Señor Director,

Los bajos índices de confianza ciudadana en el Congreso, y en particular en la Cámara de Diputados, instan a examinar el aporte de la política comunicacional de esta última al esfuerzo por aliviar dicho descrédito. La Cámara, contrariamente al proyecto del Senado, optó sucesivamente, hace más de diez años, por externalizar la incipiente televisión parlamentaria, luego por adquirir equipos propios con el fin de reforzar la contribución de terceros para, finalmente, hacerse cargo de la compleja operación de adquirir, organizar y mantener una estructura que, al agregarse una radio, implica –junto a otros medios digitales-, un importante requerimiento de recursos financieros, de renovación tecnológica y capacitación permanente del personal; sería insuficiente y peligroso, sin embargo, explicar los problemas de organización y gestión que ello ha acarreado como el resultado natural del progreso –en este caso, desordenado-, o entender la administración del avance tecnológico como sustituto del mensaje que se pretende comunicar.

El personal de la Cámara de Diputados responsable de las comunicaciones casi alcanza hoy en número a aquél dedicado a la gestión legislativa y de fiscalización, con una dotación que en más del 80% ha sido reclutada a contrata y cuya inserción en la estructura tradicional de la Cámara sería difícil y compleja, no solo por la imposibilidad de homologar funciones y remuneraciones, sino además por la obligación legal que sometería a casi todos los cargos a concurso público. En otras palabras, la importancia de la comunicación y la irrupción de nuevas tecnologías han impuesto tareas inéditas a las asambleas legislativas las que, por su complejidad, obstaculizan el giro prioritario y principal del negocio que es legislar y fiscalizar. No es extraño que otros parlamentos hayan optado por traspasar las comunicaciones y la organización y gestión de medios a corporaciones externas, con responsabilidades y políticas editoriales explícitas.

Son estos dos acertijos los que deberá resolver el nuevo director de comunicaciones de la Cámara de Diputados –ha habido cuatro en los últimos cinco años-, si los diputados lo decidieran y llegara a contar, quien se designe, con las facultades para hacerlo: independizar orgánica y administrativamente la gestión de las comunicaciones y contribuir a una línea editorial que transforme efectivamente los medios de la Cámara, más allá de un relato inerme, en un referente político y, adicionalmente, en una guía pedagógica para una ciudadanía que desconoce sus atribuciones y funcionamiento. Para ello, el nuevo director necesariamente debería estar facultado para sobreponerse a la dispersión de tareas que generalmente debilita el liderazgo proclamando autonomías, y a explicitar y fortalecer una orientación y responsabilidad editoriales que respondan a la institución y mejoren, en lo que les cabe, su imagen alicaída. De lo contrario, lo que se requeriría serían burócratas y no periodistas o comunicadores, y sustituir la orientación editorial, en un afán de equilibrios mal entendidos, por un cronómetro. El llamado a concurso para un nuevo director (a) de comunicaciones para la Cámara de Diputados es, en consecuencia, una oportunidad inédita para corregir e innovar, con la condición necesaria de examinar la experiencia de los últimos años.
Hernán Ampuero Villagrán
Cientista Político