La Unión Comunal de Agrupaciones de Derechos Humanos de Punta Arenas inició una serie de diligencias y reclamos públicos por el llamado a licitación que el ministerio de Bienes Nacionales, que busca entregar el inmueble de calle Colón 636, el ex Hospital Naval que fue utilizado como centro de detención y tortura durante el régimen militar.

La licitación busca concesionar gratuitamente la propiedad, a través de la ejecución de un proyecto cultural, lo cual es refutado por grupos locales, quienes trabajan por crear ahí un Museo de la Memoria que honre los Derechos Humanos.

El documento apunta que “el año 2006, fue el propio comandante en Jefe de la Armada, Rodolfo Codina, quien luego de reunirse con organizaciones de Derechos Humanos, hace traspaso de dicho inmueble al gobierno regional, quien a su vez lo cede a las organizaciones de Derechos Humanos de la región”.

El presidente de la unión comunal, Francisco Alarcón, quien durante la dictadura fue recluido y torturado más de una vez en este recinto, recalcó que la postura tiene el apoyo de distintas agrupaciones sociales, políticas y de distinta índole.

“La cohesión de las agrupaciones de derechos humanos, respaldada por organizaciones sociales, partidos políticos, iglesias y otros sectores, es para rechazar el llamado a licitación. Se trata de borrar las huellas de lo que ocurrió en este edificio en tiempos de dictadura. Acá se alojó el aparato represivo y de inteligencia de la dictadura el mismo día 11 de septiembre de 1973”, declaró.

Consultada la secretaría regional de Bienes Nacionales, nos indican que el seremi Alfonso Roux está de vacaciones, pero medios locales recogen declaraciones donde indica que las agrupaciones de derechos humanos no han presentado un proyecto serio y hoy el inmueble se encuentra en avanzado deterioro.

Ante ello, Alarcón responde que la autoridad no ha transmitido al poder central el interés de la comuna por preservar la Casa Museo: “Nosotros no conversamos, fuimos a entregarle un documento. Consideramos que no ha jugado ningún papel conociendo la realidad de Magallanes. La mayor parte de los seremis son bolsones que transmiten y ejecutan las acciones que ordena el centralismo. Por lo tanto tenemos una crítica muy fuerte contra el seremi de Bienes Nacionales, porque él como magallánico pudo haber tenido opinión para defender la causa de los Derechos Humanos”.

El alcalde de Punta Arenas, Emilio Bocazzi, recibió a los voceros y comprometió su ayuda para mantener el inmueble en manos de grupos sociales, y destacó además la intención de recuperar la casa, residencia de uno de los principales arquitectos fundadores de la comuna.

“Lo que nosotros hemos señalado es nuestra disponibilidad como municipio para pedirle al ministerio de Bienes Nacionales que ponga freno a esta licitación. Creemos que no es la manera de hacer las cosas, si es necesario disponer que el municipio pueda tomar en comodato directo, no por licitación, desde el ministerio el inmueble y ponerlo en valor. Es un inmueble importante, fue residencia del arquitecto Antoine Beaulier, luego fue un centro de detención y tortura, entonces nos interesa que sea un lugar preservado por la ciudad”, declaró el edil.

Durante la dictadura la casa era motejada despectivamente como “Palacio de la Sonrisa”, y hoy presenta deterioro por dos aluviones que han afectado a la comuna. Pese a ello, familiares de desaparecidos y ex pesos políticos de Magallanes esperan crear en el inmueble un punto de homenaje a víctimas de la violación a los derechos humanos.