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En memoria de Javier Diez Canseco, diputado y luchador revolucionario peruano y latinoamericano. Fallecido en Lima el 4 de mayo de 2013.

La semana pasada se entregaron algunos elementos que permitían ir viendo cómo se fue configurando el golpe de Estado contra Salvador Allende. Quedó absolutamente claro que Estados Unidos actuó como la herramienta de articulación para la creación del ambiente político, económico y social que vertebraran la insurrección de la oligarquía: generación de condiciones subjetivas a través de los medios de comunicación, creación artificial de escasez, acaparamiento de productos de la dieta básica, subversión de las Fuerzas Armadas, acciones violentas de sabotaje, reclutamiento de terroristas e incorporación de un componente civil que le diera veracidad institucional al alzamiento, tarea cumplida en primera instancia por los parlamentarios y partidos de la derecha. Todo ello financiado por el gobierno y algunas compañías transnacionales de Estados Unidos y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia, como ha quedado visiblemente demostrado en documentos desclasificados.

Sin embargo, tales acciones fracasaron en primera instancia, cuando en marzo de 1973 la UP elevó su votación y con ello su número de parlamentarios, por lo que la salida institucional quedó de lado y se dio pasó al plan para salir de Allende de cualquier forma.

En ese contexto, la derecha arreció sus ataques contra los sectores constitucionales de las Fuerzas Armadas. El gran valladar era el general Carlos Prats, quien se oponía a una salida golpista a la crisis del país. La violencia se hizo más permanente, casi 100 muertos por violencia política se podían contar a esta altura en un país que desarrollaba su proceso “en paz y en el marco de las instituciones”. Por supuesto, la casi absoluta totalidad de los asesinados eran humildes militantes de los partidos que apoyaban al presidente Allende. Los escenarios de conflicto eran múltiples, destacándose el estudiantil, donde le cupo un importante papel subversivo a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en su gran mayoría proveniente de los sectores empresariales y de la derecha vinculada al Opus Dei.

Asimismo, el conflicto era producido por el desabastecimiento y el acaparamiento de los productos de primera necesidad. El pueblo creó las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), las que en coordinación  con la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), que en algún momento dirigió el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet,  leal al presidente Allende, dieron una batida contra los delitos económicos logrando atenuar la situación creada, pero sin poder impedirla totalmente. Por esta acción, el general Bachelet fue detenido, torturado y asesinado en la Academia de Guerra Aérea después del golpe de Estado por sus propios compañeros de armas. Su hija, ex presidenta de Chile y actual candidata presidencial, es hoy aliada de los que crearon las condiciones políticas para el asesinato de su padre. Antes, hizo una importante pasantía de estudios en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El 27 de junio, el general Prats escapó de una provocación cuando iba en su vehículo y disparó contra quienes lo agredían, que se dieron a la fuga. Todo esto fue el preámbulo del ejercicio de golpe de Estado que se llevó a efecto el 29 de junio, cuando el Regimiento de Blindados N° 2 de Santiago  se sublevó contra el gobierno, intentando tomar el Palacio de la Moneda, que fue defendido por el General Prats en persona. Los principales líderes de la organización fascista Patria y Libertad, organizadora y promotora del alzamiento, huyeron del país. Esta intentona produjo 20 muertos, la mayor parte de ellos civiles.

El 27 de julio fue asesinado al frente de su casa el capitán de Navío Arturo Araya Peeters, edecán naval del presidente Allende, oficial constitucionalista, también leal al Presidente. El hecho fue perpetrado por el agente de la CIA David Sánchez Morales con el apoyo de Patria y Libertad y el Comando derechista Rolando Matus, perteneciente al partido político que dio origen a Renovación Nacional, organización de la que es militante el Presidente Sebastián Piñera. Los participantes en el homicidio del capitán Araya fueron hechos prisioneros y procesados, pero al poco tiempo -posterior al golpe de Estado- fueron indultados por Pinochet por “servicios prestados a la Patria”.

El 22 de agosto la mayoría derechista de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en el que se establecía una situación de “grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República”. En él se acusaba al Gobierno de haber incurrido en diversas violaciones, tales como aplicar medidas económicas y políticas para instaurar un sistema “totalitario, violar garantías constitucionales, dirigir una campaña de difamación contra la Corte Suprema, violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los opositores e intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas”.

En ese contexto, el presidente Allende se dispuso a convocar a un plebiscito para que fuera el pueblo quien decidiera si continuaba al frente de los destinos del país. Incluso en esas desfavorables condiciones, Allende confiaba en su pueblo, en su sabiduría y disposición de solucionar por vía pacífica lo que se pretendía “resolver” a través de la violencia. No había ninguna duda que el presidente hubiera renunciado si los resultados le hubieran sido adversos. No temía enfrentarse en las urnas electorales. La derecha, sí. La convocatoria a plebiscito aceleró los preparativos golpistas… lo demás es conocido.

Esto ocurrió siendo presidente de Estados Unidos Richard Nixon, republicano y blanco. Para los que creen que el partido político o el color de la piel  del presidente modifican el comportamiento imperial de Estados Unidos, vale la pena revisar la historia para ver que en cualquier época, la potencia del norte ha implementado diferentes métodos de agresión acorde a cada situación,  contexto y circunstancia. El peregrinar de América Latina y el Caribe durante los dos siglos pasados recoge un inventario de cursos de acción, instrumentos y utilización de diversos actores encaminados al mismo objetivo: retrotraer la historia en aquellos países donde los pueblos han elegido caminos de independencia y soberanía.

Solo en lo que va de siglo, en América Latina y el Caribe, el imperio ha puesto en funcionamiento su arsenal de alternativas retrógradas. En 2002 y 2003,  golpe de Estado y sabotaje petrolero con la paralización de la principal industria de Venezuela con el objetivo de derrocar al presidente Chávez. 2004, golpe de Estado, secuestro y expulsión del país del Presidente Jean- Bertrand Aristide en Haití. 2008, intento secesionista en Bolivia. 2009, golpe de Estado, secuestro y expulsión del país del presidente José Manuel Zelaya en Honduras. 2010, intento de asesinato del presidente Rafael Correa y golpe de Estado en Ecuador. 2012, golpe de Estado institucional en Paraguay y derrocamiento del Presidente Fernando Lugo.

Y ahora pretenden continuar su seguidilla de acciones intervencionistas en Venezuela con motivo de la reciente elección presidencial en la que la derecha no quiere aceptar el resultado. Tal actitud está validada por el no reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al Presidente Maduro, lo cual significa -en los hechos- el desconocimiento de la institucionalidad del país, toda vez que los poderes del Estado en uso de sus competencias respectivas dictaminaron el resultado electoral. La violencia posterior, que trajo como consecuencia nueve ciudadanos asesinados, entre ellos dos niños, es responsabilidad directa de la derecha fascista, la que como hace 40 años en Chile pretende interrumpir el hilo constitucional a cualquier costo. En uno y otro caso hay un elemento común: la intervención de Estados Unidos con el objetivo de aplicar su conocida “receta” de destrucción, muerte e intranquilidad para los pueblos.