Mientras la justicia ordinaria condena al joven Luciano Pitronello por haber detonado una bomba que causó sólo mínimos destrozos a una sucursal bancaria, la Corte Marcial revoca una sentencia de presidio por la muerte de Jaime Mendoza Collío, ultimado por la espalda por un carabinero en La Araucanía. En el primer caso, el afectado pierde una mano y un ojo en su propia ejecución, mientras que los incidentes del sur se establece que ninguno de los comuneros mapuches agredidos por la policía uniformada portaba armas de fuego que pudieran explicar una reacción policial tan extrema y cobarde.

El Gobierno se demuestra enfurecido con la Justicia Ordinaria por haber desestimado aplicar la Ley  Antiterrorista en contra de Pitronello y postula la necesidad de endurecer una legislación largamente cuestionada y repudiada por las entidades de Derechos Humanos de nuestro país y del mundo. Sin embargo, poco o nada han hecho éste y los anteriores gobiernos por resolver esa enorme cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y en que sólo algunos de sus  ejecutores han recibido penas, por lo general, muy discretas. En la constatación, además, que varios de sus cómplices o encubridores han llegado y se mantienen en altos cargos de la administración pública.

En ello se explica que ciertas autoridades de gobierno y de los municipios ordenen aquellas brutales y reincidentes represiones que, al igual que en la Dictadura, se les propina a los estudiantes que se proponen marchar pacíficamente por las calles de Santiago y ciudades regionales. Desoyendo el clamor popular y vecinal, es ilustrativo que el Alcalde de Providencia se niege todavía a restituirle el nombre a una de las principales avenidas de su Comuna, bautizada por él con el nombre de “11 de Septiembre”, a fin de rendirle tributo a  Pinochet, al Golpe de Estado y los crímenes que se cometieron larga y sistemáticamente por los militares y otros agentes del Estado que derrocaron al gobierno constitucional.

El ministro del Interior y otros voceros rasgan vestiduras y atemorizan a la nación constantemente con sus arengas que prometen más “mano dura” y “aplicar todo el peso de la ley” contra los opositores u disidentes. Se escandalizan de la detonación de un artefacto que parece más bien un juego juvenil si se lo compara con ese horrible bombardeo de la Fuerza Aérea contra nuestro principal edificio institucional, en escenas de odio, crimen y destrucción que  el mundo entero rememora con horror en cada mes de septiembre. Se perturban por un bombazo que no tiene para nada el poder de destrucción de toda esa enorme cantidad de minas antipersonales sembradas por nuestras valientes Fuerzas Armadas en nuestra frontera norte para aterrorizar a nuestros vecinos y, finalmente, causarle la muerte o mutilación a innumerables personas. Incluso a los propios soldados encargados ahora de desactivarlas.

Hasta hoy se descubren nuevos episodios criminales como el que nos proporciona una excelente investigación periodística sobre lo acontecido en el centro de exterminio de La Reina en Santiago, donde se descubre la impunidad de que todavía gozan quienes perpetraron la tortura, muerte y desaparición de prácticamente todas las directivas del Partido Comunista que cayeron en manos de un comando operativo financiado y asistido, entre otros, por el empresario Ricardo Claro, quien muriera hace algún tiempo en el reconocimiento y homenaje de los grandes medios de comunicación, de las autoridades del país e, incluso, de la Jerarquía Eclesiástica. Un conspirador y terrorista de larga data y del cual sería saludable alguna expresión de La Moneda y de la clase política tan celosa por la acción de estos jóvenes “anarquistas” que no son más que guatapiqueros frente a quienes manejan el poder de fuego en Chile y lo siguen descargando contra su propio pueblo. Motejandolos de feroces enemigos del “estado de derecho”, de la “paz social” y otras pamplinas que hoy dicen cautelar los golpistas de ayer e instruyendo a sus fiscales para que les armen burdos montajes a fin de incriminarlos y  que, finalmente, no tienen más destino que ser desestimados por los Tribunales.

En la cobertura que nuestra legislación le sigue dando al terrorismo de Estado se explica la mantención de la justicia militar, de sus fiscales y “magistrados” dependientes de las jerarquías castrenses y cuyas resoluciones explican que un cobarde uniformado sea absuelto después de dos sentencias condenatorias, luego de que sus propios abogados defensores se empeñaran más bien en rebajarle la pena que alegar su inocencia. Un gravísimo sobreseimiento que, indudablemente, encenderá la hoguera que vive la Araucanía, desacreditará aún más nuestro sistema institucional y nos causará un enorme daño a nuestra imagen externa. Escenario que siempre resulta propicio para quienes tienen vocación autoritaria, desconfianza profunda por la democracia y desprecio consuetudinario por los principios establecidos por el derecho internacional.