Respecto a esta universidad, ya en el año 2004, se habían dado las primeras voces de alarma pero las autoridades competentes de entonces no hicieron nada para regularizar la situación del alto crecimiento de alumnos sin los docentes necesarios. Existen documentos oficiales publicados el domingo 31 de marzo de 2013 en el diario La Tercera, los cuales alguien sumamente interesado los sacó de las oficinas del Ministerio de Educación para incriminar a una ex funcionaria pública que en aquel entonces -gobierno de Lagos-  se desempeñaba en un alto cargo en ese ministerio.

Por la gravedad de la situación que la opinión pública ya conoce, se cumplió el objetivo buscado por ese anónimo personaje, cuyo nombre por razones obvias nunca se conocerá.

En la actualidad esta universidad está legítimamente  tomada por sus alumnos porque se sienten traicionados, no solo por los dueños de la misma, quienes han lucrado hasta la saciedad, sino también por la institucionalidad que debía velar por su correcto funcionamiento.

Existe en esa casa de estudios superiores un interventor judicial y una síndico de quiebra nominada por un juzgado viñamarino, la que no está ejerciendo su trabajo porque el mismo tribunal suspendió por un período determinado esa declaratoria. Está claro que la función de la abogada experta en liquidar empresas comerciales es para pagarles, con los activos disponibles, las acreencias a una serie de bancos, compañías de seguros y otros tantos que, sin analizar adecuadamente su solvencia, de manera cándida hicieron transacciones comerciales con esa universidad.

Mucho se ha hablado del lucro en las universidades privadas pero muy pocos se han referido a la oscura gestación de las mismas.

Pues bien, desde 1981 en adelante todos aquellos que han ejercido el poder político sabían que estas universidades creadas inicialmente, ya sea como fundaciones y/o corporaciones, y a partir de 1990, exclusivamente como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, eran el chassis pseudo jurídico para que sus “despiertos” organizadores, con empresas relacionadas, obtuvieran las utilidades económicas producidas con la explotación de las mismas, habida cuenta las tremendas franquicias tributarias que el Estado le entrega al sector de la educación.

Recordemos que bastaba solo la presentación ante el Ministerio de Educación de la escritura pública de creación de cada universidad para que ese ministerio las registrara como tales. Es decir, estaba todo bien urdido para facilitar la simulación.

Desde siempre en Chile las fundaciones y corporaciones eran autorizadas, después de infinidad de largos trámites, por el Ministerio de Justicia con el informe favorable del Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que a propósito no sucedió con las universitarias. El Código Civil chileno, desde el año de su dictación, contempla en su Libro I, Título 33 que este tipo de personas jurídicas no pueden buscar el lucro.  Pero hoy en día, después de la publicación en el año 2011 de la Ley Nº 20.500 sobre las Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, ese mencionado trámite es sumamente sencillo.

Es más, las verdaderas fundaciones y corporaciones de derecho privado del Código Civil de don Andrés Bello no pueden quebrar, tal como lo ha dicho permanentemente el CDE.  Si hay irregularidades comprobadas el Ministerio de Justicia establece la disolución de las fundaciones y corporaciones, pero los que inventaron este negocio, para evitarse la fiscalización de estos 2 entes públicos, fijaron en 1981 ratificándose en la LOCE de marzo de 1990, días antes de la asunción del presidente Aylwin  y la posterior LGE, que estas truchas fundaciones y corporaciones universitarias estaban bajo el paraguas del debilucho y cómplice Ministerio de Educación, el que siempre, hasta estos días, ha tolerado el lucro ilegal que se obtiene de ellas.

Digamos también que si el CDE hubiera intervenido en la revisión de los estatutos, de sus modificaciones y de las extinciones de estas aparentes fundaciones y corporaciones universitarias, nunca se habría llegado a este escandaloso escenario puesto que no se habría permitido que entidades mercantiles fueran socias de estas universidades privadas.

Gracias a la responsable denuncia pública del ex diputado Raúl Urrutia, ex rector de la Universidad del Mar, se están conociendo en detalle estas malas prácticas, verdaderas lacras, que buscaban la ganancia fácil en un país que es un paraíso para  que los más avivados del mercado soslayen las legislaciones.

Finalmente y dado que los “empresarios” de la educación que montaron esta universidad engañaron a sus alumnos y el endeble Mineduc se lava las manos pidiéndole a la Tesorería General de la República que solicite la quiebra del establecimiento de enseñanza y al Sernac que busque a un interventor, está claro que la única salida viable y responsable es que el Estado asuma sus culpas transformando en pública a esta casa de estudios, ya que este es el único camino que salvaguarda los legítimos intereses de quienes se matricularon allí creyendo que era una universidad de verdad.