Paro de funcionarios del Mineduc se mantiene de forma indefinida
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ADIME) anunció la paralización de sus funciones de manera indefinida, debido la creación y puesta en marcha de la Superintendencia del ramo en la Región Metropolitana. Organismo que, según el presidente de la asociación, habría nacido con un “altísimo nivel de improvisación”.
Viernes 7 de septiembre 2012 18:48 hrs.
Este nuevo organismo fiscalizador “no solucionará los problemas de fondo de la educación”, recalcó Alejandro Valenzuela, presidente de la Asición Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ADIME), en entrevista con Semáforo, programa de nuestra emisora. Se refiere a la recién creada Superintendencia de Educación, proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera para hacer frente a las demandas estudiantiles.
En conversación con el periodista Patricio López, Valenzuela aseguró que “la solución debe ser asumida por el Ministerio de Educación y no por otro organismo externo”, ya que es misión de la cartera dependiente del Estado asegurar mayores recursos y atribuciones fiscalizadoras.
Pero además, Valenzuela pone énfasis en que “en la medida en que las sanciones sean débiles, obviamente el incentivo estará puesto en cometer estos ilícitos que generan mayores ganancias”.
De esa manera, Alejandro Valenzuela indicó que “la Superintendencia “generará una división de las funciones que recaen en el Ministerio, que si bien permanecerá como ente rector, focalizará el trabajo en materia financiera y no en los procesos educativos integrales como debiese ser”.
Además, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, no trepida en advertir que “hubo persecución política”, pues “había profesionales de muy alto nivel, que habían sido calificados bien por las autoridades y que fueron expulsados arbitrariamente”. Pero no solo eso. “En 2008 nosotros descubrimos que había aproximadamente seis mil actas de visitas, seis mil fiscalizaciones en terreno que nunca se habían materializado en multas y hoy tuvieron que prescribir”, recuerda Valenzuela, caracterizando esta situación como “una pérdida de recursos humanos de visita a los colegios: una pérdida para el estado”.
La medida que el ministro de Educación, Harold Beyer propuso como “la solución para los problemas que tenemos en fiscalización y asistencia” no ha sido tal. Por el contrario, Valenzuela confirmó que “a un día de que se iniciara la Superintendencia, los trabajadores estábamos absolutamente desinformados. No sabíamos dónde íbamos a trabajar, no sabíamos en qué grado íbamos a quedar, cómo se iba a cancelar nuestra renta. No sabíamos muchas cosas”. Es decir, según Valenzuela, “el nivel de improvisación que ha tenido la autoridad para instalar la superintendencia ha sido altísimo”.
Por ello, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación paralizó sus funciones, lo que ya se extiende por una semana. Sin ser recibidos por el Ministro, se reunieron ayer con el superintendente quien les entregó una propuesta que será evaluada por la planta de trabajadores. No obstante, ante la falta de compromiso de las autoridades, un eventual acuerdo tendría poca viabilidad.
Este nuevo organismo fiscalizador “no solucionará los problemas de fondo de la educación”, recalcó Alejandro Valenzuela, presidente de la Asición Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ADIME), en entrevista con Semáforo, programa de nuestra emisora. Se refiere a la recién creada Superintendencia de Educación, proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera para hacer frente a las demandas estudiantiles.
En conversación con el periodista Patricio López, Valenzuela aseguró que “la solución debe ser asumida por el Ministerio de Educación y no por otro organismo externo”, ya que es misión de la cartera dependiente del Estado asegurar mayores recursos y atribuciones fiscalizadoras.
Pero además, Valenzuela pone énfasis en que “en la medida en que las sanciones sean débiles, obviamente el incentivo estará puesto en cometer estos ilícitos que generan mayores ganancias”.
De esa manera, Alejandro Valenzuela indicó que “la Superintendencia “generará una división de las funciones que recaen en el Ministerio, que si bien permanecerá como ente rector, focalizará el trabajo en materia financiera y no en los procesos educativos integrales como debiese ser”.
Además, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, no trepida en advertir que “hubo persecución política”, pues “había profesionales de muy alto nivel, que habían sido calificados bien por las autoridades y que fueron expulsados arbitrariamente”. Pero no solo eso. “En 2008 nosotros descubrimos que había aproximadamente seis mil actas de visitas, seis mil fiscalizaciones en terreno que nunca se habían materializado en multas y hoy tuvieron que prescribir”, recuerda Valenzuela, caracterizando esta situación como “una pérdida de recursos humanos de visita a los colegios: una pérdida para el estado”.
La medida que el ministro de Educación, Harold Beyer propuso como “la solución para los problemas que tenemos en fiscalización y asistencia” no ha sido tal. Por el contrario, Valenzuela confirmó que “a un día de que se iniciara la Superintendencia, los trabajadores estábamos absolutamente desinformados. No sabíamos dónde íbamos a trabajar, no sabíamos en qué grado íbamos a quedar, cómo se iba a cancelar nuestra renta. No sabíamos muchas cosas”. Es decir, según Valenzuela, “el nivel de improvisación que ha tenido la autoridad para instalar la superintendencia ha sido altísimo”.
Por ello, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación paralizó sus funciones, lo que ya se extiende por una semana. Sin ser recibidos por el Ministro, se reunieron ayer con el superintendente quien les entregó una propuesta que será evaluada por la planta de trabajadores. No obstante, ante la falta de compromiso de las autoridades, un eventual acuerdo tendría poca viabilidad.
Este nuevo organismo fiscalizador “no solucionará los problemas de fondo de la educación”, recalcó Alejandro Valenzuela, presidente de la Asición Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ADIME), en entrevista con Semáforo, programa de nuestra emisora. Se refiere a la recién creada Superintendencia de Educación, proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera para hacer frente a las demandas estudiantiles.
En conversación con el periodista Patricio López, Valenzuela aseguró que “la solución debe ser asumida por el Ministerio de Educación y no por otro organismo externo”, ya que es misión de la cartera dependiente del Estado asegurar mayores recursos y atribuciones fiscalizadoras.
Pero además, Valenzuela pone énfasis en que “en la medida en que las sanciones sean débiles, obviamente el incentivo estará puesto en cometer estos ilícitos que generan mayores ganancias”.
De esa manera, Alejandro Valenzuela indicó que “la Superintendencia “generará una división de las funciones que recaen en el Ministerio, que si bien permanecerá como ente rector, focalizará el trabajo en materia financiera y no en los procesos educativos integrales como debiese ser”.
Además, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, no trepida en advertir que “hubo persecución política”, pues “había profesionales de muy alto nivel, que habían sido calificados bien por las autoridades y que fueron expulsados arbitrariamente”. Pero no solo eso. “En 2008 nosotros descubrimos que había aproximadamente seis mil actas de visitas, seis mil fiscalizaciones en terreno que nunca se habían materializado en multas y hoy tuvieron que prescribir”, recuerda Valenzuela, caracterizando esta situación como “una pérdida de recursos humanos de visita a los colegios: una pérdida para el estado”.
La medida que el ministro de Educación, Harold Beyer propuso como “la solución para los problemas que tenemos en fiscalización y asistencia” no ha sido tal. Por el contrario, Valenzuela confirmó que “a un día de que se iniciara la Superintendencia, los trabajadores estábamos absolutamente desinformados. No sabíamos dónde íbamos a trabajar, no sabíamos en qué grado íbamos a quedar, cómo se iba a cancelar nuestra renta. No sabíamos muchas cosas”. Es decir, según Valenzuela, “el nivel de improvisación que ha tenido la autoridad para instalar la superintendencia ha sido altísimo”.
Por ello, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación paralizó sus funciones, lo que ya se extiende por una semana. Sin ser recibidos por el Ministro, se reunieron ayer con el superintendente quien les entregó una propuesta que será evaluada por la planta de trabajadores. No obstante, ante la falta de compromiso de las autoridades, un eventual acuerdo tendría poca viabilidad.
