Estimado Director:

Ante la impactante información difundida profusamente por los Medios, respecto a las pensiones a los exonerados políticos, es mi deseo exponer mi punto de vista como quien experimentó en grado mínimo esta situación, de manera de contribuir a un debate objetivo, en una perspectiva histórica, que sin desmerecer aquella administrativa y judicial si es el caso, le dé contexto a este hecho tan complejo.

Es necesario recordar que las formas de expulsión de trabajadores responden a un momento de poder omnímodo de la dictadura, como consecuencia inmediata y no tan inmediata del golpe militar. El mandato irrevocable era que las instituciones debían limpiarse de la lacra marxista y de los políticos que la generaron o ampararon, partiendo por los dirigentes hasta llegar a las bases.
Como primerísima medida se entronizan autoridades que representan a la junta de gobierno, con la tarea de tal limpieza sin miramientos, ni una mínima pulcritud, ni respeto. De este modo se vulneraron los procedimientos normales, quedando mucha gente en la calle, sin papeles de respaldo para acceder a otro trabajo y, muchos, sufriendo la cárcel o detenciones en regimientos o locales militares.

Este drama de muchos chilenos, por razones estratégicas de aquel momento, se desarrollaba con sigilo, falsas informaciones, y con los mínimos registros posibles. Y de parte de los afectados, con temor y autocensura. Por ello, pasado el ciclón, en muchos casos éstos no tenían más constancia que su propio drama y el de su familia, a no ser el testimonio de un eventual peregrino del mismo vía crucis. Y es en este marco que la Vicaría de la Solidaridad cumple un papel fundamental, con riesgos de sus integrantes, además de la presión ejercida por la dictadura sobre la jerarquía de la Iglesia Católica, sus Órdenes religiosas e instituciones. En esta providencial instancia se hizo un trabajo monumental, siguiendo pistas y registrando información verídica de muchos exonerados, torturados y desaparecidos. Otras Iglesias se involucraron en forma importante. Destaco el papel de la Iglesia Luterana de Temuco, cuyo pastor apoyó en forma sostenida a mucha gente sin trabajo, sin voz y en muchos casos sin ciudadanía.

La noble tarea de estas y otras instituciones, y el rol de parlamentarios que protegieron unas y avalaron otros, lo más probable es que se haya matizado con hechos fraudulentos dado el “río revuelto” heredado por la dictadura, en este ámbito, por su arbitrariedad, hermetismo y uso de información confusa o abiertamente falsa como método . La “ganancia de pescadores” habrá que investigarla sin duda, pero considerando que muchos trabajadores informales, campesinos o eventuales no están registrados en documento oficial alguno, salvo en los cuestionados certificados de parlamentarios y los testimonios que les sirvieron de base, (lo cual podría explicar parte de la discordancia de cifras que estamos conociendo). En cuanto a trabajadores formales y profesionales, muchos colegas míos, por ejemplo, firmaron la total conformidad con el finiquito, mientras se estaban contratando a quienes los remplazarían. Así, habrá quienes – como yo – que los avalan, porque fueron obligados a hacerlo, so pena de otras penas además del despido, mientras otros estarían dispuestos a acusarlos de fraude. Complejo asunto, que nos debe llevar a tratar este espinudo caso con cautela, ya que implica rehacer un triste lapso de nuestra historia, con el necesario acotamiento de la ley, pero sin evadir el extenso campo de la responsabilidad de los actores, del drama humano, y de la ética.

Conrado Pérez Rebolledo
Profesor jubilado Universidad de Concepción