En edición especial del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas conversó en exclusiva con Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral de México.

Leonardo Valdés posee uno de los cargos de más alto rango dentro del Estado mexicano, vinculado a la organización de las elecciones y el padrón electoral. Licenciado en Economía, Doctor en Sociología, académico universitario y autor de decenas de libros sobre temas electorales, fue elegido consejero presidente por la Cámara de Diputados por una amplísima mayoría.

“Somos nueve miembros del Consejo General con derecho a voz y voto, un presidente y ocho consejeros electorales. Son electos por dos tercios de los diputados y el requisito es no tener afiliación partidaria, no haber sido candidato de un partido ni dirigente en las últimas tres elecciones y tener conocimiento en la materia. Por eso muchos de nosotros somos académicos que hemos trabajado en temas políticos y electorales”, precisa Valdés sobre la composición del Instituto Federal Electoral (IFE).

Durante los más de 70 años de gobierno del PRI, prácticamente se sucedía un presidente a otro, cada uno designado por el mandatario anterior. Y aunque había elecciones, nadie creía mucho en ellas. No se distinguía registro electoral, eran muy pocas personas las que se inscribían y el voto secreto estaba bastante cuestionado. ¿Cómo podemos caracterizar esta realidad?

Es un proceso histórico muy complejo. En México, a principios del siglo XX, tuvimos una gran revolución social que instauró un régimen político con características especiales. Los triunfadores de la revolución lograron ponerse de acuerdo para distribuir el poder político. Habían ganado una revolución que tenía contenido social y, en consecuencia, legitimidad. Pero la revolución también impulsó un desarrollo capitalista de México. Esa parte de la política del estado mexicano también generó un enorme nivel de legitimidad frente a los empresarios y la clase media, por lo que se fue conformando lo que algunos investigadores han llamado un sistema de partido hegemónico. No era el único, había otros partidos, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era el único que tenía bajo su organización a la gran masa de ciudadanos mexicanos.

La renovación de la presidencia siempre fue puntual, cada seis años. No tuvimos un golpe de Estado durante todo el siglo XX, las elecciones se llevaron a cabo de acuerdo con la legislación, pero lo cierto es que la elección del Presidente se resolvía porque el Presidente en funciones decidía quien era su sucesor, ya que en México no hay reelección. Y el resto de los puestos de elección eran negociados entre los sectores del partido y los sindicatos, los grupos campesinos, los grupos empresariales, las organizaciones populares. Y a veces, cuando algún partido de oposición tenía fuerza para competir por alguna alcaldía o gubernatura, no había empacho en hacer un fraude en las elecciones para que el partido hegemónico ganara. Esto era así porque teníamos un sistema jurídico que soportaba estos procesos electorales, que no era equitativo ni confiable.

¿Esta idea del fraude ya es algo asumido por la sociedad mexicana, por la clase política?

Yo diría que con diferentes niveles. Por supuesto que a quienes vienen del PRI más bien viejo les cuesta trabajo reconocerlo y lo hacen solo a niveles inferiores, nunca en la elección del Presidente de la República. Pero en quienes provienen de la oposición, tanto de izquierda como de derecha, sí hay una preocupación central sobre la posibilidad de esos fraudes.

Pero México supo reaccionar bien ante la crisis y uno de los síntomas de ello es la creación del Instituto Federal Electoral, aunque que al principio era muy cuestionado. Se pensaba que era un ardid para legitimar ciertos procesos, pero en definitiva es evidente es que hoy día México tiene un padrón electoral, una ley electoral, regulaciones que controlan el gasto electoral y muchas más garantías de que la ciudadanía puede participar en un proceso limpio y transparente.

Aquella cultura del partido único o casi único, de los fraudes electorales, se ha ido remontando. No es fácil hacerlo porque incluso forma parte de la cultura política del mexicano. El mexicano es muy desconfiado sobre este tipo de cuestiones electorales y no fortuitamente, lo es porque hay una historia que lo soporta. En México la llamada transición a la democracia, que yo definiría más bien como un proceso histórico de cambio político, se logró resolver bien fundamentalmente por dos razones, que además coincidieron en el tiempo. En primer lugar, se empezó a implantar al pluralismo político en nuestra sociedad: de ser una sociedad agraria en que las corporaciones afiliaban al partido del gobierno y se beneficiaban de él, empezamos a ser una sociedad mucho más urbana, de clase media, con mejores niveles de educación, con éxito en los programas universitarios. Esto fue haciendo que los mexicanos dejaran de acuerparse en una sola opción política. Se fortaleció la derecha, ganaron la presidencia de la República, gobiernos de los Estados, importantes municipalidades, una presencia legislativa muy importante. Y como herencia del movimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, después del 88 se creó el partido de la Revolución Democrática, que es el más fuerte partido de la izquierda en México, que normalmente logra coaliciones con otros partidos de izquierda pero también es competitivo en las elecciones. En términos del tejido social, llegó el pluralismo y empezaron a ser mucho más competitivas las elecciones, porque ahora se ganan por mucha menos diferencia. Estamos casi en tercios. Cualquiera de los tres partidos puede ser mayoría, porque tiene más o menos un tercio de la votación. Y ese pluralismo que se estableció en la sociedad tiene además consecuencias culturales, en el arte, el pensamiento.

Y yo agregaría en el periodismo, que es algo muy importante. Me consta cómo México en muy pocos años aumentó notablemente su diversidad informativa, después de haber tenido la televisión, la radio y los periódicos tan concentrados. De la noche a la mañana surgieron periódicos importantísimos, en la radio se notaba una pluralidad muy importante y se sigue notando. También eso ha hecho cambiar la actitud de los mexicanos frente a la política.

Por supuesto, hoy en México la libertad de expresión y los derechos humanos son temas importantes. La diversidad cultural y la preferencia sexual diversa son temas que se debaten, al igual que otros tan espinosos como si el aborto debe o no despenalizarse. Hay múltiples opiniones y esto ha convertido a la sociedad mexicana en una sociedad mucho más plural. Felizmente eso coincidió con la creación no solo de un Instituto Electoral sólido, autónomo y profesional, sino que también con una ley electoral mucho más equitativa que le da, primero que nada, certeza al ciudadano y a los actores políticos de que el padrón electoral se maneja con profesionalismo, que quienes están ahí inscritos lo están porque tienen derecho a estarlo. Tenemos una credencial para votar que es el equivalente a un carné de identidad, algo que en México antes era impensable pero hoy es nuestro medio fundamental de identificación. Hoy el 98% de los ciudadanos tiene su credencial para votar, además de su fotografía, huellas dactilares y elementos de seguridad para que no sea falsificada. Y por si eso fuera poco, la ley electoral da al Instituto Federal Electoral facultades para administrar que los candidatos políticos tengan acceso gratuito y además permanente a la radio y la televisión, para poder exponer sus propuestas y proyectos. Cada radio o canal de televisión, para poder tener derecho a transmitir, debe otorgar tiempo al Estado mexicano, 48 minutos al día, todos los días. Tenemos además un sistema de financiamiento público a los partidos, los que pueden obtener financiamiento privado pero el público es preponderante, cercano al 90%. Para ello, tenemos procedimientos de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos que le permiten a la autoridad electoral incluso conocer los movimientos bancarios. Además, los partidos y los ciudadanos pueden presentar quejas y demandas al IFE, el cual las conoce y las resuelve. De los años 90 a estos primeros años de la segunda década del siglo XXI hemos construido un sistema electoral muy complejo, pero que le ha dado posibilidades de expresión a esa pluralidad política que se ha generado en la sociedad.

Financiamiento de los partidos políticos

Planteaste algo bien importante, que es el financiamiento de los partidos políticos. Aquí hace algunos días el Presidente de la República ha mandado una iniciativa al Congreso que reforma la ley electoral en muchos aspectos y precisa que por primera vez habría aportes estatales a los partidos políticos. La propuesta es absolutamente impopular, porque los cuestionamientos que hay hoy día a la política chilena por los actos de corrupción son enormes y porque existe la convicción de si el Estado le da dinero a los partidos políticos, eso no va a inhibir que los empresarios y los poderes fácticos sigan financiando la política como lo han estado haciendo hasta ahora. Serían recursos fiscales para partidos que no representan ni al 10% de la población en Chile. ¿Ha sido efectivo en México que los partidos reciban recursos del Estado?

Debo decirte que en México tampoco es popular la idea de que los partidos reciban dinero del Estado, pero lo cierto es que hemos encontrado que es la solución para evitar la inequidad del pasado, evitar que las corporaciones capturen las campañas, que el narcotráfico se adueñe de los partidos políticos. Hay que ponerlo en perspectiva histórica. En la etapa del partido hegemónico, el partido que se encontraba en el gobierno podía aprovechar recursos públicos. Esto era un ingrediente de gran inequidad en la competencia electoral, porque los partidos de oposición no tenían acceso a esos recursos para poder participar. Por ello la primera decisión que se tomó fue prohibir que los gobiernos pudieran aportar recursos de manera ilegal a las campañas electorales de los partidos y la oposición exigió que, en consecuencia, se dieran recursos públicos de manera formal y transparente a los partidos políticos para hacer equitativa la competencia.

Ya se ve que cada país tiene su propia realidad y así como lo planteas tú, allá parece muy razonable. Aquí no es esa la situación.

Ese fue el inicio. Después, en la medida en que los partidos fueron teniendo mayor fuerza, se empezó a pensar que las corporaciones, los sindicatos, las cámaras empresariales, pudieran financiar a los partidos políticos. Así surgió en México la idea de que si un legislador financiaba su campaña por una corporación, después al votar leyes o reformas a las leyes podía ser presionado por ella. Entonces se pidió abrir el financiamiento privado, pero con una limitación bastante importante.

¿Qué dice la ley respecto de si el Parlamento discute una materia en que va a tocar los intereses de ciertas empresas, que han financiado a ciertos candidatos?

No, en México está prohibido que las empresas, los sindicatos, las iglesias, los gobiernos, extranjeros o mexicanos que residen en el extranjero financien partidos políticos. Entonces queda reducido a que solamente los simpatizantes pueden hacer aportaciones, siempre que se transparenten. Se tiene que llevar un registro de qué personas hicieron qué aportaciones y hay topes a las mismas. Y el financiamiento siempre es a los partidos, no a los candidatos.

Lo importante es saber si existen los controles. Aquí, el equivalente es el Servicio Electoral y no tiene personal ni recursos para poder fiscalizar, por lo tanto los candidatos terminan vulnerando todas las disposiciones.

Esta es una historia también importante. Justo en la elección en la que se dio la alternancia en la Presidencia de la República, el año 2000, tuvimos unos primeros casos de escándalos por financiamientos ilegales. A partir de ahí se discutió el tema del complemento del financiamiento público, la necesidad de tener poderosos instrumentos de fiscalización de los recursos que reciben los partidos y los que gastan. Se inició todo un procedimiento, primero muy complejo, hoy ya establecido en la Constitución y en la ley para que el IFE tenga una unidad especializada en fiscalización, la que tiene ante sí la posibilidad de conocer todos los registros bancarios de los candidatos, los dirigentes de los partidos, los tesoreros, las declaraciones fiscales de los proveedores de servicios para los partidos, los fideicomisos que se constituyan para las actividades partidarias. De tal forma, no hay secretos bancarios frente a la fiscalización del IFE, lo que nos ha permitido descubrir actuaciones que se apartan de la ley y sancionarlas. Cuando se encuentra alguna irregularidad se pone una multa y no hay que esperar que el partido venga a pagarla, se le deduce de su financiamiento público.

¿Con qué criterio se reparten los dineros públicos?

Cada año se hace una bolsa de recursos financieros para entregar a los partidos políticos, la que surge de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo en México. Esa cantidad de recursos se distribuye el 30% igualitario a todos los partidos políticos nacionales reconocidos, que en nuestro caso son siete, y el 70% restante se distribuye en proporción a la votación obtenida en el año anterior. Eso te da un piso básico a partir del cual los partidos pueden desarrollar sus actividades y sus campañas electorales, pero también te dan una diferenciación en virtud de que, siendo recursos públicos que aportamos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, se les asigne en función de su capacidad de movilización electoral.

El sistema electoral mexicano

¿La inscripción electoral es automática?

No, es voluntaria. El ciudadano tiene que ir a un módulo, llevar sus documentos y hacer el trámite para votar.

¿Y el voto es voluntario, también?

La Constitución dice que lo es pero no tenemos ley secundaria que establezca ninguna sanción, de forma que para todo efecto práctico también es voluntario.

¿Quiénes integran el padrón electoral en México, cuáles son los requisitos?

Hombres y mujeres mayores de 18 años.

En eso es coincidente con Chile. Pero también es público y notorio que los mexicanos que radican en el exterior también tienen derecho a votar, algo que los chilenos no hemos logrado conquistar.

Hemos tenido apenas dos experiencias. La primera fue en el año 2006 y la segunda en 2012. Estas no nos han dejado satisfechos, porque es un procedimiento que, si bien le da derecho al ciudadano que reside en el extranjero de participar en las elecciones, es limitado. Solo se puede participar en la elección de Presidente de la República y hay que decir que en México cada seis años elegimos simultáneamente presidente, senadores y también la Cámara de Diputados, completa.

¿Y eso te parece mal? Porque se podría decir que por qué van a votar los mexicanos por un gobernador, si no viven en ese Estado.

Es un buen cuestionamiento. Lo que sucede es que la mayor parte de los mexicanos que se encuentran en el extranjero son trabajadores que están en los Estados Unidos, porque en México no es posible entregarles un trabajo remunerado adecuadamente. Ellos remiten un alto nivel de dinero que entra a la economía mexicana, que sirve para que sus familiares puedan sobrevivir y subsistir. Después del petróleo, las remesas de los trabajadores en el extranjero son la segunda fuente de ingreso de divisas más importante en la economía mexicana. Es por ello que en México pensamos que, en virtud de que aportan un caudal muy importante de recursos para el funcionamiento de los municipios, de los Estados, debieran tener la oportunidad de participar en las decisiones de otro nivel.

México siempre se ha caracterizado porque el Presidente de la República no puede ser reelegido nunca, ni siquiera después de un periodo, como aquí. ¿Esto está afianzado o hay quienes están planteando otra posibilidad?

Esto está totalmente afianzado, tiene una raíz histórica muy importante. En el siglo XIX tuvimos un presidente que se reeligió durante 30 años y se convirtió casi en un dictador. A partir de la Constitución de 1917 ningún ciudadano mexicano que ocupa la presidencia de la República por seis años puede volver a ser electo.

¿Y los parlamentarios no pueden reelegirse?

No pueden reelegirse de manera inmediata. Hay un debate acerca de que se les permita la reelección inmediata limitada para un par de periodos, con la idea de que la reelección se convierte en una calificación de los electores respecto de la actuación del parlamentario. Es una discusión interesante, me parece que la democracia mexicana ya está madura para ensayar este tipo de cuestiones, porque al no haber reelección el grado de responsabilidad de los parlamentarios ha disminuido y no siempre toman las mejores decisiones.

¿Hay leyes de discriminación positiva, para que los partidos tengan la obligación de poner un número de candidatas?

Sí, hemos ido avanzando. Teníamos primero una cuota del 30% de las candidaturas de los partidos para un mismo género, hoy la hemos elevado al 40%. Pueden ser hombres o mujeres, pero por lo general son mujeres, lamentablemente. Además hemos avanzado en otra cuestión, porque tuvimos una experiencia deplorable el año 2009 en el que un partido cumplió con la cuota pero puso como suplente a un varón. Muchas diputadas renunciaron para que entrara su suplente varón a la posición legislativa. A partir de una interpretación muy correcta del mandato institucional, se ha establecido que los suplentes de quienes participan en estas candidaturas deben ser del mismo género.

¿Por qué México no ha establecido, como tantos otros países, el mecanismo de la segunda vuelta electoral, aunque sea para elegir al Presidente de la República?

Siendo muy sincero, yo creo que por desgracia. Porque efectivamente en un sistema de tres partidos fuertes, competitivos, ninguno de nuestros últimos presidentes ha ganado por más de la mitad de los votos, casi siempre por un poco más de un tercio de la votación. Y eso ha provocado fuertes conflictos post electorales, algunos de ellos incluso cercanos a una crisis política, en 2006, que se podrían superar justamente con el procedimiento del balotaje o la segunda vuelta. Yo apoyo este tipo de procedimientos que existen en muchos países latinoamericanos y creo que en México tenemos que profundizar el análisis de esas experiencias. Tengo la impresión de que elegir al Presidente por una mayoría absoluta le da estabilidad política a nuestras naciones.