El Servicio Nacional de Menores recibió 87 mil 432 jóvenes durante este año, de los cuales un 82% recibe la asistencia que garantiza el Estado, más un 18% de jóvenes que cumplen alguna infracción judicial. Estudios advierten que el tratamiento de ambos grupos en un mismo centro podría incidir en un alza en índices de delito, reincidencia y problemas en los internos.
Ante este tema, el Ejecutivo envió, con suma urgencia, un proyecto de ley que divide el Sename en dos organismos independientes: Servicio de Protección de la Infancia y un Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Todos los miércoles el texto es revisado en la comisión de Constitución de la Cámara, y más de la mitad estaría aprobado.
El presidente de la comisión, diputado Cristián Monckeberg, apuntó que la división es urgente, y cuenta con consenso en la Cámara, sin certeza por su aprobación durante este gobierno. A su juicio, esta separación de funciones requiere además de otras leyes que definan la protección legal de menores en el país.
“La división es urgente y necesaria. Lo que es relevante es que no sacamos nada con estructura orgánica dividida si no tenemos claro el marco, una ley que fije la protección general de los derechos del niño, ese proyecto se lo pedimos al Gobierno, fue enviado a la Cámara”, declaró.
Monckeberg subrayó en la reforma que requiere la Ley de Menores, sumado a otras peticiones por una Defensoría de la Infancia, y una reforma a la Constitución que especifique la defensa de derechos universales de niños y adolescentes.
Para Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), esta división de funciones sólo aporta burocracia, ya que las fichas de cada menor están en el ministerio de Justicia, cartera que contempla monitoreo directo en cada caso específico.
“Está bien si el Estado quiere dividir servicios, pero reconocemos que hay que hacer mejoras sustanciales para mejorar la calidad de la atención. Pero mientras no se derogue la Ley de Menores, esto debe seguir en Justicia, porque todos los niños están judicializados, todas sus causas son en tribunales. Que se vaya al ministerio de Desarrollo Social es tremendo error, sólo tiene programas y no tiene atención directa. Nosotros creemos que debe seguir bajo el alero del Estado”, señaló.
La dirigente recalcó en la falta de financiamiento para profesionales, infraestructura y capacitación, sumado a la baja subvención que se entrega por cada menor en centros cerrados y semicerrados, los cuales carecen de equipamiento para cumplir sus objetivos.
En un aspecto técnico, Gonzalo Paz, psiquiatra que encabezó la recuperación del menor Cristóbal, conocido como Cisarro, señaló en el programa Semáforo de nuestra emisora que es necesario optimizar tratamientos a la altura de los mejores sistemas de salud privada.
“La situación de estos niños va a cambiar cuando trabajemos las patologías siquiátricas con las familias, porque sus padres podrían tener patologías. La solución es un servicio de siquiatría y salud mental integral, el mismo tratamiento si hubieran nacido en Lo Barnechea, que cubra el 70% de niños con patología siquiátrica que están internos”, dijo.
A juicio del especialista, existen factores sicológicos que no alcanzan a ser considerados en la recuperación de menores de edad, sumado a obligaciones del Sename por la Ley de Responsabilidad Adolescente, que recargan funciones sin tener una dotación suficiente.
El Servicio Nacional de Menores recibió 87 mil 432 jóvenes durante este año, de los cuales un 82% recibe la asistencia que garantiza el Estado, más un 18% de jóvenes que cumplen alguna infracción judicial. Estudios advierten que el tratamiento de ambos grupos en un mismo centro podría incidir en un alza en índices de delito, reincidencia y problemas en los internos.
Ante este tema, el Ejecutivo envió, con suma urgencia, un proyecto de ley que divide el Sename en dos organismos independientes: Servicio de Protección de la Infancia y un Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Todos los miércoles el texto es revisado en la comisión de Constitución de la Cámara, y más de la mitad estaría aprobado.
El presidente de la comisión, diputado Cristián Monckeberg, apuntó que la división es urgente, y cuenta con consenso en la Cámara, sin certeza por su aprobación durante este gobierno. A su juicio, esta separación de funciones requiere además de otras leyes que definan la protección legal de menores en el país.
“La división es urgente y necesaria. Lo que es relevante es que no sacamos nada con estructura orgánica dividida si no tenemos claro el marco, una ley que fije la protección general de los derechos del niño, ese proyecto se lo pedimos al Gobierno, fue enviado a la Cámara”, declaró.
Monckeberg subrayó en la reforma que requiere la Ley de Menores, sumado a otras peticiones por una Defensoría de la Infancia, y una reforma a la Constitución que especifique la defensa de derechos universales de niños y adolescentes.
Para Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), esta división de funciones sólo aporta burocracia, ya que las fichas de cada menor están en el ministerio de Justicia, cartera que contempla monitoreo directo en cada caso específico.
“Está bien si el Estado quiere dividir servicios, pero reconocemos que hay que hacer mejoras sustanciales para mejorar la calidad de la atención. Pero mientras no se derogue la Ley de Menores, esto debe seguir en Justicia, porque todos los niños están judicializados, todas sus causas son en tribunales. Que se vaya al ministerio de Desarrollo Social es tremendo error, sólo tiene programas y no tiene atención directa. Nosotros creemos que debe seguir bajo el alero del Estado”, señaló.
La dirigente recalcó en la falta de financiamiento para profesionales, infraestructura y capacitación, sumado a la baja subvención que se entrega por cada menor en centros cerrados y semicerrados, los cuales carecen de equipamiento para cumplir sus objetivos.
En un aspecto técnico, Gonzalo Paz, psiquiatra que encabezó la recuperación del menor Cristóbal, conocido como Cisarro, señaló en el programa Semáforo de nuestra emisora que es necesario optimizar tratamientos a la altura de los mejores sistemas de salud privada.
“La situación de estos niños va a cambiar cuando trabajemos las patologías siquiátricas con las familias, porque sus padres podrían tener patologías. La solución es un servicio de siquiatría y salud mental integral, el mismo tratamiento si hubieran nacido en Lo Barnechea, que cubra el 70% de niños con patología siquiátrica que están internos”, dijo.
A juicio del especialista, existen factores sicológicos que no alcanzan a ser considerados en la recuperación de menores de edad, sumado a obligaciones del Sename por la Ley de Responsabilidad Adolescente, que recargan funciones sin tener una dotación suficiente.
El Servicio Nacional de Menores recibió 87 mil 432 jóvenes durante este año, de los cuales un 82% recibe la asistencia que garantiza el Estado, más un 18% de jóvenes que cumplen alguna infracción judicial. Estudios advierten que el tratamiento de ambos grupos en un mismo centro podría incidir en un alza en índices de delito, reincidencia y problemas en los internos.
Ante este tema, el Ejecutivo envió, con suma urgencia, un proyecto de ley que divide el Sename en dos organismos independientes: Servicio de Protección de la Infancia y un Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. Todos los miércoles el texto es revisado en la comisión de Constitución de la Cámara, y más de la mitad estaría aprobado.
El presidente de la comisión, diputado Cristián Monckeberg, apuntó que la división es urgente, y cuenta con consenso en la Cámara, sin certeza por su aprobación durante este gobierno. A su juicio, esta separación de funciones requiere además de otras leyes que definan la protección legal de menores en el país.
“La división es urgente y necesaria. Lo que es relevante es que no sacamos nada con estructura orgánica dividida si no tenemos claro el marco, una ley que fije la protección general de los derechos del niño, ese proyecto se lo pedimos al Gobierno, fue enviado a la Cámara”, declaró.
Monckeberg subrayó en la reforma que requiere la Ley de Menores, sumado a otras peticiones por una Defensoría de la Infancia, y una reforma a la Constitución que especifique la defensa de derechos universales de niños y adolescentes.
Para Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), esta división de funciones sólo aporta burocracia, ya que las fichas de cada menor están en el ministerio de Justicia, cartera que contempla monitoreo directo en cada caso específico.
“Está bien si el Estado quiere dividir servicios, pero reconocemos que hay que hacer mejoras sustanciales para mejorar la calidad de la atención. Pero mientras no se derogue la Ley de Menores, esto debe seguir en Justicia, porque todos los niños están judicializados, todas sus causas son en tribunales. Que se vaya al ministerio de Desarrollo Social es tremendo error, sólo tiene programas y no tiene atención directa. Nosotros creemos que debe seguir bajo el alero del Estado”, señaló.
La dirigente recalcó en la falta de financiamiento para profesionales, infraestructura y capacitación, sumado a la baja subvención que se entrega por cada menor en centros cerrados y semicerrados, los cuales carecen de equipamiento para cumplir sus objetivos.
En un aspecto técnico, Gonzalo Paz, psiquiatra que encabezó la recuperación del menor Cristóbal, conocido como Cisarro, señaló en el programa Semáforo de nuestra emisora que es necesario optimizar tratamientos a la altura de los mejores sistemas de salud privada.
“La situación de estos niños va a cambiar cuando trabajemos las patologías siquiátricas con las familias, porque sus padres podrían tener patologías. La solución es un servicio de siquiatría y salud mental integral, el mismo tratamiento si hubieran nacido en Lo Barnechea, que cubra el 70% de niños con patología siquiátrica que están internos”, dijo.
A juicio del especialista, existen factores sicológicos que no alcanzan a ser considerados en la recuperación de menores de edad, sumado a obligaciones del Sename por la Ley de Responsabilidad Adolescente, que recargan funciones sin tener una dotación suficiente.
