Nuevamente este año deberemos enfrentar la discusión del reajuste de aranceles, a pesar de nuestra condición de universidad estatal, pública y nacional, en un modelo universitario de autofinanciamiento propio de entidades privadas y que impone a nuestros estudiantes una carga económica, familiar e individual,con un peso de tal magnitud que finalmente los aleja de la responsabilidad social que en sus formaciones profesionales su educación superior los debiera orientar y hacer propender al servicio público.

En más de veinte años ningún Gobierno ha enfocado su acción político-educacionala la recuperación de las universidades estatales, sometiéndolas año a añoa buscar gran parte de su financiamiento, que en el caso de nuestra Universidad se empina por sobre el 80%, siendo los aranceles estudiantiles parte de este necesario complemento.

Tras una política financiera trazada hace más de treinta años, sus resultados nos deben obligar ante la ciudadanía a hacer un alto y retomar la iniciativa de dar una señal al Gobierno y a las próximas autoridades que se requiere un cambio en una política tan regresiva y que atenta contra la esencia mismade lo público y estatal. Por lo demás, no podemos seguir avalando un régimen de autofinanciamiento a través de aranceles estudiantiles, sobre la base de endeudamiento personal que afecta a más de un cuarto de la vida profesional de cada egresado y que coincide con el período de constitución familiar y de puesta en marcha de su futuro ciudadano.

Los integrantes del Senado Universitario no podemos seguir ajenos a esta realidad e invito a la Comunidad Universitaria toda a que, como primera señal sobre este particular,acuerde un congelamiento de los aranceles para el año 2014 en la Universidad de Chile, señal que debiera extenderse a todas la universidades estatales del país, a fin de que los próximos gobernantes tomen en consideración la necesidad de proveer los recursos suficientes para emprender este cambio. De este modo,nuestras autoridades universitarias deberíancuanto antes establecer los requerimientos financieros de Aporte Fiscal Directo (AFD) y Aranceles de Referencia que se requieren para el normal financiamiento institucional, previo a la discusión del Presupuesto de la Nación 2014 en el Congreso.

Hoy, el emprender un cambio en el financiamiento de las universidades estatales resulta ser un deber ético ineludible de quiénes son responsables de la conducción política del sistema de educación superior. Y nosotros, como integrantes de la principal universidad estatal del país debemos llamar la atención a quiénes deben cumplir con su deber,a fin de que nuestra instituciones estatales orienten su quehacer fundamental a la formación profesional de sus egresados sobre la base de la equidad y el mérito,para que estos actúen el día de mañana por el bien del país y de nuestra gente,con elementos valóricos que antepongan el bien común a intereses personales o de grupos.

*El autor es Doctor en Ciencias de la Universidad de Chile y Senador universitario transversal de nuestra casa de estudios