Este martes 11 es el Día Internacional de las Montañas, fecha instaurada en 2003 por la ONU para crear conciencia global respecto de la importancia que tienen las montañas para la vida humana y los ecosistemas.

Aparte de una pequeña celebración para niños de carácter educativo, que anunció el Ministerio de RR.EE., es preocupante la escasa valoración que existe en Chile no solo de la fecha, sino que de medidas concretas a favor de las montañas y de los glaciares que existen en ellas. Algo que cobra especial fuerza si consideramos que en nuestro país existen 20 mil kilómetros cuadrados de glaciares, de los 26 mil que hay en el continente Sudamericano.

En una nación como la nuestra, donde el 70% de la población se abastece del agua proveniente de la regulación glaciar de las zonas alto-andinas, contar con estas reservas es fundamental para asegurar el agua potable de la población, la mantención del medioambiente y de actividades económicas como la agricultura, la minería, la generación eléctrica, la industria y los centros urbanos.

Así lo han entendido amplios sectores ciudadanos, académicos y económicos. Sin embargo, industrias como la minería ha probado ser altamente nociva para la conservación glaciar, que se vinculan con la construcción de caminos, uso de explosivos, derrames de aceite, petróleo y tóxicos y la sepultación de glaciares bajo botaderos de material de descarte. Esta práctica ha provocado además contaminación y acidificación de las aguas que escurren hacia los ríos, debido a la reacción química del material extraído en contacto con la atmósfera.

Importantes académicos internacionales, como Alexander Brenning, han estimado en 3,6 kilómetros cuadrados de superficie glaciar destruida, equivalente a la pérdida de más de 30 millones de metros cúbicos de agua, debido a explotaciones mineras en el país, entre 1988 y 2001.

Proyectos como Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, intervino los glaciares Esperanza, Toro I y Toro II. Pero también la División Andina de Codelco ha reducido irremediablemente la magnitud de recarga glaciar y seguridad hídrica de la cuenca del Aconcagua; Los Pelambres ha desarrollado desde el año 2005 actividades de explotación minera en la cuenca superior del río Choapa generando graves impactos sobre los recursos hídricos y afluentes de dicha cuenca y Anglo American destruyó en las cuencas altas y afluentes de los ríos Mapocho y Maipo, casi un 1 km2 de glaciares y ahora anuncia la inminente expansión de los Bronces que afectará el glaciar La Paloma, en el Santuario Natural de Yerba Loca, que es una de las mayores reservas de agua para la cuenca de Santiago.

Para poner atajo a esta depredación, organizaciones ecologistas, encabezadas por Chile Sustentable y agricultores reunidos en la Sociedad Nacional de Agricultura presentaron en 2006 al gobierno un proyecto de Ley para la Protección de Glaciares que, en síntesis, establecía la protección de éstos como  objetos de seguridad estratégica para el mantenimiento de los ecosistemas, el abastecimiento de las poblaciones humanas y las actividades productivas. Además estableció una clasificación y la protección de todos los glaciares, un Registro Nacional de Glaciares transitorio, y el establecimiento de actividades restringidas y prohibidas de realizarse en glaciares.

A pesar del compromiso de patrocinar dicho texto de Ley, el gobierno de Michelle Bachelet no lo envió a tramitación al Congreso Nacional, debido a la influencia de las empresas mineras, lo que fue sorteado gracias a la iniciativa del senador Antonio Horvath por ingresarlo, apoyado por los senadores  Alejandro Navarro, Guido Girardi y Rodolfo Stange. A pesar de su aprobación en dos comisiones, el ejecutivo no lo patrocinó y no prosperó.

No obstante, en el marco del Acuerdo de Chagual, la presidenta Bachelet decretó que todos los proyectos en cuya área de influencia se encuentren glaciares, debían ingresar al proceso de evaluación ambiental, creando además una Unidad de Glaciología y Nieves dentro de la Dirección General de Aguas, con miras a elaborar un inventario nacional de glaciares.

Finalmente el mismo gobierno durante el 2008 redactó y puso en vigencia una política para la Protección y Conservación de  Glaciares, en el marco del Plan de Acción frente al Cambio Climático. No obstante, esta política contiene graves errores conceptuales, tales como la definición de los glaciares como recursos renovables y no ha generado ningún mecanismo para reducir las amenazas de la minería sobre los glaciares.

Actualmente las organizaciones ecologistas, animados por la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Protección de glaciares en Argentina (Ley 26.639), han solicitado a los senadores  desarchivar la Moción de Ley para la Protección de glaciares aprobada en general en el Senado en el año 2006, y estudian el perfeccionamiento de su articulado original, para su  re-ingreso a la Cámara Alta.

En momentos en que la industria minera parece cargar toda la importancia económica del país – y en el que el tema energético está en boca de todos – vale la pena recordar que en materia glaciar Chile está en deuda y que el descuido legislativo del gobierno sólo redundará en que la actual escasez hídrica se acreciente en muchos valles.

El cambio climático puede ser un proceso global, pero la destrucción glaciar por acción humana es un factor controlable. La riqueza minera, sucia, acotada, finita y para unos pocos, no es excusa para destruir el patrocinio ambiental de todos.

*Sara Larraín. Directora Ejecutiva Programa Chile Sustentable