Con seis votos a favor y tres en contra, la comisión investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó el informe confeccionado en grupo luego de las presentaciones y del trabajo indagatorio realizado.
El documento propone cambios constitucionales y agilización de los proyectos de ley que buscan excluir la competencia de la Justicia Militar para revisar o juzgar por delitos que comprometan a uniformados, entre otras medidas que den garantías y establezcan parámetros al actuar policial de acuerdo a la protección del ejercicio de las libertades públicas.
El presidente del grupo parlamentario, Rodrigo González (PPD), asegura que el trabajo de la comisión da una conclusión “determinante” que constata las restricciones y dificultades del derecho a reunión.
“Que el derecho a manifestar, a protestar y a expresar sus opiniones pueda ejercerse plenamente es un derecho que ha sido fuertemente limitado por una práctica constante de la autoridad policial especialmente, que hace que continuamente existan denuncias y situaciones de violaciones de derecho que impiden el ejercicio del derecho a reunión”, afirma.
En el oficialismo no compartieron las conclusiones del trabajo, de hecho la diputada UDI María Angélica Cristi, alegó que el informe no contiene las exposiciones de expertos, de representantes de Carabineros, ni del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La parlamentaria gremialista agregó que la principal discrepancia, a su juicio, es que los legisladores de la oposición expresaron que el derecho a manifestación se “sobrepone” a otras garantías.
“Ahí colisionamos, porque entiendo que dijeron que el derecho a reunión es lo más importante de la democracia. Eso quiere decir que entendemos la democracia de distinta manera, porque para mí es que cada uno pueda ejercer su derecho, de acuerdo con la ley, y que un derecho no impida que otra persona pueda ejercer el suyo. El derecho a manifestación se sobrepone a muchos derechos del resto de los ciudadanos”, sostiene.
El informe final, plantea entre otros aspectos, solicitar “al señor Fiscal Nacional que disponga, dentro de sus medios, que en casos de manifestaciones públicas, el despliegue de fiscales en las unidades policiales para facilitar la liberación de quienes sean sancionados por faltas menores o eximidos de responsabilidad penal”.
Todo esto, entre otras iniciativas y recomendaciones que según el diputado González regulan el actuar policial y garantizan el derecho a reunión.
Esto se votaría la próxima semana, eventualmente el día jueves.
Con seis votos a favor y tres en contra, la comisión investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó el informe confeccionado en grupo luego de las presentaciones y del trabajo indagatorio realizado.
El documento propone cambios constitucionales y agilización de los proyectos de ley que buscan excluir la competencia de la Justicia Militar para revisar o juzgar por delitos que comprometan a uniformados, entre otras medidas que den garantías y establezcan parámetros al actuar policial de acuerdo a la protección del ejercicio de las libertades públicas.
El presidente del grupo parlamentario, Rodrigo González (PPD), asegura que el trabajo de la comisión da una conclusión “determinante” que constata las restricciones y dificultades del derecho a reunión.
“Que el derecho a manifestar, a protestar y a expresar sus opiniones pueda ejercerse plenamente es un derecho que ha sido fuertemente limitado por una práctica constante de la autoridad policial especialmente, que hace que continuamente existan denuncias y situaciones de violaciones de derecho que impiden el ejercicio del derecho a reunión”, afirma.
En el oficialismo no compartieron las conclusiones del trabajo, de hecho la diputada UDI María Angélica Cristi, alegó que el informe no contiene las exposiciones de expertos, de representantes de Carabineros, ni del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La parlamentaria gremialista agregó que la principal discrepancia, a su juicio, es que los legisladores de la oposición expresaron que el derecho a manifestación se “sobrepone” a otras garantías.
“Ahí colisionamos, porque entiendo que dijeron que el derecho a reunión es lo más importante de la democracia. Eso quiere decir que entendemos la democracia de distinta manera, porque para mí es que cada uno pueda ejercer su derecho, de acuerdo con la ley, y que un derecho no impida que otra persona pueda ejercer el suyo. El derecho a manifestación se sobrepone a muchos derechos del resto de los ciudadanos”, sostiene.
El informe final, plantea entre otros aspectos, solicitar “al señor Fiscal Nacional que disponga, dentro de sus medios, que en casos de manifestaciones públicas, el despliegue de fiscales en las unidades policiales para facilitar la liberación de quienes sean sancionados por faltas menores o eximidos de responsabilidad penal”.
Todo esto, entre otras iniciativas y recomendaciones que según el diputado González regulan el actuar policial y garantizan el derecho a reunión.
Esto se votaría la próxima semana, eventualmente el día jueves.
Con seis votos a favor y tres en contra, la comisión investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó el informe confeccionado en grupo luego de las presentaciones y del trabajo indagatorio realizado.
El documento propone cambios constitucionales y agilización de los proyectos de ley que buscan excluir la competencia de la Justicia Militar para revisar o juzgar por delitos que comprometan a uniformados, entre otras medidas que den garantías y establezcan parámetros al actuar policial de acuerdo a la protección del ejercicio de las libertades públicas.
El presidente del grupo parlamentario, Rodrigo González (PPD), asegura que el trabajo de la comisión da una conclusión “determinante” que constata las restricciones y dificultades del derecho a reunión.
“Que el derecho a manifestar, a protestar y a expresar sus opiniones pueda ejercerse plenamente es un derecho que ha sido fuertemente limitado por una práctica constante de la autoridad policial especialmente, que hace que continuamente existan denuncias y situaciones de violaciones de derecho que impiden el ejercicio del derecho a reunión”, afirma.
En el oficialismo no compartieron las conclusiones del trabajo, de hecho la diputada UDI María Angélica Cristi, alegó que el informe no contiene las exposiciones de expertos, de representantes de Carabineros, ni del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La parlamentaria gremialista agregó que la principal discrepancia, a su juicio, es que los legisladores de la oposición expresaron que el derecho a manifestación se “sobrepone” a otras garantías.
“Ahí colisionamos, porque entiendo que dijeron que el derecho a reunión es lo más importante de la democracia. Eso quiere decir que entendemos la democracia de distinta manera, porque para mí es que cada uno pueda ejercer su derecho, de acuerdo con la ley, y que un derecho no impida que otra persona pueda ejercer el suyo. El derecho a manifestación se sobrepone a muchos derechos del resto de los ciudadanos”, sostiene.
El informe final, plantea entre otros aspectos, solicitar “al señor Fiscal Nacional que disponga, dentro de sus medios, que en casos de manifestaciones públicas, el despliegue de fiscales en las unidades policiales para facilitar la liberación de quienes sean sancionados por faltas menores o eximidos de responsabilidad penal”.
Todo esto, entre otras iniciativas y recomendaciones que según el diputado González regulan el actuar policial y garantizan el derecho a reunión.
Esto se votaría la próxima semana, eventualmente el día jueves.
