Después de la invasión española y posterior colonización de nuestra Abya Yala  por la entonces potencia ibérica, el territorio conocido como la Mosquitía, es decir la costa caribeña de Centroamérica perteneció  a Nicaragua cuando era una provincia de la Audiencia de Guatemala, creada por el Emperador  Carlos V en 1542. Las Recopilaciones de las leyes de Indias de las Reales Cédulas  para las Colonias de América dejaron claramente establecido que las islas de la costa de las provincias integrantes de dicha audiencia pertenecían a ella.

Dos siglos después, en 1739,  cuando se refundó el Virreinato de Santa Fe, que se había creado originalmente en 1717 y extinguido en 1723, con sede principal en la actual capital de Colombia, las islas del Mar Caribe que quedaban al noroeste de Panamá seguían perteneciendo a Guatemala.

A raíz del abandono de la costa Caribe centroamericana por parte de las autoridades españolas y las constantes incursiones inglesas a la región, el Ministerio de la Guerra encargó a las autoridades del Virreinato de Santa Fe que se hiciera cargo de la vigilancia y defensa de la Costa de la Mosquitía el 20 de noviembre de 1803 a través de una Real Orden. Sin embargo, en ningún momento segregaron dichos territorios insulares de la Audiencia de Guatemala. Debe constar además  que en la legislación colonial española una Real Orden tiene un valor jurídico subordinado a la Cédula Real.  Las primeras eran disposiciones emitida por un ministro en uso de sus atribuciones, mientras que las segundas eran expresión directa de la voluntad del monarca. En esa medida eran firmadas por él.

De esta manera se consumó el inicio de un conflicto que como casi todos los que ha habido a través de la historia de la región tiene su origen en una decisión de la metrópoli que fue heredada por las naciones americanas al concretarse la Independencia. Las oligarquías que usurparon el poder al construirse los estados nacionales en el continente transformaron estas disputas en  banderas para el control de la economía y el dominio de los pueblos, mientras se subordinaban a la hegemonía imperial británica en el siglo XIX y estadounidense en el XX. Surgieron así, atribuidos desde la élite, contradicciones y odios que en algunos casos persisten y alejan a nuestros pueblos de su voluntad integracionista desviándolos del espíritu bolivariano que permite construir la nación de naciones que proyectara el Libertador. Esta visión estuvo presente el 15 de marzo de 1825 cuando se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre la Federación de Centroamérica y la República de Colombia, -conocido como tratado Molina-Gual- en el que ambas partes se comprometen a “…respetar sus límites como están al presente reservándose el hacer amistosamente, por medio de una convención especial la demarcación de la línea divisoria de uno y otro Estado…”

Así, la contienda que motiva estas líneas estableció un motivo permanente de conflicto entre Colombia y Nicaragua que se ha mantenido hasta el momento actual y sobre el cual la Corte internacional de Justicia de La Haya (CIJ) acaba de fallar el pasado lunes 19 de noviembre.

El diferendo limítrofe entre las dos naciones se mantuvo a través del siglo XIX y las primeras décadas del XX. En ese período, Nicaragua se separó de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica y en 1838 se transformó en república independiente. Por su parte, Colombia salió en 1830 del ente del mismo nombre creado en 1819 durante el Congreso de Angostura, constituyéndose en la República de Nueva Granada la que en 1866 tomó su nombre actual. En 1903 sufrió el desmembramiento de la provincia de Panamá que se estableció como Estado independiente. En todo ese período los documentos constitutivos de ambas naciones con sus nuevos nombres y delimitaciones territoriales fueron arrastrando el  problema adquirido desde la colonia.

Esta situación se mantuvo hasta que el 24 de marzo de 1928 se firmó el Tratado Bárcenas-Esguerra por el cual Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua entre el cabo Gracias a Dios y el Río San Juan, incluyendo las islas del Maíz y Nicaragua la de Colombia en las Islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás islas e islotes de ese archipiélago. Este tratado dejó dos temas sin resolver, el de la soberanía sobre siete cayos que se encuentran a un poco más de 300 millas de la costa de Colombia y 90 de la de Nicaragua. Por otro lado quedó sin disipar la definición de los límites, toda vez que Nicaragua agregó la reserva de que ninguna parte del archipiélago mencionado se encontraba al oeste del meridiano 82°, lo que fue aceptado por Colombia. La revista Semana de Bogotá en su edición 1594 de  19 a 26 de noviembre de 2012 lo explica de la siguiente manera al referirse al tema de límites en el Tratado de 1928 “…desde entonces, y durante casi 80 años, Colombia estuvo convencida de que la frontera entre los dos países era el meridiano 82. Todo porque en el canje de notas con el que se probó el tratado de 1928 se decía que el archipiélago de San Andrés no iba más allá de ese meridiano” Sobre este tema, la Corte Internacional de Justicia, falló en 2007 diciendo que no era un límite sino una línea de ubicación.

Sin embargo, es válido decir que en el momento en que Nicaragua firmó el mencionado Tratado Bárcenas-Esguerra, se encontraba ocupada por las tropas estadounidenses. En su mensaje al Congreso del 10 de enero de 1927, el presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge, lo justificaba de la siguiente forma “Estados Unidos se halla en una peculiar situación de responsabilidad de construir un canal a través de Nicaragua,  a nuestros intereses en el canal de Panamá y a nuestras inversiones financieras en la región. Si bien Estados Unidos no desea intervenir en los asuntos internos  de los países centroamericanos, jamás podremos permanecer indiferentes ante los acontecimientos que se desarrollan allí en posible perjuicio a nuestros intereses. Cualquier amenaza a la estabilidad de Nicaragua será vista con preocupación y podría resultar en la adopción de medidas necesarias destinadas a proteger las vidas y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses”. Aunque no deseaba intervenir, lo hizo. La respuesta fue la creación de lo que Gabriela Mistral llamó el “Pequeño Ejército Loco” que con el general de Hombres Libres Augusto C. Sandino a la cabeza luchó hasta expulsar a los soldados norteamericanos de su territorio.

Ese fue el fundamento para que el primer gobierno digno que tuviera Nicaragua en su historia, surgido de una revolución popular, a tan sólo un año de haber tomado el poder en 1979 impugnara la validez de un acuerdo internacional firmado bajo la égida imperial de Estados Unidos. Esta reclamación  es la que motivó el fallo de la CIJ el pasado 19 de noviembre de forma unánime y con carácter inapelable.

La Corte fijó el límite alrededor de 531 km. más al este de donde se “encontraba” en el meridiano 82° hasta cerca del meridiano 79º, reconociéndole a Nicaragua la soberanía de dichas aguas comenzando de las 200 millas náuticas desde sus costas. Como contrapartida, reconoció la soberanía de Colombia sobre parte de las aguas y todas las islas y cayos en disputa.

Las repercusiones en ambos países no se hicieron esperar. El presidente Santos dijo que su gobierno no descartará “…ningún recurso o mecanismo del derecho internacional para defender los derechos de los colombianos.” Expresó que “…Colombia rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones. La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente”.

Evidentemente presionado por los sectores de derecha ultra nacionalistas representados por el ex presidente Uribe que llamó a  rechazar el fallo y a salirse de la CIJ, el presidente Santos tendrá que pagar su osadía por haber asegurado día antes del veredicto que” No cabe miedo. La Corte confirmará la soberanía de Colombia sobre los cayos”. Pero, la cancillería colombiana, experta en estas lides durante doscientos años sabía que esto podía pasar. Con timidez bajo la presión de las posiciones nacionalistas extremas, la Canciller Holguín había dicho  “Nadie está preparado para que digan ´este pedacito ya no es de Ustedes`, tenemos que tener la mente en que cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas que ha tenido la Corte”. Sin embargo, ha sido el almirante retirado ^[]Gabriel Arango Bacci, quién manifestó el verdadero tema de fondo al advertir  “…que el fallo afectará a Colombia en lo que atañe a la seguridad, pues en esa zona marítima suelen operar actividades ilícitas relacionadas al tráfico de personas, de dólares, de drogas, y de armas, las cuales el país las enfrentaba con dureza. “¿Qué va a pasar ahora?, es algo incierto”.

Esta decisión le quita a las fuerzas armadas colombianas la hipótesis de conflicto limítrofe con Nicaragua y la posibilidad de seguir patrullando aguas que ya no están bajo su soberanía. Las consecuencias son de diferente índole y deberán ser estudiadas a futuro.

Mientras tanto el presidente  de Nicaragua al celebrar el fallo, expresó la preocupación de su gobierno por las palabras de su colega colombiano, pero aseguró a sus “sus hermanos sanandresanos” que podrían desplazarse sin problemas por las aguas nicaragüenses, sepultando de esa manera otra conjeturas acerca de un problema potencial.

Ha triunfado la paz y la justicia. Los latinoamericanos y caribeños nos debemos congratular por ello.