En estos días la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados está analizando el Proyecto de Ley de Fomento Forestal, que extiende por 20 años el Decreto Ley 701, clave del desarrollo y la  consolidación del actual modelo forestal chileno.

Este decreto ya ha sido modificado y actualmente está a punto de expirar, el 1 de enero del 2012, por lo que se está buscando una forma de extenderlo y modificar algunos aspectos para permitir que nuevos actores se incorporen a la industria.

Sin embargo, ya hay críticos a la iniciativa. Sergio Donoso, presidente de la Agrupación de Ingenieros por el Bosque Nativo, afirmó que el proyecto no considera medidas de protección ambiental vitales para regular prácticas de empresas y propietarios forestales.

En este sentido, el dirigente de los ingenieros por el Bosque Nativo dijo que “se creó con una mirada de los años 70 donde las necesidades de resolver los problemas ambientales y sociales no estaban muy presentes. Esa situación ha cambiado y claramente el proyecto de ley no se hace cargo de esas dimensiones. Tenemos escenarios de cambio climático, donde parece razonable tomar medidas de carácter precautorio, en eso colocó especial énfasis en la relación de las plantaciones, los monocultivos vinculados al consumo de agua y por lo tanto a la carencia”.

Donoso señaló que el proyecto no garantiza que miles de pequeños y medianos propietarios sean beneficiarios directos del fomento forestal, ya que hay una clara intención de aumentar en casi un millón y medio  las plantaciones forestales exóticas como el pino y el eucaliptus, con lo que se mantiene el panorama y se sigue degradando el bosque nativo.

Respecto de las  críticas respondió el diputado UDI, Javier Hernández, integrante de la comisión de Agricultura: “Tenemos buena disposición de aprobarlo y avanzar, ha ido creciendo la discusión respecto de tratar de buscar equilibrios y proteger todo lo que significa el ecosistema, el medio ambiente y tratar sobre todo que se resguarden los cursos de agua, pero no todos vamos a poder lograrlo en esta ley, porque esta ley que solamente incentiva la forestación. Vamos a tratar de cuidar algunos aspectos, pero en definitiva lo que pretende es ayudar a los pequeños y medianos agricultores”.

El parlamentario afirmó que se están alcanzando consensos como que los fondos a los que se puede acceder no sean vía concursable, sino que se entreguen de forma directa a los pequeños emprendedores. Sin embargo, Donoso añadió que esto no tiene mayores efectos si el Estado no se hace cargo del desarrollo local y la capacitación.

Además, afirmó que al ingresar con suma urgencia, se están discutiendo temas muy delicados y con impacto a largo plazo. Con esto coincidió el diputado DC, también miembro de la Comisión, Fuad Chaín, quien añadió que se pretende regular una mirada incompleta del escenario ambiental de nuestro país.

En esa línea, el parlamentario de la DC dijo que “no podemos legislar con una ley que el propio Gobierno ha reconocido como una ley parche por veinte años, esto debido a que no existe la institucionalidad pública que efectivamente pueda fiscalizar y regular de forma adecuada la expansión forestal en Chile, ya que la Conaf es una corporación de derecho privado y el propio Tribunal Constitucional dice que carece de potestades para poder seguir ejerciendo facultades que debieran tener instituciones públicas. Me parece que un proyecto de emergencia no puede pretender una duración de veinte años”.

El diputado añadió que el proyecto tiene muchos vacios y una debilidad de origen, ya que no fue consultado a los pueblos indígenas según los lineamientos del convenio 169 de la OIT, por lo que podría tener un vicio de inconstitucionalidad de forma. En ese sentido sugirió se extienda por un plazo máximo de 4 años para poder contar con la CONAF Pública y que ésta regulación se integre de manera adecuada a la totalidad de la reforma ambiental.