Luego de la aprobación del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, los senadores Pedro Muñoz e Isabel Allende presentaron una iniciativa para regular los procedimientos del Comité de Ministros.

El texto, remitido a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, busca establecer algunas exigencias, como que las sesiones de la entidad sean difundidas con, a lo menos, una semana de anticipación.

Junto con detallar otros elementos normativos, la senadora socialista indicó que el texto pretende darle mayor transparencia a una instancia que no tiene regulación.

“Que se sepa bien cuándo va a sesionar y funcionar, que sean públicas las actas. No agrega ninguna nueva función, sino que, como es la última instancia de reclamo, es muy importante porque en definitiva uno tiene que saber exactamente en los términos en que funcionaron para mayor transparencia para la opinión pública. La gente se sorprende al enterarse que Punta Alcalde había sido rechazado y después aprobado”, dijo la legisladora.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales  (OLCA) valoró la iniciativa, aunque precisó que se debería normar, también, las fundamentaciones con las que el Comité de Ministros aprueba o rechaza los proyectos y sus plazos.

Cuenca, añadió que es necesario regular y normar el funcionamiento de esta entidad, “con participación ciudadana vinculante”, precisó.

“Hay un amplio grado de arbitrariedad en el proceso de toma de decisión y, a lo menos, acá se debiera garantizar transparencia, acceso a la información y de eso no se da garantía hasta ahora. También una cuestión muy importante de la gestión ambiental del país es la participación ciudadana”, comentó el ambientalista.

En esta línea, el senador Pedro Muñoz aseguró que elementos normativos e inclusión ciudadana pueden ser agregados durante la discusión legislativa del proyecto.

Antonio Horvath, senador de Renovación Nacional, compartió este análisis, precisando que la participación ciudadana debiera estar presente en todas las instancias que participan en el proceso de aprobación de los proyectos medioambientales.

“Eso se logra a través de instrumentos de planificación estratégicas como el caso del ordenamiento territorial o la zonificación del borde costero. Esta última constituye un paso legal que obliga a que las comunidades del borde costero se pongan de acuerdo sobre compatibilidades de determinados proyectos. En esa parte es importante la participación ciudadana. En todas ayuda, pero mientras más previo mejor”, precisó Horvath.

Sin embargo, Alejandro Navarro, vicepresidente del Senado, enfatizó en que el Comité de Ministros actúa “por sobre las resoluciones técnico-científicas que han hecho los profesionales”, en referencia a la cadena de evaluaciones a las que deben someterse los proyectos.

Por ello, el senador se mostró partidario de prescindir de este comité, ya que, a su juicio, para eso están la Superintendencia y los tribunales medioambientales.

“Es necesario que al calor del debate del proyecto se elimine definitivamente la instancia del Comité de Ministros. Ya carece totalmente de sentido y debiera quedar totalmente eliminada de la ley. La última instancia de apelación deben ser los tribunales ambientales y la decisión debe ser apegada a derecho y no política porque los ministros no se mandan solos. Ellos tienen un jefe que es el Presidente y, por lo tanto, la decisión es política”, sentenció Navarro.

Especial relevancia adquiere esta discusión, si se considera que el Comité de Ministros deberá revisar, durante enero del próximo año, los proyectos HidroAysén y el Santuario de la Naturaleza de la Dunas de Concón, entre otros.