Este vienes, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del Presidente Sebastián Piñera de cerrar el Penal Cordillera.

El escrito judicial fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado René López Farías a nombre del general en retiro del Ejército, quien cumple penas por cerca de 300 años de presidio en condenas que lo inculpan de varios crímenes de lesa humanidad.

Cabe señalar que este jueves el Presidente Piñera informó que los diez presos del penal de privilegio serán trasladados hasta el Penal Punta Peuco, donde se encuentran otros 44  uniformados en retiro recluidos por sentencias judiciales.

Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos del Penal Cordillera, ubicado en la comuna de Peñalolén.

Traslado de ex militares a Punta Peuco es “insuficiente”

El Presidente Sebastián Piñera anunció este jueves el cierre del Penal Cordillera, donde cumplen condena diez ex militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, los cuales serán trasladados a Punta Peuco.

“Tomando en consideración tres principios, primero, la igualdad ante la ley, segundo, la seguridad de los internos, y tercero, el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería he tomado la decisión de cerrar el centro penitenciario Cordillera y trasladar a sus internos que están en ese centro, y que son diez personas, al centro penitenciario de Punta Peuco”, expresó el mandatario.

Si bien este anuncio fue valorado transversalmente por agrupaciones de gendarmes y de derechos humanos, éstas apuntan a que Punta Peuco continúa siendo una cárcel especial, en la cual se perpetuarían las condiciones de privilegio de las que gozan estos prisioneros.

Así lo señala Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Sub Oficiales de Gendarmería, quien enfatiza en la necesidad de cerrar también Punta Peuco y trasladar al conjunto de los internos a cárceles comunes.

“Nos parece positivo que el Presidente Piñera haya escuchado las voces de distintos sectores que pedíamos el cierre del penal Cordillera. No obstante, nosotros aún estamos convencidos de que tanto Cordillera como Punta Peuco pueden ser cerradas, ya que otros recintos carcelarios ofrecen las condiciones de seguridad y segregación de la población penal requeridas para estos casos”, asegura.

Aunque celebra la voluntad del Presidente de la República, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifiesta su desconfianza ante un anuncio realizado en época electoral.

“Nosotras estamos exigiendo y pidiendo el cierre del penal Cordillera y también que los victimarios de violaciones a los derechos humanos se vayan a cárceles comunes, por lo cual valoramos la expresión del Presidente Sebastián Piñera, pero la vamos a creer cuando sea efectiva”, manifiesta.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, apunta a que el cierre del penal Cordillera “si bien es importante, no resuelve el tema de fondo”, pues son dos las cárceles creadas especialmente para ex militares condenados por delitos de lesa humanidad.

La dirigenta explicita “la existencia de otro penal, igual que Cordillera, que es Punta Peuco, en el cual no tenemos ninguna certeza de que aquí esto no sea más que una imagen, una pantalla, que no dé cuenta del real cumplimiento de condena de estos violadores de los derechos humanos”.

Las agrupaciones de derechos humanos hicieron un llamado a manifestarse este domingo a las 11.30 horas frente al penal Cordillera, ubicado en la comuna de Peñalolén, para exigir el cese de beneficios a los victimarios de la dictadura.