El Gobierno defendió este martes la aprobación  condicionada que efectuó el Comité de Ministros al proyecto termoeléctrico Punta Alcalde a realizarse en la localidad del Huasco.

El ministro de Economía, Pablo Longueira, dijo que se trata de una inversión importante, destacando que el acuerdo para reducir emisiones es un ejemplo de gestión ambiental.

También celebró la aprobación el titular de Minería, Hernán de Solminihac, mientras que en el empresariado, el presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC) Lorenzo Constans, celebró lo que calificó como “una buena noticia para todo el país”.

“Yo creo que aquí de lo que se trata es que se cumpla la normativa. Si las empresas se apegan a todos los requisitos que la autoridad les ha impuesto, que son además reglamentaciones que se aplican a nivel mundial, es una buena noticia. Esto es positivo para todo el aparato productivo, pero también para los consumidores”, aseguró.

Sin embargo, sumándose a los reparos presentados por organizaciones civiles y por el mismo alcalde del Huasco, Rodrigo Loyola, el director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, planteó distintas inquietudes.

El académico dijo que no se han podido corregir las irregularidades del sistema, donde se enfrentan las opiniones técnicas de los seremis que rechazaron el proyecto hace varios meses, por sobre las decisiones políticas del comité de ministros.

“La comunidad no quiere conflictos y creo que las empresas tampoco. Pero los porfiados hechos están indicando que las cosas se siguen haciendo mal. Se sigue pasando por alto la opinión de la comunidad. Se dan situaciones de incongruencias entre las posturas de un organismo que se supone es técnico calificado y la decisión política. Ahí entramos en un tema no resuelto de cuánta proporción hay en estas decisiones de un componente político y otro técnico”, precisó el jurista.

Además, Montenegro, agregó que la medida de compensación ofrecida por ENDESA y la filial de la Compañía de Aceros del Pacífico, de instalar de filtros para el control de emisiones, es un supuesto que incluso ha fallado en otras ocasiones.

“Hay experiencias donde las cosas han ido peor como fue en el caso de Codelco -Ventanas. No hay nadie que asegure que esas medidas realmente van a contener las emisiones y va a sanearse la situación. Estamos funcionando sobre la base de supuestos y lo más grave es que Huasco ha sido declarada zona saturada de esos mismos contaminantes, entonces es inexplicable cómo se aprueba un proyecto en una zona que está así de grave”, señaló el experto.

El director del CDA respalda la judicialización que anunció el alcalde Loyola, la que será apoyada también por el senador Guido Girardi y a la que se suman las movilizaciones encabezadas por la Brigada SOS Huasco.

En ese sentido, el coordinador  de la iniciativa, Juan Carlos Labrín, indicó que “lo más seguro es que tendremos un calendario de acciones a seguir en conjunto, tanto por la vía legal y a través de movilizaciones. Hemos estado activos desde que estalló lo de Agrosuper y seguiremos así”.

Esta, y otras organizaciones ambientales y de la zona, están buscando asesorías jurídicas que significarían finalmente nuevas acciones en contra de la decisión de las autoridades de Gobierno.