Cerrar el Penal Cordillera y trasladar a todos los internos a Punta Peuco fue la recomendación que realizó la  Comisión de Reducción de Condenas, presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos.

La sugerencia quedó plasmada en un informe que tomó en consideración la polémica que se generó con la creación del recinto penitenciario en 2005, que acogió al ex director de la DINA, Manuel Contreras y a otros ex militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, como Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff. Las críticas se referían a que el nuevo centro de detención era un “traje a la medida” para los ex militares condenados.

Entre las conclusiones, se detalla que su dotación de 82 funcionarios “no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, al que podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera, y que al día de la visita contaba con cupos e instalaciones suficientes”.

“Su población penal asciende a 44 internos cuya calidad común es la de ser oficiales y suboficales en retiro del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería que purgan altas penas por delitos de gran connotación pública como homicidio calificado y secuestro calificado”, expresa el texto y agrega que  “se alojan en habitaciones individuales con baño privado y cuentan con comedores, salas de lectura, cancha de tenis, salas de ejercicios y amplios jardines”.

De acogerse la recomendación de la comisión, quedarían juntos en un mismo penal todos los condenados por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, tanto de la DINA como de la CNI.

En Punta Peuco ya cumplen condena Álvaro Corbalán y Hugo Salas Wenzel.