La Corte Suprema designó a Mireya López como ministra en visita del caso exonerados. En sesión del tribunal en pleno, realizado el miércoles 5 de mayo, se adoptó la medida que fue informada por el ministro vocero de la Corte, Hugo Dolmestch.

El magistrado señaló que el comienzo de este proceso es con el sistema antiguo y la designación de ministro en visita es procedente “es un asunto que ha causado, no solo revuelo, sino que además, como dice la norma pertinente, alarma pública. Y es un asunto nacional, de este modo es prudente que se investigue por un ministro en visita”, señaló.

Mireya López, quien es la ministra más nueva del Tribunal de Alzada e integrante de la sala tributaria de la Corte de Apelaciones, dispondrá de seis meses para dedicarse, de manera exclusiva, al presunto fraude.

Los parlamentarios solicitantes advierten que esto no es un triunfo del sector que representan. Para Gustavo Hasbún, jefe de bancada UDI lo claro es que “el sistema judicial autónomo, tiene la facultad y la independencia necesaria para tomar las decisiones que afectan la fe pública” el parlamentario agregó que con esto se avanzará en tiempo y transparencia de la investigación “va a significar no solo un avance, sino que también va a dar garantías de que hay un debido proceso, que se van a tomar todas las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelva ocurrir y para que las personas que sean responsables sean sancionadas”, afirmó el parlamentario.

Para el abogado de derechos humanos, Roberto Ávila, quien durante la jornada del martes presentó una querella criminal contra dos presuntos falsos exonerados políticos, los resultados que Mireya López pueda obtener en la causa, van a depender cien por ciento de su voluntad.

Respecto del proyecto presentado por los parlamentarios de Renovación Nacional para detener el pago de beneficios a quienes resulten falsos beneficiarios, Ávila señaló que no es necesaria la aprobación de una ley “no necesitan una ley si es un fraude, es un delito, no se necesita una ley para decir: “Paren de robar dinero al erario público”. Basta un simple decreto del ministerio del interior, de este gobierno, para detener las pensiones falsas”, finalizó el jurista.

Para el abogado las responsabilidades se arrastran desde hace 10 años atrás, momento en que se empiezan a entregar pensiones a falsos exonerados. Para Ávila, los pagos “fraudulentos” fueron utilizados como armas políticas para “sumar votos” y congraciarse con las Fuerzas Armadas.

Recordemos que las primeras denuncias en la materia corresponden al año 2008. Sin embargo, fue después de que el actual gobierno dio a conocer el informe de Contraloría que el caso a alcanzó intensa notoriedad en las esferas públicas.

Pelea en el Congreso

Un fuerte enfrentamiento verbal hubo en los pasillos del Congreso a raíz de este caso y de las pensiones que reciben algunos parlamentarios que poseen la categoría de exonerado político.

Todo comenzó durante una rueda de prensa de la diputada RN, Karla Rubilar, quien fue interrumpida por el diputado socialista, Fidel Espinoza, quien le dijo “te olvidaste de los detenidos desaparecidos, Karlita”.

Estas palabras generaron la molestia de la parlamentaria quien finalmente involucró a los diputados Carlos Montes, Adriana Muñoz, María Antonieta Saa y el mismo Espinoza.

Fue la diputada Adriana Muñoz (PPD) quien le respondió a la parlamentaria de RN y afirmó que “están tratando de blanquear la historia, al decir que Augusto Pinochet fue un pobre viejito pascuero incomprendido, un demócrata incomprendido. Esto no lo vamos a aceptar” remarcó.

Por su parte el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, recordó el “pacto de silencio” de los parlamentarios de la Alianza con los crímenes en el dictadura.

Al respecto, enfatizó que es “increíble que se esté culpando a los exonerados, si la misma Contraloría no encontró problemas en las leyes” para la entrega de las pensiones.

Previo al golpe de Estado de 1973, el diputado Teillier era uno de los asesores parlamentarios del senador comunista Ernesto Araneda.

En tanto, el diputado Eduardo Cerda (DC) fue miembro de la Cámara Baja, y María Antonieta Saa y Adriana Muñóz, ambas PPD, se desempeñaban en la Corporación de Reforma Agraria (Cora).

Otros beneficiados son los socialistas Carlos Montes, Marcelo Schilling y Denise Pascal, quienes trabajaban en la Distribuidora Nacional, Codelco y Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, respectivamente.

A este grupo se suman el comunista Lautaro Carmona, el radical José Pérez, y la senadora socialista Isabel Allende, quien trabajaba como socióloga de la Biblioteca del Congreso Nacional.