El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, dictó condena de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Michael Woodward Iriberry, ocurrido pocos días después del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Woodward fue un sacerdote chileno-británico que luego de encabezar una importante labor religiosa y social en la capital de la Quinta Región, fue detenido por miembros de la Inteligencia Naval.

Sobre el caso, el magistrado determinó la condena de 3 años y un día de presidio con beneficio de libertad vigilada a José Manuel García Reyes y a Héctor Fernando Palomino López.

Absueltos quedaron otras 8 personas, dictamen final que el vocero del Grupo de Amigos de Miguel Woodward, Javier Rodríguez, rechazó evidentemente molesto.

“Dos personas condenadas a tres años, con libertad vigilada, es una vergüenza para Chile, para el poder judicial y para todos quienes creemos en la lucha por los derechos humanos. Pero era de esperar. El juez Miranda ha actuado de la misma forma en otros casos y creemos que va a seguir haciéndolo con otros que tiene pendientes. Es una vergüenza aberrante que después de 21 personas que estaban procesadas, solo dos tuvieran una condena”, manifestó Rodríguez.

La sentencia también dicta que el Fisco debe pagar una indemnización de $50.000.000 a la hermana del sacerdote, por concepto de daño moral, ante lo que Rodríguez cree que habrá una apelación, por considerar insuficientes las condenas. Además anunció la organización de una funa contra el poder Judicial.

Reaccionó ante esto el embajador británico, Jon Benjamin, que señaló que consideró necesario buscar el paradero del cuerpo del párroco para lo que instó “encarecidamente” a los involucrados en el caso a dar más colaboraciones en este sentido.