Analizando los problemas del sistema financiero internacional, el integrante del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, Robert Jenkin, ha reconocido, desde el seno mismo de esa comunidad, que no se puede confiar ciegamente en la autorregulación, que los bonos a ejecutivos sobre riesgos altos ligados a resultados no se deben pagar hasta que los riesgos caduquen; y que hay empresas demasiados grandes para gestionar, hecho que muchos directivos no entendieron, poniendo así en jaque la credibilidad total de un sistema, cuya reputación es crítica para su éxito.
Con la leche derramada y la economía internacional intentando ajustarse hace cuatro años, tras los desastrosos resultados de la ingeniería financiera y creación de dinero a destajo por parte de la banca privada (apalancamiento), han sido los Gobiernos y las personas las que han debido –como en Chile en los 80- asumir la carga de una deuda impagable, operando en paralelo en dos direcciones: de una parte, con programas de austeridad fiscal que han llevado a extremos como los del Ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, quien pidió a los ancianos de ese país “que se den prisa y se mueran” para aliviar la carga de su atención; y por otro, con una enorme emisión de dinero fiduciario por parte de los centrales de las naciones industriales, destinados en su mayoría a “tapar hoyos” en la banca, de manera de responder a inversionistas y ahorrantes a tiempo.
En este marco, Alemania, la potencia de Europa, se contrajo -0,5% en los últimos tres meses del 2012 debido a la fuerte reducción de sus exportaciones a sus vecinos, con lo que la expansión de su Producto anual creció sólo 0,7%, muy por debajo de las expectativas y lejos del 3% de 2011. Y es obvio. Una economía que vive del consumo de sus vecinos no puede evitar el impacto si la caída de demanda de aquellos se acentúa. Para todos los países de la UE la inversión anual declinó en más de US$ 350 mil millones de euros entre 2007 y 2011, una baja superior en 20 veces a la baja del consumo privado y de 4 veces la del conjunto de la economía europea. Y como consumo e inversión se retroalimentan, si la demanda baja a raíz de planes de austeridad fiscal, la inversión se escapa y aumenta el deterioro.
Por eso, todos los pronósticos de crecimiento en Europa se han corregido a la baja: mientras no haya un cambio de dirección, con la desaceleración económica ya en marcha por los ahorros estatales y que las inyecciones de liquidez no llegan a la producción (que es lo que ha incentivado EE.UU.), todo seguirá igual.
En ese marco, la canciller Merkel y el presidente francés, Hollande, anunciaron que presentarán en mayo un conjunto de medidas para reforzar el euro. Entre otras, apuntaron a mejorar la competitividad en la eurozona y fomentar al empleo juvenil. Sin embargo, nada se dijo sobre la indispensable reorganización de la banca, aunque la propia Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y Portugal ya han sido autorizados por mayoría en un comité de hacienda para aplicar un impuesto a las transacciones financieras. Ahora será la Comisión Europea la que se encargará de elaborar una propuesta que será sometida a votación en cada uno de los países participantes del plan.
Como es obvio, hay países que apoyan la tasa impositiva (Tobin), pues estiman que el sector financiero debe contribuir así a pagar los costos de la crisis originada por ellos, evitando, además, mayor especulación financiera a gran escala. Quienes la critican, argumentan que ahuyentará las inversiones y proponen que la tasa sea global.
Reconocida la debacle, queda pues, el mea culpa y adecuaciones que deberían adoptar los reguladores –públicos y privados- que hasta ahora no han admitido su papel en el fracaso del sistema. Las sucesivas crisis no fueron alertadas ni por las evaluadoras de riesgo, ni las autoridades monetarias o fiscalizadoras de los países y durante cinco años la estructura financiera ha debido pasar por problemas de crédito, liquidez, efectos de precios de mercado, riesgos soberanos y probablemente deberán enfrentar las consecuencias de los riesgos geopolíticos.
Los Estados industriales, en la actual situación, podrían comenzar a desmontar las garantías mediante las cuales se ha seguido apoyando al sistema financiero, lo que obligará a la banca a reducir sus niveles de exposición al riesgo, aumentar su capital y reducir el excesivo apalancamiento que les permitió, en menos de 10 años, crear dinero equivalente a 27 veces el PIB mundial. Tal es el hecho que está en la base de la actual “socialización” de las pérdidas implícitas en los planes de austeridad estatal y que seguirá presente en los próximos años.
En efecto, en las negociaciones para el nuevo presupuesto europeo se ha dicho que para poder volver a la senda de crecimiento, las prioridades son reducir la deuda nacional, promover la competitividad y modernizar la administración pública, todas medidas que apuntan a más austeridad, sacrificio que puede no tener efectos si los recursos ahorrados siguen sin fluir hacia la economía real.
