Según el diccionario de la Real Academia, “lucro” significa simplemente “ganancia”. Aquí sostenemos que esta definición es adecuada a la realidad nacional, en el cual el modo capitalista de producción es predominante. Es que “ganancia”, en este contexto, sólo puede ser igual a “beneficio capitalista” (tal como lo define Marx). Por esto, la instalación de la consigna sobre el “lucro” en la actualidad, en tanto tematiza esta realidad estructural, es una fundamental. Las condiciones de posibilidad de su emergencia, tanto como discurso y como bandera de lucha, se explican por la existencia negativa de esta palabra en la Constitución que actualmente nos rige. La misma entiende el lucro en términos jurídicos, de una manera que le sustrae su carácter propio de ganancia (cuestión que explicaremos más abajo). Esta ventana abierta por un concepto que funciona como mero término (sin univocidad), permitió al movimiento estudiantil y social apropiarse de la ambigüedad del discurso y postular una consigna que satisfacía a amplias y heterogéneas fracciones políticas (tanto los legalistas como los “socialistas rosa”, hasta llegar a sectores políticos más radicales –que interpelan la realidad actual desde su raíz-). Aquí postulamos que ha llegado un punto en el cual es necesario dividir aguas y dar a entender qué lucro, si es que designa una realidad material estructural distintiva, sólo puede significar “ganancia capitalista”. Y es sólo contra esta realidad que la demanda del movimiento social actual siquiera podría empezar a instalar una estrategia de lucha meramente reformista. En lo actual:

– Carácter del capitalismo nacional: basado en la plusvalía absoluta (intensificación de la jornada de trabajo, prolongamiento de la misma. Distinto del mecanismo de “plusvalor relativo”, el cual tecnifica el proceso de trabajo –aumento de capital constante- para reducir el costo del trabajo necesario)

– Carácter de la forma de capitalismo mundial, la cual radicaliza la indiferencia del capital por el “valor de uso” (holdings). La idea de holding, como señala Rafael Agacino, supone la reunión en una unidad de dirección (que determina cuánto y dónde se gasta el excedente) de unidades productivas con procesos reúnen valores de uso distintos. El caso de los grupos empresariales actuales es ilustrativo (el grupo Luksic posee un canal de televisión, una embotelladora, mineras, un banco, etc). La generalización de la forma holding, acentúa la tendencia a considerar el “valor de uso” sólo como un medio por parte de los agentes capitalistas (durante otras fases capitalistas la contratendencia, que tenía en cuenta el “valor de uso” era más eminente –hablar de industria maderera como unidad discreta, por ejemplo, tenía algo de sentido-)

-Carácter de la esfera de “producción” educacional: al ser un servicio (categoría que puede ser mantenida en un sentido meramente indicativo, ya que no posee la rigurosidad de un concepto científico marxista –ver Carchedi-) imposibilita estructuralmente la mayor tecnificación del proceso de trabajo (lo que supondría el mecanismo del plusvalor relativo, intrínseco a la idea de que los empresarios de la educación inviertan exclusivamente en sus empresas educacionales). Este argumento se mantiene aún si, de acuerdo a Weller, el carácter distintivo de los servicios bajo la última reestructuración capitalista se desdibuja un tanto (el hecho de que muchos servicios son hoy transferibles (medicina, procesamiento de datos, etc), no perecederos (acumulables-almacenables) y altamente tecnificados (comunicaciones). Lo característico de un “servicio” supone que en su proceso productivo participan tanto sus consumidores como sus productores, así como también el productor y el productor tienden a no diferenciarse, todo lo cual inhibe de nuevo el mecanismo del plusvalor relativo.

– Correlatos prácticos de la entrega de recursos del Estado a privados supuestamente capaces de ofrecer un “bien público”: a) deriva mercantil del Arcis: este proyecto demuestra las limitaciones estructurales con las cuales se enfrente un proyecto que intente instituir lo público fuera del Estado (las prácticas antisindicales, el sesgo en los programas –lo posmoderno de éstos en esta universidad-, y la constitución de un verdadero negocio, nos hablan de esta situación); b) dineros públicos con mayor probabilidad de ser entregados a: 1) universidades como Los Andes (reinvierte sus utilidades casi en su totalidad) y Diego Portales (plantel estudiantil elitizado y formación de la base intelectual del proyecto concertacionista que profundizó el neoliberalismo en Chile); 2) Colegios propiedad de los Matte (seguramente reinvierten todas sus utilidades).

– En términos políticos, la entrega de recursos del Estado a privados supuestamente capaces de ofrecer un “bien público”, significa darle legitimidad política (por el intermedio del Estado, única institución que posee legitimidad política universal mediante la participación electoral) a instituciones que no han sido validadas políticamente por la ciudadanía (la ciudadanía no ha elegido proveerles los recursos necesarios a privados para que abran colegios). Este problema general no se soluciona con democracia interna (aún la más radical), por dos razones: primero, porque cualquier forma democrática no pasa por el cedazo de la ciudadanía en su conjunto, sino sólo por quienes participan en la institución. En esta especie de “democracia a la yugoslava”, se toma como dada la repartición inicial de recursos (ciertos privados que tienen la posibilidad material de generar un proyecto educativo particular). Segundo, porque si no se elimina la selección en estas instituciones privadas que reciben dineros públicos, lo que se efectuaría sería una suerte de “democracia censitaria”. En términos sustantivos, otorgarle dineros a un privado para que implemente el “bien público”  de la educación supone privilegiar a ciertos ciudadanos por sobre otros, omitiendo la necesaria igualdad formal que todo estado moderno le asegura a sus ciudadanos. Más todavía, reafirma la desigualdad constitutiva de la sociedad de clases, en la cual sólo una ínfima porción de la población tiene los recursos materiales para implementar un proyecto educativo propio (y, concomitantemente, reafirma la ideología de estos particulares privilegiados).

– La idea de que los privados puedan implementar el bien público de la educación, supone la noción burguesa de que el desarrollo  de las fuerzas productivas es neutral en términos sociales. Esto porque se asume que la educación es suficientemente neutral como para ser administrada por un particular, el cual sólo debería cumplir ciertos estándares de calidad regulados por el Estado. Por el contrario, el desarrollo de la educación como una fuerza productiva más, supone un carácter social determinado, manifiesto en los contenidos y la forma de la misma. La definición del contenido sustantivo de la educación (el carácter de clase de la educación) sólo podrá ser disputado en el Estado, aquella esfera en la cual la forma ideal del capital (Engels) adquiere un carácter menos directo y las clases explotadas/dominadas se benefician de la igualdad y libertad formales de la ideología burguesa aquí expresadas de manera distintiva. En la esfera particular (sumamente permeable al mercado), las clases explotadas siempre estarán afectas a una desigualdad estructural irrenunciable. Una esfera en la cual este problema se expresa de manera más evidente es el proceso de trabajo capitalista. Mientras el Estado actúa como agente externo y mantiene la propiedad privada de los medios de producción, no puede influir sobre la división social del trabajo ni sobre la división del trabajo social (distinción intraempresa e interempresa construida por Bujarin) de manera sustantiva. Por el contrario, sólo la propiedad estatal (formalmente social, que no deriva mecánicamente en la posesión de los medios de producción por parte de la clase trabajadora) permite al menos la posibilidad de definir los contenidos de la educación como fuerza productiva (división del trabajo inter e intraempresa y definición de los bienes concretos a producir).

– Por lo tanto, la idea de la regulación (que elimina la perspectiva de la expropiación como un paso para la socialización), supone como premisa la neutralidad de las fuerzas productivas bajo el capitalismo.

– En términos de costos, la cantidad de recursos requeridos para tamaña regulación excedería con creces los necesarios si se efectivizara una necesaria expropiación. A esto se suma un problema histórico básico: los últimos 25 años demuestran que el paradigma de la regulación (al menos en el discurso caro a la Concertación) no logra los objetivos que se propone. En un país donde el pago de impuestos es ínfimo (tanto por elusión como por evasión), pedir mayor regulación estatal supone un contrasentido; la única vía es poseer la fuerza de clase necesaria para la expropiación

-Pedir al capital que renuncie a sus determinantes básicas (y las que se suman en esta nueva fase de su desarrollo) es a lo menos ingenuo. En una sociedad capitalista, los privados siempre se verán bajo la compulsión del mercado (no es una cuestión de volición). No se puede renunciar a la ganancia, no se puede renunciar a la indiferencia por el “valor de uso”; no se puede renunciar al despotismo de fábrica (propio de todo proceso productivo bajo una formación capitalista) –de ahí que demandar la democratización en la esfera privada es una falsa alternativa que sólo puede redundar en formalismo-; no se puede renunciar a la historicidad misma del capitalismo nacional durante las últimas tres décadas (basado en la plusvalía absoluta), no se puede renunciar a las determinantes estructurales de lo que se puede denominar indicativamente como un “servicio”; etc.

El énfasis, por tanto, no debe estar puesto en regular la esfera privada (como propone la Cones y ciertas fracciones del movimiento estudiantil), sino en reunir la fuerza necesaria para expropiar a los privados de los recursos que les permiten implementar el proceso productivo que supone la educación. Así, debe desestimarse la acción reguladora sobre el mundo privado como horizonte de mediano plazo, si es que entendemos que un sistema nacional de educación con la legitimidad política suficiente por parte de los productores, requiere ignorar el privilegio que siempre supondrá la educación impartida por particulares y la sustracción de cualquier legitimidad política a un proceso productivo que supone el monopolio de los medios de producción. Los pasos señalados por este camino ya emergen en el movimiento estudiantil: gratuidad con ampliación radical del acceso a la educación superior, estatización con control comunitario de la educación secundaria (también gratuita).

Por una izquierda racional que comprenda que la democratización y socialismo son dos caras de una misma moneda.

Manuel Salgado
Estudiante de Sociología