Estimado Director:

Las recientes declaraciones de los candidatos derechistas a la presidencia, en particular su reticencia a llamar la dictadura de Pinochet por su nombre, así como lo afirmado por el Secretario General de la UDI, en el sentido que no creía que la violencia en el caso de la muerte de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero “haya sido organizado por ninguna institución del Estado”, han removido una historia que aun esta viva en nuestras conciencias.

Pero lo mas preocupante de todo es que personas, provenientes del sector político que participó en el diseño y la ejecución del golpe de Estado, hagan de ese periodo una defensa de principios, atropellando sin miramientos el tremendo significado que tiene para miles de familias de Chilenos (as) el recuerdo de la persecución, la tortura y la muerte. Eso significa que en nuestro país el tema de las violaciones a los derechos humanos y de la aplicación de justicia para quienes cometieron esos crímenes de lesa humanidad sigue pendiente.

En todo caso lo sucedido es un oportuno llamado de atención para que el futuro gobierno asuma responsabilidades para con las víctimas de la represión y hacia los familiares de los asesinados y desaparecidos. Es el gobierno quien debe tomar la iniciativa de proponer legislar para prohibir todo tipo de manifestaciones que amparen o incentiven los crímenes contra la humanidad, como los que fueron perpetrados durante la dictadura militar en Chile.

Es cierto que no toda la derecha ni tampoco toda le DC ampararon las violaciones a los Derechos humanos, pero quienes lo hicieron y le rindieron pleitesía a Pinochet en Chacarillas y en otras oportunidades, no pueden mentirle al país de manera tan descarada, autocalificándose de “servidores públicos ejemplares”, o atribuyéndose roles determinantes en la transición a la democracia que nunca jugaron, porque en este caso la verdad es una sola, las interpretaciones pueden ser muchas, pero lo que pasó y vivimos sucedió de una sola manera.

De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), la cifra de víctimas directas de violaciones de los Derechos Humanos en Chile, ascendería, al menos, a unas 35.000 personas, de los cuales unos 28.000 fueron torturados.

Estos informes, que a pesar de los esfuerzos realizados, no lograron dar cuenta real del total de las víctimas afectadas por la represión, señalan que al menos 3.000 de ellos fueron ejecutados y que 1.248 continúan como Detenidos desaparecidos. Además unas 300 000 personas fueron enviadas al exilio y otros cientos de miles “pasaron” por los distintos centros clandestinos de detención, todos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a Carabineros e Investigaciones de Chile.

Estas cifras aunque pasen los años no dejan de impresionar, pero a pesar de ello los candidatos de la derecha a la presidencia de la republica, eluden calificar de dictadura al gobierno de Pinochet y el Secretario General de la UDI, a estas alturas, aun duda que la represión fue una política implementada y ejecutada por agentes y recursos del estado. Ni hablar de la actitud del Alcalde de Punta Peuco, quien aprobó otorgar facilidades ( salidas dominicales ) a los asesinos confesos y comprobados de crímenes tan alevosos como lo fue el degollamiento de tres profesionales comunistas en 1985.

Todo esto es inaceptable, pero propio de un país que fue reconstruido después de 1990, relativizando o concediéndole un valor secundario, a lo que en ese entonces y ahora era el pilar fundamental a reconstruir, el respeto a los derechos humanos y a las personas. Por eso es que los ideólogos, los políticos y empresarios que apoyaron a la dictadura militar, asi como la mayoría de los autores de crímenes de lesa humanidad, andan tranquilos recorriendo las calles de nuestro país, generalizando la impunidad a todos los ámbitos de nuestra vida ciudadana.

Pero mirar para el lado no es algo nuevo, porque según recuerdo las mas violentas y graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), es decir por órganos creados por el Estado. Sin embargo en Abril de 1978 se dicto una ley de amnistía, vigente hasta el día de hoy, que prohíbe el procesamiento de individuos involucrados en actos criminales cometidos entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978.

¿Qué político de derecha, de los que hoy se declaran paladines de los derechos humanos, cuestionó esta ley?. Quizás mi memoria me traicione pero no les recuerdo opinando, ni en esa fecha ni hoy día, para oponerse a este instrumento legal, destinado a proveer de impunidad y a cerrar los procedimientos judiciales en centenares de casos de desapariciones y crímenes de lesa humanidad.

Ellos nunca levantaron la voz para cuestionar estas aberraciones, tampoco lo hicieron desde el Acuerdo Nacional del que habla el candidato Allamand y que se constituyo en 1986. Por el contrario, la derecha que el representaba en ese conglomerado, puso condiciones para participar en un acuerdo para un gobierno postdictadura, entre ellas, mantener la Constitución de 1980, la exclusión de las fuerzas de izquierda y del PC en la futura vida política del país, mayores garantías para la propiedad privada y el manto del olvido para las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en los últimos doce años de la dictadura.

Como un dato importante, fue en esas fechas, el dos de Julio de 1986 cuando dos jóvenes fueron quemados vivos por una patrulla militar durante la celebración de una jornada de protesta contra la dictadura, Carmen Gloria Quintana, estudiante de 18 años y Rodrigo Rojas Denegri, de 19 años. Un crimen horrible que aun se debate entre la impunidad y la justicia de lo posible, ante el cual ni Allamand ni Longueira protestaron.

Como un dato mas, según recuerdo el Capitán de ejercito Enrique Fernández Dittus, fue encontrado culpable y fue condenado por este crimen con la ridícula condena de 600 días. Años mas tarde fue habilitado legalmente para convertirse en sostenedor de la escuela 712, José Arrieta 1870 de la comuna de La Reina.

Estos son los hechos que demuestran como se ha actuado en este país con las victimas de violaciones a sus derechos humanos, también señala la falta de compromiso de parte de los políticos, no solo los de derecha, para legislar en bien del país y terminar con la impunidad, que si es el principal enemigo de la democracia.

Revisando la historia reciente de nuestro país, uno se encuentra con evidencias que sirven para ejemplificar hasta donde se puede llegar con el cinismo y la desvergüenza cuando de ganar votos se trata. Si hasta Gustavo Leigh, ( quien le puso el sello al golpe de Estado ordenando bombardear la Moneda para asesinar al Presidente de Chile), también en algún momento se declaró partidario de respetar los derechos humanos.

El 18 de julio de 1978 el periodista Paolo Bugialli, del diario italiano “Corriere de lla Sera”, le pregunto a Leigh sobre las investigaciones de la justicia norteamericana respecto del asesinato de Orlando Letelier”. La respuesta fue esta: “Es un problema muy delicado. Yo no puedo imaginar una posible implicación de Chile. Yo condeno vigorosamente aquel crimen, yo condeno el crimen contra cualquier hombre, así como condeno la tortura”.

Luego sobre los desaparecidos agrega “Es necesario pensar en los días de virtual guerra civil; en la gente que tenía documentos falsos, que tal vez ha sido sepultada bajo nombre falso. Cualquier gobierno, si supiese algo sobre un tema tan delicado y no lo dijese, sería un gobierno de desvergonzados. La única cosa posible es afrontar el problema por la vía jurídica.”

Con estas afirmaciones este General de la Republica se ganó “el cara de palo”, dice que condenaba la tortura, mientras el personalmente, supervisaba los apremios y crueldades a las que fuimos sometidos en la Academia de Guerra Aérea – sus ex subordinados – por oponernos al golpe cobarde que el planifico y dirigió junto a Pinochet y compañía.

Sobran los comentarios, estas declaraciones son solo un ejemplo entre muchas otras, de cómo la mentira se usa como herramienta para confundir, lo que es doblemente peligroso hoy, cuando los aludidos disponen del poder del gobierno y del monopolio de los medios de comunicaciones.

En fin, la cuestión es mirar para adelante eso es cierto, pero sin olvidar la historia, asi encontramos que en este ámbito se han hecho cosas importantes, al menos se trasparentó ante la opinión publica lo que sucedió en nuestro país. Pero en materia de justicia el camino ha sido difícil porque ello implica tocar intereses que se equilibraron en acuerdos de los cuales los ciudadanos y los afectados no tomamos parte.

Por ello y en esta etapa, el compromiso es seguir creando condiciones para una convivencia nacional sana y fuerte, en lo cual el futuro gobierno debe asumir ( y el Estado ) su responsabilidad también. Como victimas de la represión, pensamos que llego el tiempo de incluir en un programa de gobierno la derogación de la ley de amnistía, hecha para proteger a los culpables de crímenes de lesa humanidad.

La anulación de esta ley es una base solida para que prevalezca el derecho a la verdad y la justicia, tal como debería haber ocurrido hace tiempo. Exigiéndonos además como país, cumplir con todas las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Chileno en relación con los derechos humanos.

La reconciliación propuesta por los gobiernos postdictadura no alcanzó el rango de política, por el contrario, solo fue un término que resulto vacío, porque no se fundo en la verdad, en la aplicación de justicia, en la reparación justa a las víctimas. Y como ha quedado demostrado con los últimos acontecimientos, aquí no hay arrepentimiento, ni siquiera una reflexión critica a lo sucedido por parte de quienes ampararon las violaciones a los derechos humanos.

Finalmente mis respetos a las familias de los tres compañeros asesinados en 1985, quienes han tenido que revivir, con las declaraciones y actos groseros de impunidad, una historia que nos duele a todos, que es una herida en nuestros corazones, que no quiere cerrar sino hasta que se haga justicia de verdad.
Dr. Enrique Villanueva M
Vice Presidente CEEFA
Centro de Estudios Exonerados Fuerza aérea-73