Marcos Vásquez, director de la Policía de Investigaciones (PDI) llamó a retiro el pasado jueves al prefecto de la zona occidente, Álvaro Melo, junto al jefe de la Zona Metropolitana, Guillermo Alarcón, debido a sus “responsabilidades de mando” en relación a los 10 detectives que se encuentran imputados por el caso de presunta corrupción al interior de la institución.
La decisión se tomó horas después de que el Primer Juzgado de Garantía decretara prisión preventiva para los efectivos envueltos en la supuesta red de corrupción ligada al narcotráfico, luego de su formalización.
Sin embargo, la situación ha llamado a la reflexión respecto a cuáles son los motivos que generan estas conductas ilícitas dentro de la policía y las medidas que deben adoptarse para su prevención.
Para Lucía Dammert, socióloga y experta en temas de seguridad y crimen, los hechos ponen en duda el profesionalismo de las policías, considerando que últimamente los escándalos en la materia incluyen tanto a la administración de la política de seguridad, como a la gestión de las instituciones.
“Es triste encontrar que aquello que se dijo por tanto tiempo, de los niveles de alto profesionalismo y la modernización de las policías chilenas tiene algunas fisuras. Lo que necesitamos rápidamente es acciones concretas para poder evitar que estas fisuras se conviertan en los problemas que hay en otras policías en América Latina”, indicó la experta.
La directora del programa “Seguridad y Ciudadanía” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile), agregó que además de lo que establezca la Justicia en este caso, “sin duda se abre la necesidad de empezar a revisar cuáles son los mecanismos de control interno y externo de las sanciones policiales”.
En este sentido planteó que también se debe examinar “los niveles de formación, de re entrenamiento, de capacitación constante, de la vinculación con el medio y no poner la culpa en el último encargado de la toma de decisiones, sino más bien tomar la institución como tal”, dijo.
Coincidió en esto, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, quien agregó que existen también otros aspectos a considerar como los mecanismos de selección y fiscalización de la policía.
“Mejorar los mecanismos de selección de los policías, hacerlos más exhaustivos y, por otra parte, la responsabilización, generar los mecanismos internos dentro de las instituciones policiales, en que los mando medios y superiores mantengan un control mas estricto, una observancia más rigurosa del comportamiento de sus policías”, explicó la investigadora.
En conversación con el programa Radioanálisis de nuestra emisora, la académica, además, aseguró que “estos tipos de corrupción no están tan asociados a las remuneraciones”, ejemplificando con el caso de Nicaragua, “que tienen los sueldos más bajos del continente y la corrupción es mínima”.
“ Los niveles de ingreso de la policía no son, necesariamente, un factor determinante para la corrupción, como sí lo es en un contexto más global, de una olicía moderna y de calidad”, añadió Alejandra Mohor.
Entre otras iniciativas, también se ha propuesto que la PDI pase a manos del Ministerio Público, mientras en la Cámara de Diputados ya se conversa la opción de instalar una comisión investigadora sobre el tema.-
Marcos Vásquez, director de la Policía de Investigaciones (PDI) llamó a retiro el pasado jueves al prefecto de la zona occidente, Álvaro Melo, junto al jefe de la Zona Metropolitana, Guillermo Alarcón, debido a sus “responsabilidades de mando” en relación a los 10 detectives que se encuentran imputados por el caso de presunta corrupción al interior de la institución.
La decisión se tomó horas después de que el Primer Juzgado de Garantía decretara prisión preventiva para los efectivos envueltos en la supuesta red de corrupción ligada al narcotráfico, luego de su formalización.
Sin embargo, la situación ha llamado a la reflexión respecto a cuáles son los motivos que generan estas conductas ilícitas dentro de la policía y las medidas que deben adoptarse para su prevención.
Para Lucía Dammert, socióloga y experta en temas de seguridad y crimen, los hechos ponen en duda el profesionalismo de las policías, considerando que últimamente los escándalos en la materia incluyen tanto a la administración de la política de seguridad, como a la gestión de las instituciones.
“Es triste encontrar que aquello que se dijo por tanto tiempo, de los niveles de alto profesionalismo y la modernización de las policías chilenas tiene algunas fisuras. Lo que necesitamos rápidamente es acciones concretas para poder evitar que estas fisuras se conviertan en los problemas que hay en otras policías en América Latina”, indicó la experta.
La directora del programa “Seguridad y Ciudadanía” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile), agregó que además de lo que establezca la Justicia en este caso, “sin duda se abre la necesidad de empezar a revisar cuáles son los mecanismos de control interno y externo de las sanciones policiales”.
En este sentido planteó que también se debe examinar “los niveles de formación, de re entrenamiento, de capacitación constante, de la vinculación con el medio y no poner la culpa en el último encargado de la toma de decisiones, sino más bien tomar la institución como tal”, dijo.
Coincidió en esto, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, quien agregó que existen también otros aspectos a considerar como los mecanismos de selección y fiscalización de la policía.
“Mejorar los mecanismos de selección de los policías, hacerlos más exhaustivos y, por otra parte, la responsabilización, generar los mecanismos internos dentro de las instituciones policiales, en que los mando medios y superiores mantengan un control mas estricto, una observancia más rigurosa del comportamiento de sus policías”, explicó la investigadora.
En conversación con el programa Radioanálisis de nuestra emisora, la académica, además, aseguró que “estos tipos de corrupción no están tan asociados a las remuneraciones”, ejemplificando con el caso de Nicaragua, “que tienen los sueldos más bajos del continente y la corrupción es mínima”.
“ Los niveles de ingreso de la policía no son, necesariamente, un factor determinante para la corrupción, como sí lo es en un contexto más global, de una olicía moderna y de calidad”, añadió Alejandra Mohor.
Entre otras iniciativas, también se ha propuesto que la PDI pase a manos del Ministerio Público, mientras en la Cámara de Diputados ya se conversa la opción de instalar una comisión investigadora sobre el tema.-
Marcos Vásquez, director de la Policía de Investigaciones (PDI) llamó a retiro el pasado jueves al prefecto de la zona occidente, Álvaro Melo, junto al jefe de la Zona Metropolitana, Guillermo Alarcón, debido a sus “responsabilidades de mando” en relación a los 10 detectives que se encuentran imputados por el caso de presunta corrupción al interior de la institución.
La decisión se tomó horas después de que el Primer Juzgado de Garantía decretara prisión preventiva para los efectivos envueltos en la supuesta red de corrupción ligada al narcotráfico, luego de su formalización.
Sin embargo, la situación ha llamado a la reflexión respecto a cuáles son los motivos que generan estas conductas ilícitas dentro de la policía y las medidas que deben adoptarse para su prevención.
Para Lucía Dammert, socióloga y experta en temas de seguridad y crimen, los hechos ponen en duda el profesionalismo de las policías, considerando que últimamente los escándalos en la materia incluyen tanto a la administración de la política de seguridad, como a la gestión de las instituciones.
“Es triste encontrar que aquello que se dijo por tanto tiempo, de los niveles de alto profesionalismo y la modernización de las policías chilenas tiene algunas fisuras. Lo que necesitamos rápidamente es acciones concretas para poder evitar que estas fisuras se conviertan en los problemas que hay en otras policías en América Latina”, indicó la experta.
La directora del programa “Seguridad y Ciudadanía” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile), agregó que además de lo que establezca la Justicia en este caso, “sin duda se abre la necesidad de empezar a revisar cuáles son los mecanismos de control interno y externo de las sanciones policiales”.
En este sentido planteó que también se debe examinar “los niveles de formación, de re entrenamiento, de capacitación constante, de la vinculación con el medio y no poner la culpa en el último encargado de la toma de decisiones, sino más bien tomar la institución como tal”, dijo.
Coincidió en esto, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, quien agregó que existen también otros aspectos a considerar como los mecanismos de selección y fiscalización de la policía.
“Mejorar los mecanismos de selección de los policías, hacerlos más exhaustivos y, por otra parte, la responsabilización, generar los mecanismos internos dentro de las instituciones policiales, en que los mando medios y superiores mantengan un control mas estricto, una observancia más rigurosa del comportamiento de sus policías”, explicó la investigadora.
En conversación con el programa Radioanálisis de nuestra emisora, la académica, además, aseguró que “estos tipos de corrupción no están tan asociados a las remuneraciones”, ejemplificando con el caso de Nicaragua, “que tienen los sueldos más bajos del continente y la corrupción es mínima”.
“ Los niveles de ingreso de la policía no son, necesariamente, un factor determinante para la corrupción, como sí lo es en un contexto más global, de una olicía moderna y de calidad”, añadió Alejandra Mohor.
Entre otras iniciativas, también se ha propuesto que la PDI pase a manos del Ministerio Público, mientras en la Cámara de Diputados ya se conversa la opción de instalar una comisión investigadora sobre el tema.-
