La rehabilitación es una palabra que siempre hace referencia a los cambios. Implica un acontecimiento que marca la vida de las personas, ya sea en un contexto físico, emocional, sicológico o social.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Real Academia de la Lengua Española  (RAE), la rehabilitación va directamente relacionada a ‘restituir de nuevo o habilitar a alguien a su antiguo estado’. Me imagino que la o las personas responsables de definiciones de esa envergadura, la describen así porque nunca han necesitado recurrir a ella.

Es imposible ‘habilitar a alguien a su antiguo estado’ luego de situaciones traumáticas, dolorosas, muchas veces con consecuencias para toda la vida en el contexto que sea.  Con seguridad, las personas que vivimos este proceso tenemos un concepto que difiere de la enunciación planteada anteriormente.

Para mí la rehabilitación nunca termina. Es un trabajo de toda la vida. Un proceso de transformación, mutación, consciencia, cambio, y por supuesto oportunidades. Soy una fiel creyente en que este cambio puede transmutarse en una experiencia positiva  de mucho aprendizaje, no solo para las personas con algún tipo de discapacidad sino que para todo el círculo en el cual nos desarrollamos.

Las Personas con Discapacidad no estamos solas. Existe un tremendo grupo humano antes y después de ‘ese minuto’ en el que nos cambia la vida, que también son afectados. En el accidente automovilístico en el que me vi envuelta, terminé siendo la única perjudicada físicamente, pero todos quedamos tetrapléjicos… padres, hermano, amigos, tíos, primos, ya que una inmovilidad permanente a nivel emocional, los paralizó a todos. Por lo tanto, la rehabilitación es de todos también.

Lo interesante de todo esto es ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en términos de rehabilitación? La Ley establece que la prevención y rehabilitación es un deber del Estado y un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto.  Al menos, eso es lo que está en el papel. Sin embargo, no hay lugares de rehabilitación públicos administrados por el Estado, por lo que la normativa se vuelve incongruente a las necesidades de los discapacitados.

¿Cómo es posible que una persona de 30 años que sufre un accidente fuera de su horario laboral no tenga derecho ni accesibilidad a una rehabilitación de calidad y su única herramienta o llave de acceso a ella sean el pago mensual  de 5 millones de pesos? En esa realidad sólo existen dos opciones: O me alimento o me rehabilito.

Un escenario preocupante si se considera que en el 34,6 por ciento de nuestro país existe al menos una Persona con Discapacidad (PcD).  El 51 por ciento de las PcD corresponden a sujetos entre 30 y 64 años de edad, lo que es gravísimo considerando que es precisamente aquel el rango etario más productivo.

Dos de cada cinco PcD viven en condición socioeconómica baja. Por lo tanto, el acceso a una rehabilitación de calidad es prácticamente nulo. Y, de la mano con ello, una inserción laboral más lejana aún. Las cifras lo confirman: Según la Encuesta Nacional de Discapacidad de 2004 sólo el 6,49 por ciento de la población que vive en estas condiciones recibió rehabilitación.

La importancia real de este tema no es visible a ojos de quienes no lo han necesitado.

La inserción laboral, educacional, social, emocional es un trabajo arduo y de mucho carácter a nivel personal, y me siento en toda la autoridad moral para decirlo. Nuestra actitud frente al ‘cómo’ queremos vivir nuestra vida, es un tema de elección como todo.

Pero hay una gran responsabilidad que tiene que ver con la habilitación, colegios, universidades, bibliotecas, jardines infantiles, estadios, teatros, cines, Transantiago, metro, restaurantes, estacionamientos, parques, supermercados, farmacias, museos… y eso es cultural.

Tenemos una gran responsabilidad en Educar, ya que la habilitación de espacios para personas con distintos tipos de necesidades especiales (físicas, visuales, auditivas, cognitivas, visearles, psíquicas) no solo tiene que ver con rampas, ascensores o lenguaje braille. Es mucho más profunda.

Una rampa o el lenguaje braille abren un espacio a la Educación, no a un edificio… se extiende a todo un espectro de oportunidades y al llegar al final de la rampa, accedo al conocimiento, a la elección, a la opinión, a una cultura de no discriminación.

No confío en las leyes, ni que las respeten. No creo en los discursos llenos de ambición de políticos corruptos y frases hermoseadas con ambiciones de aplausos y votos.

No creo en la consciencia colectiva, tomando como referencia una realidad de ascensores y estacionamientos preferenciales no respetados. No creo en discursos Presidenciales, que portando esa banda tricolor y una voz hambrienta de poder, solo nos llena de proyectos fantasmas y no de soluciones realistas.

Pero sí confío en la Educación, en esa puerta única que nos llena de libertad…

Habilitemos ese espacio y rehabilitemos Chile.

*Carolina Pérez. Experta en Neurociencias para la Educación. Dicta la cátedra  “Integración del Universo de la Discapacidad en la Sociedad Actual” en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.