La Corte Suprema, a través de su presidente, Rubén Ballesteros, se pronunció respecto de los cuestionamientos que existen en contra del rol que jugó el Poder Judicial en dictadura y que quedó en evidencia luego del emplazamiento hecho por la Asociación de Magistrados.
En la ocasión, el presidente del máximo tribunal, leyó una declaración pública, que fue redactada luego de la reunión del pleno que se realizó este martes y que se extendió hasta pasado el mediodía.
En el texto, Ballesteros hizo un reconocimiento de los trágicos hechos ocurridos desde el 11 de septiembre de 1973, recalcando en la existencia de detenciones, torturas y homicidios, que constituyeron una práctica sistemática del régimen militar.
Al respecto, el pleno de la Corte Suprema reconoció “las graves acciones y omisiones” de parte de los jueces durante la dictadura militar, pero no incluyó la palabra perdón en la declaración.
Los ministros sostuvieron que “no cabe sino reconocer que esos atropellos efectivamente ocurrieron” durante la dictadura, por lo cual explicitaron que “en parte se debió a la omisión de los jueces de la época, que no hicieron lo suficiente” para investigar las violaciones a derechos humanos e impedir que siguieran ocurriendo.
“La Corte Suprema no ejerció ningún liderazgo” finalizaron los ministros.
Cuestionamientos del Presidente Piñera
La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, destacó que los tribunales estén debatiendo a este respecto, y señaló que “es absolutamente necesario que ellos reflexionen y digan qué opinan como poder del Estado, la obsecuencia con la dictadura, y no salvar vidas que estuvieron en sus manos”.
En conversación con corresponsales extranjeros, el Presidente Sebastián Piñera insistió en las críticas al poder judicial y también a los medios de comunicación, quien declaró que “el Poder Judicial no estuvo a la altura de sus desafíos, y pudo haber hecho mucho más, porque por mandato constitucional le corresponde cautelar los derechos de las personas, acogiendo los miles de recursos de amparo que rechazó. Los medios pudieron hacer más, investigando la realidad en materia de violaciones con mayor rigor, y no quedarse con la versión oficial del gobierno militar”.
La declaración de la Asociación de Magistrados reavivó los cuestionamientos a la Corte Suprema, que además de negar casi 10 mil recursos de amparo por detenciones ilegales, en sus fallos no aplicó durante el régimen de Pinochet preceptos fundamentales del derecho internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad.
