Con la irrupción de las técnicas comunicativas electrónicas de los últimos años, tales como los email,  twitter, facebook, páginas web, medios de prensa independientes, etc. con las cuales la ciudadanía está mejor informada, el espectro noticioso se ha modificado radicalmente en beneficio de la libertad de expresión, de la modernidad en el buen sentido de la palabra y de la transparencia, lo que finalmente está vigorizando paso a paso nuestra debilucha democracia.

A raíz de lo anterior, las masas crecientemente están más conscientes de sus derechos y, con distintos estilos y procedimientos, cuando los ven amenazados o bien sobrepasados, enfrentan con singular carácter a los trasgresores de los mismos y ejemplos hay infinidad hasta en los más recónditos lugares del país. Es decir, las personas comunes y corrientes ya no se someten tan fácilmente a los poderosos.

Ahora se sabe más y con extrema velocidad lo que pone en riesgo las inveteradas malas prácticas, no solo del aparato del Estado, especialista en ingeniar trampas administrativas para sacar adelante sus antojadizos proyectos, sino también de los casi siempre herméticos espacios del sector privado productivo y especulativo. Los intereses corporativos de las diferentes ramas empresariales de alto vuelo siempre han sido defendidos por la prensa tradicional que se identifica con el establishment, y esa tarea siempre se ha realizado muy bien, a plena satisfacción de las partes.

Es recurrente la fórmula, tú me pagas un aviso publicitario que se transa en el mercado en 40 millones de pesos y yo te publico un editorial o una nota, con marcado fingimiento de objetividad, a favor de tu sector y así ganan ambos. Los canjes son recurrentes y, a través del tiempo, recordando que años atrás eran sumamente acotados, ahora todo el canjeable. Es más, en el mundo de los negocios, independientemente de que sean legales o ilícitos, la contraprestación marginal es habitual, tal como quedó demostrado con los email del ex presidente, Luis Eugenio Díaz, hoy adentro, de la vapuleada Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Pues bien el 10 de diciembre de 2012 en El Mercurio se publicó una carta titulada “Congelar  permisos de edificación”, firmada por una persona que se llama Álvaro Garfías, en la cual en forma impertinente reprochaba la iniciativa de Carolina Tohá, nueva alcaldesa de Santiago, por haber tomado la decisión de congelar los ingresos de solicitudes de permisos de edificación en un sector determinado de esa comuna. El firmante de la carta llegó a decir que “es absolutamente injustificable, desde el punto de vista jurídico, una medida de este tipo……….”

También expresó esta frasecita para el bronce “la medida de la nueva alcaldesa, además de establecer un cuestionamiento a nuestro ordenamiento jurídico, tiene visos de autoritarismo……..” (sic) y otros tantos ex abruptos. Quise saber quien era este presunto destacado abogado, eximio conocedor del derecho y en google lo encontré como gerente general de Inmobiliaria Novum, es decir, Garfías con desparpajo despotricó en contra de una autoridad elegida en votación popular, sin identificarse como parte interesada en el negocio inmobiliario, comportamiento que considero de muy mal gusto. La alcaldesa no le contestó, pero sí lo hizo el Decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, poniéndolo respetuosamente en su lugar.

Carolina Tohá anunció en el día de su asunción que se iba a hacer cargo de las legítimas demandas ciudadanas del sector urbano Matta Sur porque la invasión de torres era insoportable y el alcalde anterior nunca tomó el toro por las astas, lo que sí hizo Tohá.

En efecto, con el informe favorable de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, tal como lo establece el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, está evitando la continua proliferación de altísimos edificios que violentan los necesarios equilibrios en lo que se llama desarrollo urbano sustentable. Esa descarada invasión de concreto se posibilitaba porque el permisivo Plan Regulador Comunal de Santiago no tiene el guarismo referido a la densidad habitacional, ardid impuesto años atrás por quienes lucran con la explotación del recurso suelo.

El legítimo deseo de Tohá, señalado en el párrafo anterior, se ha visto perturbado por una injustificada tramitación impuesta por Francisco Irarrázabal, Subsecretario de Vivienda, quien le envió un oficio al municipio condicionando el congelamiento a exigencias no contempladas en la ley. Recordemos que este tipo de materias específicas son resueltas por la Seremi y en ningún caso por el impulsivo Subsecretario.

Valga la ocasión para indicar que es notorio que el sector de la construcción, con la asociación gremial empresarial a la cabeza, con denodados esfuerzos mediáticos está tratando de invisibilizar la burbuja inmobiliaria existente. El explosivo aumento de los precios de las viviendas es evidente y ello es preocupante para la economía, tal como lo han dicho los técnicos no relacionados con esa industria, es decir, los que son independientes.

El 16 de diciembre pasado el abogado Germán Concha publica en ese mismo medio la columna “Los movimientos sociales y la institucionalidad”, en la cual pone de manifiesto, según su particular óptica para ver la realidad, el grave riesgo para la institucionalidad que significa la existencia de tales grupos a quienes le achaca conductas impropias. Llegó a expresar, cual distinguido ultramontano, que, con su tolerancia, estamos retrocediendo siglos en el desarrollo político-institucional de Occidente.

Dicho columnista está aterrado por las consecuencias que derivarían de las acciones de las emergentes agrupaciones civiles. El, como un ordenado particular que debe vivir placenteramente en la cota 1.000 de la región metropolitana, no las percibe como reivindicativas para hacer más justa la relación entre todos. Da la impresión que Concha está feliz con el crecimiento económico que disfrutan las élites y que, debido a la estructura tributaria existente, mantenemos índices de desigualdades que nos sitúan dentro de los top ten a nivel mundial.

Por último, aplaudimos lo que están haciendo los movimientos sociales porque, con sus necesarias acciones se ataca frontalmente la corrupción y la falta de transparencia, exigiéndosele probidad al aparato del Estado con lo cual Chile podría tomar la senda del verdadero desarrollo integral. Los agoreros de turno, que sigan escribiendo cartitas y columnitas en los medios conservadores que cautelan los intereses del mercado dominado por sus grandes actores.