Señor Director:

Luego de haber leído la carta enviada por el Dr. Sr. Enrique Villanueva Molina, vicepresidente del Centro de Estudio Militares Patrióticos, me parece pertinente hacer algunos alcances, sin pretender contradecirlo ni criticarlo.

1. Los asesinatos del General Schneider y del Comandante Araya Peeters ocurrieron en periodos diferentes y sus finalidades también lo fueron. El primero, en 1970, con el objetivo de crear una crisis política para impedir que el Dr. Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República. El segundo, en julio de 1973, para profundizar la ofensiva sediciosa contra el Gobierno Popular, encabezada principalmente por oficiales navales.

2. El gobierno dictatorial, al declarar el Estado de Guerra, asume en el acto su responsabilidad de respetar las Leyes de la Guerra. Cosa que obviamente no ocurrió. La vía política más rápida y efectiva para el poder militar, fue declarar la guerra interna, que les permitió tomar el control territorial del país, de sus instituciones y dar paso a la eliminación de los denominados “enemigos internos”. La discusión sobre si existió guerra o no, puede ser tema para especialistas, ya que diferentes visiones políticas dan respuestas también diferentes.

Lo concreto en aquel periodo de la historia de Chile, es que hubo una Declaración de Estado de Guerra Interna. Con Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Con  Campos de Prisioneros de Guerra. Con Consejos de Guerra que aplicaron las Leyes Militares en Tiempo de Guerra, y condenaron a muchos compatriotas a la pena de muerte , aparte de otras penas. Se cometieron sistemáticamente Crímenes de Guerra, al someter a los prisioneros a torturas y otros tratos crueles y degradantes, al ejecutarlos sumariamente y hacer desaparecer físicamente a muchos de ellos.

3. Los oficiales de las FF.AA. siempre han sido políticamente deliberantes. La prohibición respectiva estuvo en el campo de la suboficialidad y la tropa, al menos hasta septiembre de 1973.

4. Interesante me parece tomar en cuenta, en lo inmediato, la reciente declaración pública de la Asociación de Magistrados. De esa declaración se puede desprender una serie de iniciativas, aparte del llamado que ellos mismos hacen para que la Corte Suprema asuma su responsabilidad por lo hecho y sobre todo por lo no hecho en aquel periodo. De partida, se puede insistir en la necesidad imperiosa de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1978 y se ordene su nulidad. Luego, por lógica elemental, que se declare nulo todo proceso judicial aplicado tanto por tribunales militares como civiles contra los presos políticos desde agosto de 1973 hasta marzo de 1992. Digo desde agosto, porque en ese mes se detuvo y torturó a un centenar de marinos opositores al golpe de Estado que integrantes del alto mando naval estaban organizando.

5. No ha existido un procesamiento global, que enjuicie a las instituciones militares y civiles, y establezca responsables, tanto en la ejecución del golpe de Estado, como en la imposición de una dictadura y la consiguiente institucionalización del terrorismo de Estado.  Sin embargo, quisiera mencionar dos querellas que están en curso y apuntan en esa dirección.

Una, por asociación ilícita genocida, secuestro y torturas, iniciada en el año 2008, interpuesta por los Marinos Antigolpistas, también llamados Constitucionalistas, contra oficiales de la Armada. Esta querella fue tramitada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y declarada sobreseída definitivamente en febrero del 2011. Sin embargo, en abril del 2012 la Corte Suprema ordenó su reapertura y su tramitación hasta que se agoten todas las diligencias, que obviamente no se realizaron en la etapa anterior.

La segunda, una querella de este año 2013, presentada por el Comando de Exonerados Políticos de las FF.AA. y de Orden, contra todos los militares y civiles que resulten responsables de la organización y ejecución del golpe de Estado y la instauración de una dictadura.

Sin otro particular por el momento, le saluda fraternalmente,

Carlos García, desde Bélgica.