El escenario político sin duda ha estado agitado. Mucho se ha hablado acerca de quiénes serán o no serán candidatos/as y de cómo se definirán las candidaturas. Algunos nos han sorprendido con cambios de último momento y decisiones inesperadas. Vemos que poco se ha hablado sobre las propuestas de gobierno, sobre los contenidos específicos de las mismas. Y como no, los derechos humanos han estado  mayoritariamente ausentes en todo debate.

La falta de propuestas en materia de derechos humanos es llamativa si se considera que las obligaciones internacionales vinculan al Estado de Chile, independientemente de quién esté en el gobierno. Sólo se necesita de voluntad política para hacer cumplir esas normativas que nos protegen a todas y todos y esa voluntad debe ser independiente del color del partido que gobierne. Por ello, es de esperar que todas las personas que presentan sus candidaturas a las elecciones, presidenciales y parlamentarias, tengan propuestas concretas que logren cerrar las brechas que aún persisten entre la legislación y políticas en Chile y los tratados internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional emitió la semana pasada una Carta Abierta que está siendo enviada a cada uno/a de las y los candidatas y candidatos presidenciales. Allí se detallan algunas de las brechas a las que me refiero y que tienen que ver con seis materias fundamentales: institucionalidad y legislación de derechos humanos; impunidad por violaciones de derechos humanos; problemas y desafíos en materia de derechos humanos en el contexto de la protesta social; derechos de los pueblos indígenas; derechos sexuales y reproductivos, y medidas contra la discriminación.

Algunos de los temas incluidos en la Carta de Amnistía Internacional ya los han mencionado algunos/as candidatos/as, como la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es lamentable que no todas las respuestas a estos temas estén alineadas con las normas de derechos humanos ratificadas por Chile.

Sin embargo, hay temas que aún no han sido mencionados.

¿Qué pasa con los tratados internacionales pendientes de ratificación? Por ejemplo, sigue pendiente la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad que podría impedir la aplicación de la prescripción a juicios por violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo de Pinochet. El actual gobierno ha intentado que la ratificación se haga con reservas, de manera que sólo aplique a delitos cometidos después de su entrada en vigencia. ¿Impulsarían los candidatos/as su ratificación sin reservas?

¿De qué manera afrontarían las deudas en materia de verdad, justicia y reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado? Ante la persistencia de flancos de impunidad, incluyendo la vigencia del Decreto Ley 2191, conocido como “decreto ley de amnistía”, ¿qué medidas proponen para eliminarlos? ¿Qué medidas proponen para asegurar el mantenimiento de la memoria histórica, dando mayores garantías de no repetición?

¿Qué posición tiene cada candidato y candidata ante las reiteradas denuncias de violencia policial en el control de manifestaciones? Estas denuncias han continuado durante 2013 e incluyen uso indebido de medios disuasivos – a veces causando graves lesiones – detenciones arbitrarias e ilegales, malos tratos en detención. Es urgente tomar medidas para la adecuada investigación, sanción y prevención de estos hechos. ¿Qué medidas proponen quienes están camino a la presidencia?

¿Y en materia de derechos de los pueblos indígenas? Mucho puede decirse en términos generales acerca de la intención de beneficiar a los pueblos indígenas e implementar el derecho a la consulta. Pero lo verdaderamente importante es cómo: ¿qué medidas concretas proponen para asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en proyectos que los afecten de manera de obtener su consentimiento previo, libre e informado? ¿De qué manera piensan afrontar la situación particular del pueblo mapuche, incluyendo las reiteradas denuncias de violencia policial en algunas comunidades? ¿Volverían a utilizar la ley antiterrorista en su contra y en qué términos? Es urgente afrontar estos temas partiendo de la base de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Estos son sólo algunos ejemplos. Son obligaciones de derechos humanos, que protegen a todas las personas y obligan al Estado de Chile, independientemente del color político del gobierno de turno. Y es sorprendente que, pese a la importancia crucial que tienen estas materias, estén casi completamente ausentes en el debate actual. Es de esperar que de a poco el debate se vaya centrando en los contenidos programáticos y que al hacerlo, estas temáticas empiecen a adquirir el protagonismo que siempre debieran tener.

*Ana Piquer, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional-Chile.