“Acción y Dignidad” son palabras claves de este decenio para la Organización de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios en todo el mundo. Pese a ello, en Chile los dirigentes indígenas denuncian atropello constante a sus derechos, allanamientos, agresiones, uso de leyes discriminatorias, además de políticas unilaterales y falta de participación.
Hay varios puntos de conflicto y que no han sido resueltos, al contrario, se siguen agravando con el paso del tiempo, aumentando así las tensiones, sobre todo al sur del país.
Según la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries “hay un tema estructural que tiene que ver con los procesos y reclamos de territorios y recursos naturales, con la ausencia de mecanismos de participación y consulta hacia las comunidades indígenas, que es la forma en que podrían participar en la toma de decisiones respecto de lo que los afecta. Tampoco hay un reconocimiento del Estado de Chile a la multiculturalidad que somos como país”.
“Son los temas que están produciendo la conflictividad y la violencia y el Estado debe hacer lo posible por avanzar y acortar esas brechas”, agregó Fries.
Uno de los aspectos menos polémicos, pero más relevantes en la práctica, es la necesidad de consultar a los pueblos sobre los asuntos que los involucran directamente, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile. Para regular esto se creó el Decreto 124 del ex-Mideplan el que, irónicamente, no fue consultado y hoy está en camino hacia una total derogación.
Para reemplazar este decreto el Gobierno entregó este miércoles una propuesta de normativa que regulará la Consulta a los Consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Sin embargo, Iván Carilao, consejero Lafkenche por la Octava Región sostuvo que la iniciativa “tiene que ser discutida con nuestras comunidades, porque aquí están en juego los derechos fundamentales. Hay conceptos que están arbitrariamente utilizados. Recibimos esta propuesta, pero no significa que la compartimos, vamos a estar muy a las expectativas”.
El dirigente añadió que este proceso es de alta importancia debido a que “hay situaciones que se tienen que hacer con mucha altura cívica y no, por ejemplo, militarizando los territorios donde se quiere ir a consultar”. “Se lo hemos dicho al ministro”, sostuvo.
El dirigente señaló que se debe definir con exactitud qué es la “afectación directa”, la “buena fe” o la noción de “territorio” y que ahora los mismos pueblos tienen la labor de presentar sus observaciones, ya que, “no se puede dejar este tema en manos de un Gobierno que no ha tenido la voluntad de escucharnos”.
Pero, entre los mismos dirigentes no existe consenso, ya que hay quienes creen que el gobierno está realizando un proceso al margen de la legislación internacional, ya que el Convenio es autoejecutable.
Así lo expresó Sandra Huentemilla, coordinadora del Encuentro de Autoridades y Dirigentes de Pueblos Indígenas Auto-convocados: “Vemos el proceso como irregular, porque la gestión que ha realizado el Ejecutivo no ha cambiado hasta la fecha, ellos siguen en el plan de realizar la consulta con el Consejo de Consultas de Conadi, con la Consejería Indígena y siguen planteando que debe reglamentarse la consulta”, manifestó.
Para Huentemilla, el tema es complejo de zanjar, por lo que el Gobierno se ha permitido tomar un sin número medidas administrativas y leyes desfavorables para los pueblos originarios y sin consultarlo.
“Acción y Dignidad” son palabras claves de este decenio para la Organización de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios en todo el mundo. Pese a ello, en Chile los dirigentes indígenas denuncian atropello constante a sus derechos, allanamientos, agresiones, uso de leyes discriminatorias, además de políticas unilaterales y falta de participación.
Hay varios puntos de conflicto y que no han sido resueltos, al contrario, se siguen agravando con el paso del tiempo, aumentando así las tensiones, sobre todo al sur del país.
Según la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries “hay un tema estructural que tiene que ver con los procesos y reclamos de territorios y recursos naturales, con la ausencia de mecanismos de participación y consulta hacia las comunidades indígenas, que es la forma en que podrían participar en la toma de decisiones respecto de lo que los afecta. Tampoco hay un reconocimiento del Estado de Chile a la multiculturalidad que somos como país”.
“Son los temas que están produciendo la conflictividad y la violencia y el Estado debe hacer lo posible por avanzar y acortar esas brechas”, agregó Fries.
Uno de los aspectos menos polémicos, pero más relevantes en la práctica, es la necesidad de consultar a los pueblos sobre los asuntos que los involucran directamente, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile. Para regular esto se creó el Decreto 124 del ex-Mideplan el que, irónicamente, no fue consultado y hoy está en camino hacia una total derogación.
Para reemplazar este decreto el Gobierno entregó este miércoles una propuesta de normativa que regulará la Consulta a los Consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Sin embargo, Iván Carilao, consejero Lafkenche por la Octava Región sostuvo que la iniciativa “tiene que ser discutida con nuestras comunidades, porque aquí están en juego los derechos fundamentales. Hay conceptos que están arbitrariamente utilizados. Recibimos esta propuesta, pero no significa que la compartimos, vamos a estar muy a las expectativas”.
El dirigente añadió que este proceso es de alta importancia debido a que “hay situaciones que se tienen que hacer con mucha altura cívica y no, por ejemplo, militarizando los territorios donde se quiere ir a consultar”. “Se lo hemos dicho al ministro”, sostuvo.
El dirigente señaló que se debe definir con exactitud qué es la “afectación directa”, la “buena fe” o la noción de “territorio” y que ahora los mismos pueblos tienen la labor de presentar sus observaciones, ya que, “no se puede dejar este tema en manos de un Gobierno que no ha tenido la voluntad de escucharnos”.
Pero, entre los mismos dirigentes no existe consenso, ya que hay quienes creen que el gobierno está realizando un proceso al margen de la legislación internacional, ya que el Convenio es autoejecutable.
Así lo expresó Sandra Huentemilla, coordinadora del Encuentro de Autoridades y Dirigentes de Pueblos Indígenas Auto-convocados: “Vemos el proceso como irregular, porque la gestión que ha realizado el Ejecutivo no ha cambiado hasta la fecha, ellos siguen en el plan de realizar la consulta con el Consejo de Consultas de Conadi, con la Consejería Indígena y siguen planteando que debe reglamentarse la consulta”, manifestó.
Para Huentemilla, el tema es complejo de zanjar, por lo que el Gobierno se ha permitido tomar un sin número medidas administrativas y leyes desfavorables para los pueblos originarios y sin consultarlo.
“Acción y Dignidad” son palabras claves de este decenio para la Organización de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios en todo el mundo. Pese a ello, en Chile los dirigentes indígenas denuncian atropello constante a sus derechos, allanamientos, agresiones, uso de leyes discriminatorias, además de políticas unilaterales y falta de participación.
Hay varios puntos de conflicto y que no han sido resueltos, al contrario, se siguen agravando con el paso del tiempo, aumentando así las tensiones, sobre todo al sur del país.
Según la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries “hay un tema estructural que tiene que ver con los procesos y reclamos de territorios y recursos naturales, con la ausencia de mecanismos de participación y consulta hacia las comunidades indígenas, que es la forma en que podrían participar en la toma de decisiones respecto de lo que los afecta. Tampoco hay un reconocimiento del Estado de Chile a la multiculturalidad que somos como país”.
“Son los temas que están produciendo la conflictividad y la violencia y el Estado debe hacer lo posible por avanzar y acortar esas brechas”, agregó Fries.
Uno de los aspectos menos polémicos, pero más relevantes en la práctica, es la necesidad de consultar a los pueblos sobre los asuntos que los involucran directamente, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile. Para regular esto se creó el Decreto 124 del ex-Mideplan el que, irónicamente, no fue consultado y hoy está en camino hacia una total derogación.
Para reemplazar este decreto el Gobierno entregó este miércoles una propuesta de normativa que regulará la Consulta a los Consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Sin embargo, Iván Carilao, consejero Lafkenche por la Octava Región sostuvo que la iniciativa “tiene que ser discutida con nuestras comunidades, porque aquí están en juego los derechos fundamentales. Hay conceptos que están arbitrariamente utilizados. Recibimos esta propuesta, pero no significa que la compartimos, vamos a estar muy a las expectativas”.
El dirigente añadió que este proceso es de alta importancia debido a que “hay situaciones que se tienen que hacer con mucha altura cívica y no, por ejemplo, militarizando los territorios donde se quiere ir a consultar”. “Se lo hemos dicho al ministro”, sostuvo.
El dirigente señaló que se debe definir con exactitud qué es la “afectación directa”, la “buena fe” o la noción de “territorio” y que ahora los mismos pueblos tienen la labor de presentar sus observaciones, ya que, “no se puede dejar este tema en manos de un Gobierno que no ha tenido la voluntad de escucharnos”.
Pero, entre los mismos dirigentes no existe consenso, ya que hay quienes creen que el gobierno está realizando un proceso al margen de la legislación internacional, ya que el Convenio es autoejecutable.
Así lo expresó Sandra Huentemilla, coordinadora del Encuentro de Autoridades y Dirigentes de Pueblos Indígenas Auto-convocados: “Vemos el proceso como irregular, porque la gestión que ha realizado el Ejecutivo no ha cambiado hasta la fecha, ellos siguen en el plan de realizar la consulta con el Consejo de Consultas de Conadi, con la Consejería Indígena y siguen planteando que debe reglamentarse la consulta”, manifestó.
Para Huentemilla, el tema es complejo de zanjar, por lo que el Gobierno se ha permitido tomar un sin número medidas administrativas y leyes desfavorables para los pueblos originarios y sin consultarlo.
