En la construcción de las ciudades chilenas, y nótese que hablo de construcción y no de planificación, la Cámara Chilena de la Construcción, la banca privada, las cadenas de farmacias, los supermercados y las multi tiendas, tienen poderosas y eficientes (a sus intereses) oficinas de estudio de mercado, de tendencias de crecimiento urbano y de inmuebles disponibles y aptos para la expansión de cada uno de esos negocios. Incluso, estas empresas consultoras de importantes y destacados profesionales que poseen una tremenda información acerca del desarrollo urbano del país, constituyen un gran aporte facilitador de la acción privada en las ciudades.

Por otro lado, el gobierno, las intendencias, y los municipios no tienen esa información, ni esa voluntad, ni esas atribuciones para planificar la ciudad y cuyos funcionarios se ven menoscabados por sus colegas que trabajan en el sector privado.

Entonces, no es el sector publico el que tiene la mayor información, no es el planificador de la ciudad, no es el garante del bien común de los habitantes de las ciudades, en definitiva, no tiene las atribuciones necesarias. El sector publico es un simple observador de cómo se desarrolla la ciudad y las pocas acciones que desarrolla tienen como objetivo central facilitar los negocios urbanos que realizan los privados. Por lo tanto, no hay un plan maestro que defina un diseño de ciudad.

Pero, no nos equivoquemos, el diseño de la ciudad debe ser una acción política del más alto nivel. Por lo tanto, los distintos niveles de la administración pública, deberían seguir un plan maestro, una idea de ciudad que debería estar localizado en la cúpula del poder político y que incluso debería traspasar los periodos de gobierno.

Es por ello que pudiera resultar esperanzador el anuncio del proyecto de ley para crear un nuevo ministerio de la ciudad, vivienda y territorio, que será la fusión de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y el de Bienes Nacionales

Debemos estar atentos para que esta nueva institucionalidad cumpla con los objetivos de unificar el desarrollo territorial y urbano, que supedite al sector privado en la iniciativa planificadora, que constituya el instrumento fundamental para poner fin a la segregación urbana tan brutal que sufren nuestras ciudades.

Una pregunta final:

¿Por qué en el segundo piso del Palacio de La Moneda, donde trabajan los “cerebros” de cada gobierno, no existe un equipo de asesores, especialistas en desarrollo urbano (y no de empresas), que asesore e instruya permanentemente al Poder Ejecutivo para que el desarrollo de la una ciudad equilibrada sea una prioridad política?