La ONG alemana Transparencia Internacional, a través de su Capítulo chileno, muy suelta de cuerpo dice que nuestro país es el  menos corrupto de América Latina, ello conforme a una percepción de esta lacra. Se llega a este resultado conforme a lo que mayoritariamente dicen las encuestas formuladas  a líderes de opinión y grandes empresarios de los distintos países y cuando quien firma esta columna quiso conocer los nombres de esas distinguidas personas se me contestó que era información reservada (?). Formulé la pregunta sin respuesta porque no podía creer tanta maravilla en nuestra administración del Estado.

Se dice y se repite hasta la saciedad que en Chile la corrupción es menor que en otros países. Ello es así por la sencilla razón de que aquí no se le combate y es más, cuando se detectan este tipo de actos en las altas esferas, mediante ardides reglamentarios, se legalizan y así desaparecen de la faz de la tierra al más puro estilo de la perfecta hipocresía institucionalizada.

A nuestros gobiernos siempre les ha interesado aparentar honestidad con la idea de estar en mejores condiciones en la competencia para recibir inversiones de los grandes capitalistas que hay en el mundo y por ello, en forma bastante habilidosa, ocultándose la corrupción se posibilitan los negocios internacionales que son el campo de acción predilecto de quienes dirigen la nación. Recordemos que derivado del acuerdo político Lagos-Longueira, el de los sobresueldos, mediante actuaciones mutuas de contrición, se originó la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo que la Contraloría General de la República es renuente a aplicar porque ella considera que todos los actores del sector privado actúan de buena fe y que los “errores” de la función pública, cuando se llegan a detectar las malas prácticas, no pueden perjudicar a las blancas palomas que invierten sus dineros para dar trabajo.

Pues bien, el arquitecto Jorge Iturra es funcionario municipal y ejerce el cargo de Asesor Urbano de la Municipalidad de Castro. El 11 y el 14 de febrero pasado se publicaron sendas cartas suyas en el diario “La Estrella de Chiloé” y por considerarlas atingentes las reproduciré a continuación.

¿Qué dicen esas publicaciones?

La primera dice “El artículo de La Estrella de Chiloé denominado Polémica por instalación de ventanas en mall de Castro deja al descubierto la corrupción política existente y el impedimento que tal corrupción significa para la aplicación de las Ley y el principio de igualdad que la Constitución Política de la República de Chile establece para todos los chilenos sin distinción”.

La segunda dice “Un Estado de Derecho es aquel en el cual los funcionarios públicos vigilan el cumplimiento de la Constitución y la Ley que deben cumplir todos los ciudadanos y principalmente ellos mismos dando el ejemplo y mostrando una conducta recta e intachable. Un Estado Social de Derecho aparte de respetar la legalidad respeta y protege los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución como la Vida, la Libertad, la Salud, la Dignidad, etc. En un Estado de Derecho los funcionarios públicos y todos los que reciben sueldo del Estado deben trabajar para los ciudadanos y no para los partidos políticos porque el sueldo se lo paga el Estado de Chile y no el partido político. Utilizar al Estado con otro fin constituye corrupción”.

Iturra es un funcionario público probo que se vio en la necesidad de recurrir a la Contraloría General de la República (CGR) denunciando el cúmulo de malas prácticas privadas con ocasión de la construcción del conocido mall de Castro, proyectado por un arquitecto extranjero -Rodolfo Miani-  personaje que por razones obvias desconoce la normativa nacional. Nuestra fundación hizo lo propio a partir de marzo del 2012 y el Colegio de Arquitectos de Chile, a instancias de su Delegación Regional de Chiloé, también acudió oportunamente a la CGR.

En diferentes ocasiones ya nos hemos referido a este mal localizado adefesio y la opinión pública ya conoce el dictamen Nº 61.211 del 03/10/12 emitido por el ente fiscalizador, documento oficial que dejó muy mal parada tanto a la Municipalidad de Castro como al temerario inversionista, pero repitió la monserga de la buena fe y de los derechos adquiridos. La directora de obras municipales ha paralizado las obras del mall  en numerosas ocasiones pero la Constructora SALFACORP, la misma que levanta Costanera Center en Santiago, en conocimiento de que en Chile, en este ámbito de materias nada funciona, adoptó la decisión más conveniente para sus intereses y así nunca ha acatado esas precisas órdenes de suspensión de faenas cursadas por la autoridad competente en el papel.

Con el ánimo de transparentar una situación demostrativa del imperio de la Ley de la Selva, la misma que Nicanor Parra con su habitual humor decía que tampoco se cumple en nuestro país, en pocas palabras relataremos un episodio desconocido por el 99,9999 % de la población, el que nos atrevemos a calificar de grotesco y hasta anecdótico por provenir de la más alta autoridad del ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Vamos al grano :

El 11 de marzo de 2012, hace once meses, el presidente con el directorio nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, 7 Premios Nacionales de Arquitectura, 14 Decanos y Directores de Escuelas de Arquitectura, 22 arquitectos de Chiloé y 179 renombrados arquitectos chilenos, en forma muy comedida, le envían una carta a Rodrigo Pérez Mackenna, en su condición de ministro del ramo, indicándole lo que estaba aconteciendo con la construcción del mall.  Entre otras cosas, le expresaron que estaban sumamente preocupados por la mala señal que se está dando al mundo del urbanismo y desarrollo patrimonial de Chile respecto del comportamiento alejado de la ética profesional y empresarial del titular del proyecto. Por ello instaban al ministro que era necesario la pronta aplicación del marco regulatorio para que volviera a prevalecer el principio de legalidad y de igualdad ante la Ley.

Le explicaban que no podía ser posible que todos los pasivos urbanísticos, ambientales y sociales que se estaban produciendo por la política de los hechos consumados que desarrollaba Pasmar S.A. tenían que ser pagados por la ciudad patrimonial de Castro y conforme a ello le solicitaron al ministro que su Seremi de Vivienda y Urbanismo ejerciera su rol contendí en el artículo 157º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Esta ley contempla que, con el auxilio de la fuerza pública, se deben paralizar y hasta demoler las obras ilegales.

El 19 de abril de 2012, el ministro Pérez Mackenna responde a esa orden profesional, expresando en síntesis que los pasos seguidos por la Municipalidad de Castro habían sido los correctos (sic), desviando la atención al hecho de que ese ministerio estaba formulando una Política Nacional de Desarrollo Urbano y que, con su futura implementación, este tipo de sucesos no se iban a repetir. Como vemos, el ministro utilizando excelentes retóricas se sacó el pillo y dejó que todo siguiera su curso, liberando por lo tanto al Seremi sectorial, Fernando Gunckel, a que cumpliera con su deber legal.

El 7 de noviembre de 2012 nos dirigimos al mencionado ministro, solicitándole  una entrevista para darle a conocer todas las ilegalidades cometidas en el transcurso de los hechos. Entre otras cosas, le manifestamos que su respuesta al Colegio de Arquitectos de Chile adolecía de graves inconsistencias que debían ser aclaradas. Debido a que esa anodina carta firmada por él había sido redactada por algunos de sus colaboradores, posiblemente por el mismo Seremi Gunckel y por algún funcionario santiaguino, le proponíamos que instruyera un sumario administrativo al interior de su ministerio con el objeto de que se conocieran las razones que tuvieron los funcionarios que redactaron esa pueril respuesta que le ocasionó un perjuicio a la credibilidad de su persona.

Pérez Mackenna, político hábil en el manejo de situaciones conflictivas, optó por no responder con lo cual se desentendió absolutamente del caso. A esta fecha, aunque el lector no lo crea, Pasmar y SalfaCorp, la más importante de las empresas constructoras chilenas, continúan campantes terminando las faenas del polémico mal y por tal motivo se justifican plenamente las imprecaciones del arquitecto Iturra, las que compartimos.

En resumen, hay evidencias claras  que en el sector inmobiliario no se exige el cumplimiento de la ley para los proyectos de altas inversiones porque los que detentan el poder político, es decir, los que están en el Palacio de La Moneda, sostienen que los grandes actores privados de este mercado tienen que ser ayudados por la servicial Administración del Estado. Es más, los diputados y senadores de la décima región de Los Lagos, generalmente locuaces, nunca han emitido opiniones asociadas al desarrollo de los hechos del mall de Castro.

Recordemos que la corrupción focalizada en este sector de la economía genera acumulación de riqueza en pocas manos y éste es el principio que guía a los gurúes del capitalismo llevado a extremos.

La igualdad ante la ley que pregona el arquitecto Iturra de la ciudad de Castro es una entelequia en los servicios del ejecutivo en nuestro querido país, salvo que los afectados por la prepotencia de los poderosos recurran a los tribunales de justicia, instancia en donde sí se aplica el derecho y por ello las asociaciones empresariales, los medios tradicionales dominantes y los centros de estudios pro laisse faire están muy disgustados con una serie de últimos fallos de la  Tercera Sala de la Corte Suprema.