Nos preguntamos ¿por qué la ocupación de la Casa Central de la Universidad de Chile es un acto que violenta a las autoridades y, sin embargo, la irrupción brutal de los carabineros en ella constituye una acción legítima? Nos interrogamos, asimismo, ¿por qué los jóvenes que se proponen mantener ocupados sus establecimientos educacionales cometen un delito que podría ser reprimido por la policía o las FF.AA en virtud de garantizar la concurrencia de electores en las Primarias? Cuando en más de tres décadas todavía no tenemos elecciones universales y la clase política ha mantenido indemne el sistema electoral binominal, culpable de perpetuar a senadores y diputados en sus cargos, como impedir la representación amplia y justa del pueblo en nuestro Parlamento?

¿Qué tan grave atentado podrían estar cometiendo los jóvenes contra de la democracia si ésta todavía no le permite el sufragio a los chilenos del exterior, como tampoco a los ciudadanos ejercer su soberanía en un plebiscito? ¿Por qué a los trabajadores se les limita su derecho a asociación y huelga si todos los días los empresarios le sacan lustre a sus organizaciones patronales y son capaces de coludirse para elevar el precio de los fármacos e inventar toda suerte de triquiñuelas para evadir y eludir el pago de sus impuestos? Mientras el Estado, además, los libera del impuesto específico a los combustibles y de lo que debieran pagar efectivamente si no se hubiesen dotado del FUT y otros artilugios concebidos para jibarizar las arcas fiscales?

¿En virtud de qué razonamiento los que dañan la propiedad pública son encauzados por los tribunales, mientras las grandes empresas mineras saquean los yacimientos, hacen astillas los bosques y agotan impunemente nuestras reservas pesqueras?

¿Quiénes son más encapuchados: los que se ponen pasamontañas para acometer vandalismo en las concentraciones o los que a diario lucran en las universidades violando la Ley y estafando a los estudiantes, como a sus padres y apoderados? ¿Se ha preguntado usted por qué después de tantas jornadas callejeras no es posible identificar y condenar a estos encapuchados? ¿No sospecha, como yo, que estos son policías y/o están infiltrados por ellos para desacreditar la protesta nacional?

¿Quiénes contravienen más la “ética y las buenas costumbres: las parejas homosexuales o los líderes espirituales que abusan de los niños y luego se radican en el extranjero o apelan a la prescripción legal para salir impunes”? ¿Cuán ético le parece que un poderoso “personaje del retail” haya comerciado con productos enviados del exterior para atender a las víctimas del terremoto? Qué violento, ¿no?

¿Por qué aquellos que alentaron la asonada militar de 1973 y luego la defendieron por 17 años podrían tener hoy autoridad para acusar de terroristas a las víctimas del pinochetismo y sus familiares que aún claman justicia? ¿Qué razón habría para apoyar en las urnas a quienes hasta hoy se ufanan de haber colaborado con la Dictadura y se resisten a cambiarle el nombre a una avenida que le rinde homenaje al Golpe Militar y la traición castrense?
¿De cuánta paciencia debiéramos armanos para seguir tolerando que la Armada mantenga en sus dependencias un monumento y retratos del general golpista José Toribio Merino que hacía gárgaras todas las semanas con su xenofobia y violencia ideológica?

¿Por qué las nuevas generaciones debieran entusiasmarse con sufragar para elegir y reelegir a quienes se olvidaron de su pasado vanguardista para abrigar con entusiasmo el modelo neoliberal, privatizar el cobre y la educación para, finalmente, acomodarse en los cargos públicos en conformidad a la Constitución de 1980 que, por entonces, tildaban de ilegítima en su origen y ejercicio? ¿Por qué tendrían que concurrir a votar, incluso, por aquellos compañeros que se dejaron encantar por los partidos y los cupos negociados entre las cuatro paredes de la clase política?

¿Por qué las demandas educacionales debieran hacerse “sensatas” en un país en que todavía le arranca el 10 por ciento de todas las ventas de Codelco para ser destinadas a los uniformados y servir a su obsesión de adquirir cuantiosas y letales armas de destrucción masiva que se van obsoletando en la inercia de su actividad, cuando no son usadas para agredir a nuestra propia población y edificios patrimoniales, como el Palacio de La Moneda? Financiados, también, por el IVA a los libros y la música, como por esa recaudación de impuestos del consumo precario de los más pobres y de la clase media.

¿Por qué puede ser razonable que las emergencias medioambientales se encaren con la drástica prohibición a los más pobres para calentarse y cocinar con leña, además de invocar a la población a suspender las actividades deportivas? ¿Qué culpa tienen éstos de que en los últimos dos gobiernos se hayan aprobado unas 50 termoeléctricas que, se sabe, son las que más contaminan?

¿Por qué para algunos medios de comunicación es razonable que españoles, brasileros, turcos, argentinos y otros puedan salir masiva e indignádamente a las calles, mientras critican a los que se movilizan en Chile? ¿Por qué, para esta misma prensa es inaudito o propio del espíritu “caribeño” que países como Venezuela, Bolivia y otros aprueben leyes para reelegir a sus jefes de estado, mientras que aquí, en plena contienda electoral, se aprueba una flanja publicitaria y gratuita en la televisión para favorecer sólo a unos pocos candidatos?

¿Qué puede ser más violento que la extrema riqueza en que algunos viven mientras el 80 por ciento de nuestra población se debate en la precariedad? ¿No le parece a usted de una violencia brutal que haya candidatos que se nieguen a realizar una reforma tributaria, mientras que otros la consienten pero de forma tan tenue y gradual que postergue por tres o cuatro años su “impacto” en los grandes y pudientes emprendedores?

¿Qué puede ser más condenable: la violencia de los humillados o la violencia institucionalizada de quienes gobiernan a favor de la escandalosa concentración económica, buscando aplacar con fuego el descontento de quienes se alzan contra las injusticias? ¿Las tomas o las barricadas, incluso sus capuchas y palos, o el horror económico, la violencia policial, los gases tóxicos, el lenguaraz descaro del ministro del Interior o la solapada conducta de los poderosos?