Son dos vías mediante las cuales el Ejecutivo busca “dar soluciones” concretas a las dificultades que enfrentan las empresas para invertir en Chile, que dicen relación con el costo de la energía, la llamada “incerteza jurídica” y las trabas burocráticas.

El primer camino es un paquete de 20 modificaciones reglamentarias, entre las que se incluyen simplificar los procedimientos de concesiones mineras y geotérmicas, elaborar una guía técnica de exigencias para la evaluación de proyectos medioambientales y licitar terrenos fiscales en el norte, para 29 planes de desarrollo productivo.

El otro es un proyecto de ley, que busca modificar diferentes normativas tendientes a acelerar los proyectos de inversión y no, según remarcó el ministro de Economía, Pablo Longueira, para disminuir las exigencias medioambientales.

“Lo único que nosotros buscamos con estas medidas es perfeccionar para que hayan más certezas jurídicas para evitar burocracia y que terminemos judicializando los proyectos. Lo que ninguna de estas medidas hacen es bajar requisitos, sino precisan, ordenan y evitan duplicidades y burocracia innecesaria”, afirmó el secretario de Estado.

Sin embargo, y a la espera de conocer el escrito final, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, tuvo una apreciación distinta.

“Lo que aparentemente hay es tratar de facilitar inversión minera, eléctrica, con una mirada sumamente desarrollista neoliberal en la cual pareciera que extraer recursos naturales e invertir es lo más importante para el país, sin consideraciones ni sociales ni socioambientales más sustentables”, dijo.

Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas, compartió este análisis y añadió, en relación a las 20 medidas, que, por la vía administrativa, se está allanando el camino para “darle luz verde a los proyectos hidroeléctricos que tienen materias pendientes”.

A modo de ejemplo, el ambientalista se remitió al punto 2 de la agenda Pro Inversión, que establece la eliminación de “vacíos regulatorios”, que, supuestamente, impiden la tramitación de proyectos a terceros.

“Claramente esto está pensando que Hidroaysén hoy no tiene los derechos de agua porque hay otras solicitudes de usuarios de la zona para el turismo, el riego, que también han pedido solicitud de agua y que están en la DGA en un orden de prelación anterior al de Hidroayén. Aquí quieren que las aguas sean solo de los grandes y no haya ningún chico que se interponga en el gran negocio”, comentó.

Por su parte, Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, indicó que los trámites que se intentan eliminar, más conocidos como “lomos de toro”, son necesarios para la preservación del medioambiente y la salud de las comunidades.

En este sentido, Rendón criticó la reducción de los plazos con los que contará Sernageomin, para elaborar los informes técnicos necesarios para la entrega de concesiones mineras.

“Los informes del Sernageomin son muy relevantes en estos casos porque son los que permiten precaver que puedan haber derrumbes de estos embalses que pueden afectar o el medioambiente o a las comunidades. Acá se acortan los plazos y lo que uno se podría preguntar es si éste va de la mano con un aumento del Presupuesto de estos servicios para que puedan tener los profesionales suficientes para que en un plazo más breves puedan tener informes completos y no simplemente empezar a ponerle timbre a los proyectos sin una evaluación cumplida”, manifestó el ambientalista.

El dirigente cuestionó, además, el supuesto carácter de “competividad e inversión” impreso en la agenda, señalando que “es un esfuerzo por consagrar la concentración del mercado minero y energético”.