La manida afirmación: de lo malo lo menos malo, no es alternativa. Conformarse no es solución. Los hechos muestran el error de asumir la fatalidad como resultado. Gobiernan mediocres. Las consecuencias son devastadoras. La clase política se convierte en la avanzadilla de la corrupción y la negligencia. La prueba, en España, el debate de la nación. Una representación teatral donde se trata de saber quién ganó a quien. En este caso ¡¡¡Y tu más!!! No hay altura de miras. Mientras el presidente de gobierno habla de mejorar la imagen de España, señalando que todos los países sufren corrupción, el representante del PSOE, propone su dimisión. Ambos enrocados en sus discursos han perdido el respeto a la ciudadanía. Ningún problema que preocupa a la población ha sido abordado. Un paripé que transforma el Congreso en un ring por el cual circula pesos pesados, medios y mosca, acorde al grupo parlamentario. Resultado final, la corrupción sigue en pie y nadie hace nada.
Nos dicen que la democracia son reglas del juego mediadas por una relación de cantidad. Mayorías versus minorías. Su corolario, respetar a la minoría. Cubiertos los postulados del teorema democrático, la ecuación se resuelve bajo el paraguas de la gobernabilidad, gobernanza, transparencia y calidad democrática. Hoy en España tampoco se cumple.
Décadas viviendo en este credo lo convierte en un acto de fe. Bajo el teorema de mayoría-minoría, veinte es mayor cinco. Pero la praxis de la democracia representativa va en sentido contrario. Veamos: si una comunidad electoral de veinte millones de ciudadanos es convocada a las urnas, la realidad es más o menos la que sigue. Unos 8 millones de personas se abstienen, votan en blanco o anulan su voto, otros dos millones no están censados, aunque cumplen los requisitos. Antes de saber quién ganará, un cincuenta por ciento está fuera de juego. De los diez millones restantes que concurren al mercado electoral, digo bien, mercado electoral, el primer partido más votado alcanza unos 3 millones 700 mil de votos, el segundo 3 millones 300 mil, y el resto se desagrega en un sin fin de organizaciones. El problema de la cantidad se transforma en cualidad. De qué otra forma se justifica que un 23% es superior a un 77%. El acervo cuantitativo de la democracia no se cumple. Salvo si una operación aritmética convierte el 50% en 100%. Por arte de magia, el 23% se transforma en 42%. El demos salva su honor. Con este imaginario, el Partido Popular dice tener mayoría absoluta y legitimidad para hacer y deshacer a voluntad. ¡¡¡Pero si no llega al 25% real!!!
La democracia representativa y sus principios se tambalean. La legitimidad del orden político está al albur de una oligarquía que controla los mecanismos institucionales de participación, negociación y mediación. El capitalismo puede prescindir de la democracia, pero no de la corrupción, mientras sea un sistema fundado en la acumulación de capital. Parafraseando a los sofistas, para el capitalismo, el dinero es la medida de todas las cosas, de lo que existe para lo que es y de lo que no existe para lo que no es. Las consecuencias de aplicarlo son nefastas. El grado de putrefacción de las instituciones, horadado por el ansia de acumular riqueza, corrompe el arte de la política.
No hay país capitalista en el cual la corrupción institucional no prospere. España no es una excepción. En los tiempos que corren, la política, se ve infectada de corruptos. Ya no buscan solo el enriquecimiento del partido, sino el suyo. El partido político aparece como una plataforma idónea para tal fin. Al menos como los conocemos hoy. Los partidos cobran porcentajes a empresarios, donantes forzosos o reciben dinero público en forma de subvenciones. Las cuentas presentadas por el Partido Popular, en estos días, sin contar el dinero negro, da beneficios. ¿Como un partido político puede tener beneficios, si su objetivo no consiste en hacer caja?
En España, desde el establecimiento de la monarquía parlamentaria, la política salió del cuarto oscuro donde fue relegada por la dictadura. En medio del fascismo franquista, fue vilipendiada, condenada y considerada una meretriz. La necesidad de cambiar esta visión supuso un enorme esfuerzo. Todos los partidos políticos, derecha, socialdemocracia e izquierda, reivindicaron la vocación de Estado presente en la actividad política. La derecha liberal y conservadora le agregó el amor a la patria. La izquierda, sumo el ser expresión de la lucha social de las clases trabajadoras, explotadas y oprimidas. Y la socialdemocracia, se decantó por el adjetivo de “responsable”. Unos y otros, compartían un imaginario. Quienes accedían a la política lo hacían con sus diferencias ideológicas, pero de manera vocacional y militante.
El ejemplo por antonomasia de político conservador, fue su adalid, ex-ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne. Su perfil político, un hombre que no amasa fortuna, vive del sueldo y le guía su entrega a España (sic). Mientras tanto, la derecha progresista, presentó un personaje renovado, Adolfo Suarez, ex-secretario general del movimiento, sin gran patrimonio, provinciano y reconvertido a la democracia. La izquierda también incluyó íconos, Marcelino Camacho, militante comunista, ex-preso político, fundador de Comisiones Obreras, de costumbres austeras, honrado y trabajador, vivía en un pequeño piso de una barriada obrera. Lo acompañaron, en esta caracterización, intelectuales y viejos militantes, entre ellos Rafael Alberti o La Pasionaria. Tenían las manos limpias y procedían del exilio. Por último, El PSOE, crea un caudillo a seguir, Felipe González, abogado laboralista, representante de la nueva clase media, residente en un barrio moderno, sin familia adinerada ni fortuna personal. Un hombre ligado a la España que nace, libre de coquetear con la dictadura.
La actividad política se entronizo en la ciudadanía, era una actividad cercana. Muchos militantes aportaron su grano de arena. Poco duró este imaginario. Los años ochenta dejaron un reguero de corrupción y descrédito. Fue el fin de un ciclo corto.
Felipe González, presidente de gobierno con el PSOE (1982-1996), despilfarra la tradición socialdemócrata. Los escándalos de corrupción salpican todas las esferas de su gobierno. Desde crímenes de Estado hasta enriquecimiento personal. Su período se conoció como “el pelotazo”. Le sucede José Maria Aznar, del Partido Popular (1996-2004), su lema regenerar la política. Al cabo de ocho años, la corrupción era mayor. Ambos personajes, se han enriquecido hasta el tuétano. Sus fortunas se hacen obscenas a la luz de la opinión pública. Viven rodeados de lujos. Son consejeros de empresas privadas y no han dejado de cobrar la pensión como ex-presidentes de gobierno.
En ambos partidos, sus dirigentes, concluido su periplo por la política, engrosan la lista de empleados de empresas privadas. Pago indirecto por servicios prestados. Son miembros de consejos de administración y gozan de una salud económica envidiable. Las fortunas nacidas al amparo de la política proliferan. El malestar crece. La crítica social no establece diferencias y los políticos se convierten en carne de cañón. Con el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero PSOE (2004-2011) y el estrenado Mariano Rajoy, la corrupción político-económica se destapa como el problema número dos, después del desempleo que afecta a seis millones de trabajadores.
Los partidos políticos en España actual, son el asidero de sujetos oscuros, mediocres, cuasi delincuentes, cuya militancia esta mediada por las ansias de obtener réditos económicos, al precio que sea. Las organizaciones políticas se transforman en instituciones aptas para el beneficio personal. La idea romántica del militante abnegado llega a su fin. Un sector importante de la “clase política” es de baja estopa, acepta regalos en pago a sus servicios. Viajes, fiestas de cumpleaños, trajes, coches de lujo, relojes, sobres y maletas de dinero negro para sobresueldos.
La derecha, justifica el pago de plus, aunque niega que proceda de una caja “b”. Señala que sus cuadros pierden dinero ejerciendo la actividad política y deben ser recompensados. No de otra manera se entiende practicar el nudismo patrimonial, exhibiendo sus declaraciones de hacienda y colgando en internet las cuentas del partido. Ello no comporta una actitud democrática ni de transparencia. Es un parche para evitar la pérdida completa de credibilidad ante la corrupción político-económica de quienes deben mantener un comportamiento ejemplar.
En España se ha instalado una moral corrupta. Unos y otros obtienen beneficios de su institucionalización. Curiosamente coincide con las políticas privatizadoras y la desregulación financiera. La ciudadanía descree de vivir en democracia. Eslogan como: lo llaman democracia y no lo es, no nos representan o democracia real ya, se popularizan a partir del 15-M de 2011. La democracia representativa se ningunea. Los partidos políticos traicionan sus programas, y lo que es peor, viven de espaldas a los problemas de la sociedad. No escuchan las voces del pueblo, hacen odios sordos.
Representantes del PSOE, son abucheados en manifestaciones, llamados oportunistas, tienen que abandonar bajo protección policial. Y las sedes del Partido Popular son objeto de concentraciones pidiendo dimisiones, llamándolos ladrones y chorizos. Impermeables a la crítica, la corrupción se cuece a fuego lento. Compromete a toda la sociedad política.
Primer escalón, Coslada, un pueblo madrileño de cien mil habitantes. En 2008, su comisario jefe, Ginés Jiménez Buendía, conocido como “el sheriff de Coslada”, extorsiona, con la complicidad de otros treinta agentes de policía, a empresarios, prostitutas, dueños de restaurantes y comercios. El escándalo es mayúsculo. Pasado el tiempo, Ginés Jiménez y sus secuaces son rehabilitados. No fueron expulsados del cuerpo de policía. ¿Qué confianza tendrán los ciudadanos si ven pasear por sus calles a quienes les extorsionan?
Siguiente escalón. Si un arma reglamentaria y una placa confieren poder, no digamos ser Alcalde. Se controlan fondos públicos, otorgan concesiones, contratas y nombran consejeros con sueldos desorbitados. Los cargos electos municipales, en ocasiones, están ocupados por pequeños sultanes cuyo interés es llenarse los bolsillos y favorecer a los amigos, empresarios ávidos de dinero público. La aparición de testaferros es recurrente en los casos de corrupción política-económica. En Candeleda, un pueblo de Castilla- Leon, cuya riqueza acuífera es reconocida en la provincia de Ávila, su alcalde, José Maria Monforte decide privatizar el servicio municipal de aguas al mejor postor por un período de explotación de 30 años. ¿Qué hay? Campos de golf, urbanizaciones privadas y un enriquecimiento para los empresarios de su partido. Como Candeleda, cientos de pueblos en toda España están siendo esquilmados para fines especulativos, con la complicidad de sus autoridades municipales.
Subamos otro peldaño. Los presidentes de comunidades autónomas, consejeros de hacienda y economía, sanidad o educación, manejan cientos de millones de euros. La decisión de otorgar la construcción de viviendas, hospitales y autopistas, a una empresa privada, conlleva enormes beneficios. En Cataluña, sin ir más lejos, la coalición de derechas gobernante, CiU cobró un 3% a las empresas que deseaban participar de las licitaciones públicas. En esta trama están pringados todos sus dirigentes. Pero nadie fue cesado ni pidió la dimisión. Pocos dudan. Hoy se sigue pagando el derecho de pernada. ¿Qué nivel de credibilidad y confianza democrática tendrá el ciudadano cuando sus gobernantes están hasta el cuello de estiércol?
Reniega, pero de la democracia, tirando el niño con el agua sucia dentro. Ninguna comunidad autónoma se salva. En la Comunidad valenciana, el trapicheo con dinero público es escandaloso. Un circuito de Fórmula Uno, un aeropuerto sin aviones, un parque temático en ruinas. En Madrid se han construido ocho hospitales con plusvalías superiores a los dos mil millones de euros para las empresas adjudicatarias. En Castilla la Mancha, su Presidenta, al mismo tiempo la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, cobra tres sueldos mensuales. Su última acción corrupta, vender los montes públicos, bosques y zonas de protección ecológica a las empresas de amigos para su explotación comercial.
Diputados y senadores, cuerpos de élite, hacen leyes, aprueban los presupuestos generales del Estado. Muchos millones de millones de euros en juego. Sin demasiados remilgos, sus señorías aportan pingues beneficios a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Sirva como ejemplo, la minería del carbón, cuyos trabajadores realizaron una marcha hacia Madrid protestando por el cierre de las minas. Hoy se sabe que la negativa para subvencionar la minería del carbón, no es de tipo medio ambiental. Mandar al desempleo a los mineros, condenar al hambre a miles de familias, tiene origen especulativo. El carbón entró en la ruleta de capital futurible. Así, se paga a 61, 37 dólares la tonelada. En Europa, una vez aprobado el cierre de la minería del carbón, pasará a tener un precio aproximado de 96,3 dólares por tonelada. Goldman Sachs compró carbón colombiano, a bajo coste, almacenándolo en El Musel, puerto de Gijón, Asturias, España. El gobierno del Partido Popular y sus diputados se pliegan al banco de inversión, vota eliminar las subvenciones. Los beneficios económicos son incalculables. ¿Difícil abstraer la comisión cobrada a Goldman Sachs?
Tal vez la soberanía nacional sea una quimera. La corrupción emponzoña. En el orden domestico, el ex-presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, ex-ministro y ex-presidente del Congreso, el socialista José Bono, alejado de la práctica jurídica durante 33 años, ficha por un importante bufete de abogados. Su familia está ligada a escándalos de corrupción económico-política hace décadas. Ahí sigue. ¿Qué piensa el militante socialista de sus dirigentes que acaban con una fortuna difícil de justificar tras pasar por la arena política?
Bien, subamos otro escalón, el gobierno de la nación. Su presidente y ministros. Ellos toman las decisiones más importantes. Firman acuerdos para la compra y venta de armamento, obras de infraestructura, concesiones, etc. Veamos un caso. El ministro de defensa, Pedro Morenés, ha sido presidente ejecutivo de MBDA España, una de las mayores empresas dedicadas a la fabricación de misiles y tecnología de guerra sofisticada. Dejó el cargo para ocupar el ministerio de defensa. ¿A quién compra España sus misiles? De paso, privatiza la fábrica de armamentos estatal, Santa Bárbara. Más a repartir. Dineros públicos para beneficios privados. Sin olvidarnos del poder judicial, cuyo ex-presidente, pagaba las facturas de viajes personales, hoteles de lujo, cenas y fiestas privadas con dinero procedente de los fondos públicos.
Último escalón, la Corona. Piense en el caso Urdangarín. Es la punta de iceberg, toda la familia real está pringada en el enriquecimiento indebido a cargo del erario público. Desde la infanta Cristina, esposa del Duque de Palma, su secretario Carlos García Revenga, hasta el Conde de Fontao, José Manuel Romero, asesor jurídico de la Casa Real. Más allá de las estrategias judiciales del socio de Urdangarín, Diego Torres, lo declarado ante el juez tiene visos de credibilidad. Pero no es el único escándalo de corrupción. Otra cosa son las cacerías reales. Varios amigos, Colon de Prado y Carvajal o De la Rosa, testaferros de su majestad, acabaron imputados por delitos financieros. Allí se paró el escándalo, pero todo apuntaba al Rey. Hoy Juan carlos I, es centro de críticas, por excesos, encubrimientos y vida lisonjera. La fortaleza construida a su alrededor se desmorona.
Nada queda en pie. Todo está salpicado por la corrupción político-económica. Los empresarios no se quedan atrás. El ex-presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, hoy está en la cárcel, por evasión de capitales, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. Pero fue protegido por sus correligionarios. El actual vicepresidente de la misma organización, y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, es imputado por pagar a sus empleados con dinero negro y defraudando a la seguridad social. Pero no dimite, ni es censurado. Amigo de Esperanza Aguirre, disfruta de la contrata en restaurantes y cafeterías del Congreso, el Senado o la Comunidad de Madrid. Sirve al poder.
¿Y la Iglesia? La conferencia episcopal, goza de buena salud. Gracias al ministro de educación del partido popular, recibe jugosas subvenciones para construir colegios y dictar una educación católica como Dios manda. No pagan impuestos de patrimonio, se apropian de suelo comunitario y bienes colectivos. Hoy atacan el Estado aconfesional, piden la derogación de la ley del aborto, pero callan ante los casos de pederastia. Eluden el tema y claman contra el matrimonio homosexual.
La topografía de la corrupción en España, presenta montañas de corrupción política. Por ella trascurren ríos contaminados de acciones punibles de moral corrupta. Mariano Rajoy acusa a quienes destapan los escándalos de ser instigadores de una nueva leyenda negra. Olvida Rajoy que millones de indígenas fueron asesinados y exterminados bajo el yugo de la cruz y la espada. El genocidio fue real, no una leyenda negra. Igual ocurre con la corrupción. No asumirlo es de baja estatura ética, moral y política. Adjetivos que definen a Rajoy y su gobierno.
