Históricamente, la política exterior del Ecuador se desarrolló en el tiempo a través de los principios universalmente aceptados. Sin embargo, la misma se definió a partir de su condición de país pequeño, convirtiéndolo en un Estado débil en el orden internacional, en el que las agendas se tornaron vulnerables a las influencias privadas de origen doméstico y especialmente sensible a la política exterior de otros países, en particular de Estados Unidos que de manera similar a lo que ocurría en otras naciones de la región intervenía directamente en los asuntos del país, todo ello favorecido por instituciones frágiles y decisiones gubernamentales inestables y contradictorias.

La nueva Constitución Nacional de 2008 -en contraste con la de 1998, que trazaba un articulado escaso y esencialmente normativo en temas relativos a la política exterior del país- estableció que las políticas públicas debían poseer un carácter indiscutiblemente democrático, reflejando los intereses y aspiraciones de los más amplios sectores de la población ecuatoriana, con la intención de construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el sumak kawsay. Una sociedad que respete en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, tal como lo planteó la Asamblea Constituyente.

Es así como los principios ético-políticos que cruzan la concepción y la ejecución de la política exterior, trascienden al articulado dedicado a este tópico dentro del texto constitucional, fusionándose con los derechos emanados del Buen Vivir, los derechos de la naturaleza, la ruptura con patrones coloniales, la creación de políticas de corte pos neoliberal, la soberanía nacional, y la inserción estratégica del Ecuador en el escenario internacional, procurándose entonces la integración con los países de América Latina y del Caribe y su interdependencia con los intereses del pueblo ecuatoriano, por lo que resultaba necesario romper con el viejo modelo y bloquear acuerdos al estilo y contenido de los tratados de libre comercio, que limitarían la capacidad de impulsar un modelo de economía endógena para el Buen Vivir.

Acorde con las transformaciones políticas que vive la región en la actualidad, la Constitución del Ecuador innova y contiene así, el conjunto de demandas e intereses que emergieron desde la resistencia popular en contra del neoliberalismo y de otras agendas de modernización democrática y transformación social del Estado, persiguiendo la ruptura con el sistema político anterior y estableciendo un nuevo pacto de convivencia para el largo plazo, que se materializa en la Constitución de 2008. Su sustento queda claramente manifestado en la idea de que La Revolución Ciudadana inició este camino que ahora se expresa en diversos artículos de la nueva Constitución, en lineamientos claros para una política exterior transformadora, que va más allá de un gobierno, a fin de lograr la consolidación de una política exterior de Estado.

En este sentido, y entendiendo como principios generales de la política exterior aquellos cimientos ético-jurídicos que permiten sustentar y argumentar la gestión internacional del Estado, y que señalan la identidad del Ecuador en el escenario internacional a partir de los paradigmas fundacionales aprobados por el pueblo en un referéndum que fue diseñado como instrumento que consagra la democracia participativa, es necesario apuntar que la Carta Magna, en su artículo 416, hace referencia a principios generales que rigen las relaciones internacionales y por ende la Política Exterior del Ecuador, bajo la premisa de responder a los intereses del pueblo ecuatoriano.

De los paradigmas constitucionales emanó el Plan nacional para el Buen Vivir en el que las estrategias diseñadas buscan continuar los cambios generados en el Plan anterior, a fin de radicalizarlos y dar respuesta a los problemas estructurales del Estado ecuatoriano, persiguiendo la construcción de una identidad colectiva a través de un proyecto soberano e igualitario. En ese sentido, el Plan 2009-2013 pretende consolidar como lineamiento estratégico en materia de política exterior los objetivos de fortalecer un orden internacional multipolar, desarticular viejos colonialismos y robustecer alianzas prioritarias, insertar al Ecuador estratégica y soberanamente en el mundo y priorizar la integración latinoamericana, establecer como premisa de la integración el ejercicio de la soberanía de forma amplia y solidaria donde cada pueblo tenga la capacidad de auto determinarse,, privilegiar el impulso a la integración Sur-Sur, salvaguardar la intención del Estado ecuatoriano de reestructurar el sistema de acumulación, distribución y redistribución de las riquezas, promover una nueva arquitectura financiera internacional, establecer acuerdos comerciales colocando especial énfasis en la necesidad de sustituir selectivamente las importaciones y proclamar la movilidad humana para todos los rincones del planeta tal como establece la Carta Magna.

Acorde a estos principios constitucionales y a los lineamientos estratégicos del Plan del Buen Vivir, el Ecuador se ha despojado de su faceta de “país pequeño” en el contexto internacional para asumir importantes batallas en favor de su propia soberanía y de la de toda la región.

En esa condición el Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño asistirá esta semana al 68° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York, donde aprovechará la ocasión para exponer sobre la contaminación ambiental que dejó en la Amazonía ecuatoriana la transnacional petrolera Chevron-Texaco. Esta acción se realiza después que el presidente Rafael Correa solicitara a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que tomara acciones contra la petrolera estadounidense a fin de detener la campaña de desprestigio que emprendió la transnacional contra Ecuador, cuyo fundamento es “desconocer un millonario fallo judicial por contaminación ambiental”. Con este propósito, según Correa, Chevron ya ha gastado más de 400 millones de dólares en una campaña contra Ecuador y ha contratado decenas de empresas de lobistas y a unos 900 abogados.

En 2012, Chevron fue condenada a pagar 19 mil millones de dólares, por la contaminación generada por su filial Texaco durante los casi 30 años que operó en la Amazonía ecuatoriana. No obstante, el fallo aún debe ser ratificado por el máximo tribunal ecuatoriano. Desde entonces, Chevron busca que Ecuador asuma la millonaria indemnización, con el argumento de que la petrolera estatal ecuatoriana fue la responsable de los daños por un mal trabajo de recuperación ambiental.

Según informa Telesur, el Jefe de estado ecuatoriano apuntó que el daño ambiental causado por Chevron es 85 veces peor que el derrame de British Petroleum (BP) en el Golfo de México en 2010 y 18 veces más que el desastre ocurrido por el encallamiento del súper tanquero Exxon Valdéz en Alaska en 2010.

Texaco que en 2001 se fusionó con Chevron dejó abiertas desde 1964 a 1992 una mil piscinas tóxicas en las que vertió unos 18 mil millones de galones de agua contaminada con petróleo que siguen filtrándose en la tierra o se derraman durante la época de lluvias, además de otros 17 millones de galones que se vertieron en accidentes. Esto ha producido la contaminación de alrededor de 480 mil hectáreas de tierras y aguas en uso de la población local lo que ha ocasionado afectaciones a la vida silvestre y la producción agropecuaria, además de numerosos casos de cáncer con más de mil ciudadanos fallecidos y graves afectaciones en la piel de los residentes de esta región.

A pesar que para la época existían tecnologías de protección, Texaco evitó su utilización a fin de bajar costos en la producción del crudo. Según lo que reporta Sally Burch de la agencia Amai-amlatina, “En el momento en que Texaco operó, la norma ecuatoriana para el volumen de hidrocarburos totales de petróleo en el suelo y el agua, era diez veces más blanda que la norma vigente en EE.UU., pero aun así, la contaminación hallada en los 54 sitios (inspeccionados por la Corte de Justicia de Lago Agrio en la amazonía ecuatoriana) fue en promedio 20 veces mayor que la norma ecuatoriana, llegando, en algunos sitios, a un nivel hasta 900 veces mayor”

El Presidente Correa ha afirmado que este es” un caso emblemático que demuestra lo injusto e inmoral del orden internacional, donde existe la supremacía total del capital, de las transnacionales sobre los pueblos, sobre las sociedades, las naciones”. Esta situación debería obligar a una reforma del sistema jurídico internacional a fin de que los mismos operen bajo condiciones en la que las partes estén amparadas en la igualdad jurídica de deberes y derechos.