto. El país sabe que enfrentará una dictadura y la acepta”. El mismo Guzmán fue el autor de la doctrina “la Junta de Gobierno no responde ante nadie, sino ante Dios y la historia”, consagrada en la sesión de la Comisión Constituyente del 5 de septiembre de 1974. (“Diecisiete años de horror y crímenes de Luis Alberto Mansilla. Punto Final  Nº546)