El año 2003 por primera vez ingresó al Parlamento un proyecto que intentaba regular el lobby, el cual luego de una larga discusión fue archivado. En 2008 el Ejecutivo envió otro, que permanece en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La iniciativa se estancó luego que en mayo de este año el Gobierno hiciera indicaciones que reformaron completamente su sentido, cambiando el foco desde el lobbysta hacia la autoridad o funcionario público. Esto, porque se eliminó la idea de crear un registro de lobbystas y se hizo énfasis en un registro público de agenda, en que las autoridades den cuenta de cada una de sus reuniones y viajes, a quiénes involucraron y cuáles fueron sus motivos.
Las indicaciones no generaron consenso entre los legisladores y el proyecto permanece con urgencia simple en la Cámara hasta hoy.
La Fundación Ciudadano Inteligente valoró el registro de agenda, pero sostuvo que se debería complementar con el registro de lobbystas para saber quiénes realizan estas funciones.
Manuel Aris, jefe del área de Incidencias de la entidad, explicó que “no siempre las autoridades tienen el incentivo de publicar lo que realizan en sus agendas”.
En ese sentido, ejemplificó con la conducta del propio ministro Cristián Larroulet: “Esta indicación nace desde la Secretaría General de la Presidencia, donde está el ministro Larroulet. En su página web, él hace pública su agenda pero, por ejemplo, no publicó una reunión que tuvo hace algunos meses con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), en que probablemente trató el tema de los correos electrónicos que se está tratando en el TC por un problema con el Consejo para la Transparencia. Entonces cuando solo regulas a la autoridad y le pides que haga pública su agenda, nada te garantiza que por otro lado también se pueda estar haciendo lobby. Por eso es importante que la actividad esté regulada”, dijo.
Entre los proyectos o leyes que han sufrido mayores presiones están el que regula la actividad pesquera, de las tabacaleras, de rotulado de alimentos y la instalación de antenas de telefonía móvil, de acuerdo a denuncias que han hecho los mismos parlamentarios.
¿Quiénes hacen lobby en el Congreso? Manuel Aris, de Ciudadano Inteligente, indicó que “mientras no tengamos una legislación que obligue el registro de los lobbystas, nunca vamos a tener certeza de quiénes son. Sabemos que hay empresas de comunicaciones, de asesorías, consultoras, que son contratadas por grupos de interés que quieren afectar la legislación de ciertos proyectos”.
No obstante, el especialista precisó que “también hacemos lobby desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, porque queremos que los proyectos tengan ciertos contenidos que nos interesan. Si no hay problema con que se haga lobby, todos estamos interesados en asesorar a quienes toman nuestras decisiones, pero esa asesoría tiene que hacerse de manera transparente y de cara a la ciudadanía”.
El estancamiento que tuvo la iniciativa, sin embargo, podría llegar a su fin durante noviembre. El diputado Cristián Monckeberg (RN), presidente de la comisión en que se encuentra el proyecto, informó que el Gobierno prepara modificaciones que repondrían el registro de lobbystas, lo que podría allanar la discusión.
“El Gobierno está preparando las correcciones que dicen relación principalmente con crear un registro de lobbystas. Vale decir, no solamente tienen que ser las autoridades que puedan ser objeto de lobby quienes informen de reuniones o contactos que tengan con empresas de lobby, sino que también los lobbystas que están al otro lado tengan la obligación de registrarse, se sepa que existen y se sepa cuáles son. He conversado con el Gobierno extraoficialmente y están preparando las modificaciones que permitan crear ese registro, así que creo que pronto vamos a estar con una ley, al menos, despachada desde la Cámara de Diputados”, adelantó.
El año 2003 por primera vez ingresó al Parlamento un proyecto que intentaba regular el lobby, el cual luego de una larga discusión fue archivado. En 2008 el Ejecutivo envió otro, que permanece en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La iniciativa se estancó luego que en mayo de este año el Gobierno hiciera indicaciones que reformaron completamente su sentido, cambiando el foco desde el lobbysta hacia la autoridad o funcionario público. Esto, porque se eliminó la idea de crear un registro de lobbystas y se hizo énfasis en un registro público de agenda, en que las autoridades den cuenta de cada una de sus reuniones y viajes, a quiénes involucraron y cuáles fueron sus motivos.
Las indicaciones no generaron consenso entre los legisladores y el proyecto permanece con urgencia simple en la Cámara hasta hoy.
La Fundación Ciudadano Inteligente valoró el registro de agenda, pero sostuvo que se debería complementar con el registro de lobbystas para saber quiénes realizan estas funciones.
Manuel Aris, jefe del área de Incidencias de la entidad, explicó que “no siempre las autoridades tienen el incentivo de publicar lo que realizan en sus agendas”.
En ese sentido, ejemplificó con la conducta del propio ministro Cristián Larroulet: “Esta indicación nace desde la Secretaría General de la Presidencia, donde está el ministro Larroulet. En su página web, él hace pública su agenda pero, por ejemplo, no publicó una reunión que tuvo hace algunos meses con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), en que probablemente trató el tema de los correos electrónicos que se está tratando en el TC por un problema con el Consejo para la Transparencia. Entonces cuando solo regulas a la autoridad y le pides que haga pública su agenda, nada te garantiza que por otro lado también se pueda estar haciendo lobby. Por eso es importante que la actividad esté regulada”, dijo.
Entre los proyectos o leyes que han sufrido mayores presiones están el que regula la actividad pesquera, de las tabacaleras, de rotulado de alimentos y la instalación de antenas de telefonía móvil, de acuerdo a denuncias que han hecho los mismos parlamentarios.
¿Quiénes hacen lobby en el Congreso? Manuel Aris, de Ciudadano Inteligente, indicó que “mientras no tengamos una legislación que obligue el registro de los lobbystas, nunca vamos a tener certeza de quiénes son. Sabemos que hay empresas de comunicaciones, de asesorías, consultoras, que son contratadas por grupos de interés que quieren afectar la legislación de ciertos proyectos”.
No obstante, el especialista precisó que “también hacemos lobby desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, porque queremos que los proyectos tengan ciertos contenidos que nos interesan. Si no hay problema con que se haga lobby, todos estamos interesados en asesorar a quienes toman nuestras decisiones, pero esa asesoría tiene que hacerse de manera transparente y de cara a la ciudadanía”.
El estancamiento que tuvo la iniciativa, sin embargo, podría llegar a su fin durante noviembre. El diputado Cristián Monckeberg (RN), presidente de la comisión en que se encuentra el proyecto, informó que el Gobierno prepara modificaciones que repondrían el registro de lobbystas, lo que podría allanar la discusión.
“El Gobierno está preparando las correcciones que dicen relación principalmente con crear un registro de lobbystas. Vale decir, no solamente tienen que ser las autoridades que puedan ser objeto de lobby quienes informen de reuniones o contactos que tengan con empresas de lobby, sino que también los lobbystas que están al otro lado tengan la obligación de registrarse, se sepa que existen y se sepa cuáles son. He conversado con el Gobierno extraoficialmente y están preparando las modificaciones que permitan crear ese registro, así que creo que pronto vamos a estar con una ley, al menos, despachada desde la Cámara de Diputados”, adelantó.
El año 2003 por primera vez ingresó al Parlamento un proyecto que intentaba regular el lobby, el cual luego de una larga discusión fue archivado. En 2008 el Ejecutivo envió otro, que permanece en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La iniciativa se estancó luego que en mayo de este año el Gobierno hiciera indicaciones que reformaron completamente su sentido, cambiando el foco desde el lobbysta hacia la autoridad o funcionario público. Esto, porque se eliminó la idea de crear un registro de lobbystas y se hizo énfasis en un registro público de agenda, en que las autoridades den cuenta de cada una de sus reuniones y viajes, a quiénes involucraron y cuáles fueron sus motivos.
Las indicaciones no generaron consenso entre los legisladores y el proyecto permanece con urgencia simple en la Cámara hasta hoy.
La Fundación Ciudadano Inteligente valoró el registro de agenda, pero sostuvo que se debería complementar con el registro de lobbystas para saber quiénes realizan estas funciones.
Manuel Aris, jefe del área de Incidencias de la entidad, explicó que “no siempre las autoridades tienen el incentivo de publicar lo que realizan en sus agendas”.
En ese sentido, ejemplificó con la conducta del propio ministro Cristián Larroulet: “Esta indicación nace desde la Secretaría General de la Presidencia, donde está el ministro Larroulet. En su página web, él hace pública su agenda pero, por ejemplo, no publicó una reunión que tuvo hace algunos meses con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), en que probablemente trató el tema de los correos electrónicos que se está tratando en el TC por un problema con el Consejo para la Transparencia. Entonces cuando solo regulas a la autoridad y le pides que haga pública su agenda, nada te garantiza que por otro lado también se pueda estar haciendo lobby. Por eso es importante que la actividad esté regulada”, dijo.
Entre los proyectos o leyes que han sufrido mayores presiones están el que regula la actividad pesquera, de las tabacaleras, de rotulado de alimentos y la instalación de antenas de telefonía móvil, de acuerdo a denuncias que han hecho los mismos parlamentarios.
¿Quiénes hacen lobby en el Congreso? Manuel Aris, de Ciudadano Inteligente, indicó que “mientras no tengamos una legislación que obligue el registro de los lobbystas, nunca vamos a tener certeza de quiénes son. Sabemos que hay empresas de comunicaciones, de asesorías, consultoras, que son contratadas por grupos de interés que quieren afectar la legislación de ciertos proyectos”.
No obstante, el especialista precisó que “también hacemos lobby desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, porque queremos que los proyectos tengan ciertos contenidos que nos interesan. Si no hay problema con que se haga lobby, todos estamos interesados en asesorar a quienes toman nuestras decisiones, pero esa asesoría tiene que hacerse de manera transparente y de cara a la ciudadanía”.
El estancamiento que tuvo la iniciativa, sin embargo, podría llegar a su fin durante noviembre. El diputado Cristián Monckeberg (RN), presidente de la comisión en que se encuentra el proyecto, informó que el Gobierno prepara modificaciones que repondrían el registro de lobbystas, lo que podría allanar la discusión.
“El Gobierno está preparando las correcciones que dicen relación principalmente con crear un registro de lobbystas. Vale decir, no solamente tienen que ser las autoridades que puedan ser objeto de lobby quienes informen de reuniones o contactos que tengan con empresas de lobby, sino que también los lobbystas que están al otro lado tengan la obligación de registrarse, se sepa que existen y se sepa cuáles son. He conversado con el Gobierno extraoficialmente y están preparando las modificaciones que permitan crear ese registro, así que creo que pronto vamos a estar con una ley, al menos, despachada desde la Cámara de Diputados”, adelantó.
